M¨¢s irregularidades en los contratos p¨²blicos en la etapa de CiU

El rastreo de los contratos de las administraciones p¨²blicas catalanas en la recta final del pujolismo, concretamente entre 1996 y 2002, sigue dando de s¨ª. La Sindicatura de Cuentas desvel¨® ayer m¨¢s irregularidades en relaci¨®n con los contratos cerrados con Indra y empresas de su grupo, como Europraxis. Un ejemplo: la Fundaci¨®n Catalana para la Investigaci¨®n y la Innovaci¨®n contrat¨® en 2000 "de forma directa" a la firma Tourism & Leisure Advisory Services, SL, para que desarrollara un plan de negocio sobre el turismo rural catal¨¢n. Esta firma est¨¢ controlada en el 70% por Europraxis, ligada a un hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.

El contrato en cuesti¨®n ascendi¨® a 20.915,22 euros, pero, m¨¢s all¨¢ de la cuant¨ªa, la denuncia del s¨ªndico mayor, Joan Colom, se basa en que la fundaci¨®n no aplica la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas en sus contrataciones pese a reunir los requisitos para ser considerada una entidad de derecho p¨²blico. La nueva direcci¨®n de la fundaci¨®n admite que "hist¨®ricamente" no ha aplicado la ley, pero que se est¨¢ "ya adecuando" a ella. La Sindicatura advierte en su informe, que ampl¨ªa otro anterior a petici¨®n del Parlament, de que el sector p¨²blico fundacional "no est¨¢ debidamente identificado en Catalu?a".

Tambi¨¦n se salt¨® la ley de contrataci¨®n el Consorcio de Turismo (el Gobierno tripartito lo ha reemplazado por una agencia, con mayor peso privado). El consorcio dio tres contratos a Tourism & Leisure. El mayor, de 112.088,76 euros.

Otras irregularidades corresponden al Ayuntamiento de Cerdanyola, uno de los m¨¢s de 400 consistorios que en su d¨ªa no respondieron a los requerimientos de la Sindicatura sobre los contratos con Indra y Europraxis (como subidas del 20% del precio inicial de contratos que superaron los dos millones de euros en 1998, sin respetar la ley). O a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), que en los a?os investigados adjudic¨® a Indra 11 contratos por 648.208,8 euros, por fraccionar contratos para evitar hacer concurso.