Contra las dudas, transparencia

Los ex¨¢menes m¨¦dicos que los forenses de los juzgados realizan a diario a los detenidos, bajo aplicaci¨®n de la legislaci¨®n antiterrorista, no est¨¢n evitando las denuncias de torturas y malos tratos ni el asentamiento de la sospecha, extendida en Euskadi, de que esos abusos siguen practic¨¢ndose al amparo de la opacidad que conlleva la incomunicaci¨®n de los arrestados. La duda, alimentada con denuncias peri¨®dicas, deslegitima al Estado, refuerza las posiciones de ETA y mina el combate pol¨ªtico contra el terrorismo.

"El Estado debe velar por su imagen", afirma el portavoz del Poder Judicial

Forenses, jueces y fiscales niegan en bloque la pr¨¢ctica regular de torturas

"Las denuncias se investigan. Hay que confiar en la justicia", dice el CGPJ

En esta legislatura ha habido 145 quejas por maltrato, casi todas sin pruebas

La banda insta a sus miembros a decir siempre que han sido torturados

Hay quien ve l¨ªcita cierta presi¨®n en los interrogatorios para obtener informaci¨®n

El Gobierno tiene claro que "no se trata de combatir a ETA a cualquier precio"

Para acotar el problema e impedir la posibilidad de esas pr¨¢cticas, varios magistrados de la Audiencia Nacional han optado, a t¨ªtulo particular, por aplicar protocolos de comportamiento policial que incluyen la filmaci¨®n ¨ªntegra de la estancia de los sospechosos de terrorismo en dependencias policiales. La generalizaci¨®n de esas medidas -discutida, aunque sin acuerdo, en una reciente Junta de Jueces Centrales- cuenta con el respaldo del Gobierno, seg¨²n el secretario de Estado para Seguridad, Antonio Camacho: "Estamos estudiando aplicar esos mecanismos de transparencia con car¨¢cter permanente".

"Diga lo que diga el ministro de turno, nieguen lo que nieguen los agentes implicados, sentencien lo que sentencien los jueces, en la conciencia de buena parte de los ciudadanos queda la convicci¨®n de que es cierto lo que todos los a?os denuncia Amnist¨ªa Internacional, porque as¨ª lo ampara y lo propicia la opacidad de la incomunicaci¨®n". El p¨¢rrafo es del editorial del diario Noticias de Guipuzkoa del 8 de enero, titulado, parad¨®jicamente, S¨®lo vale la verdad. Condensa bien una opini¨®n asentada en Euskadi, m¨¢s all¨¢, incluso, del ¨¢mbito nacionalista.

Puede decirse que el Estado, la democracia, la idea de Espa?a y la lucha antiterrorista tienen un problema en la escurridiza verdad sobre el alcance real de las pr¨¢cticas de torturas o malos tratos. Ese problema es la duda que, a menudo, corroe a los ciudadanos vascos de bien; la certeza, interesada o no, que sirve de coartada para la deslegitimaci¨®n del Estado y de gasolina que inflama el odio, el victimismo y la perpetuaci¨®n del asesinato en grupo.

Pese al revuelo de estos ¨²ltimos d¨ªas, los recientes casos de Igor Portu y Mattin Sarasola (en cuyo relato el juez Fernando Grande-Marlaska ha visto coincidencias) no son los m¨¢s ilustrativos, ya que se dispone de datos objetivos: las lesiones durante o tras el arresto policial, que, a despecho de quienes creer¨¢n siempre en la perversi¨®n encadenada de polic¨ªas, m¨¦dicos forenses, abogados de oficio, fiscales y jueces, deben permitir delimitar los hechos, los espacios y los tiempos y establecer la verdad judicial.

El problema est¨¢ m¨¢s bien en los espeluznantes testimonios de torturas que, de la mano de medios de comunicaci¨®n afines a ETA, estallan peri¨®dicamente ante la opini¨®n p¨²blica vasca con un efecto devastador y ante el silencio de los poderes p¨²blicos. Un ciudadano medianamente sensible s¨®lo puede estremecerse ante los relatos que se prodigan en el diario Gara. ?Qu¨¦ puede pensar si, adem¨¢s, las instituciones vascas, los dirigentes nacionalistas y alg¨²n obispo dan carta de naturaleza a la existencia de la tortura?

He aqu¨ª lo denunciado por Gorka Lupi¨¢?ez, presunto liberado de ETA detenido en Berriz (Vizcaya) el 7 de diciembre. "Me dieron una paliza, sobre todo golpes en los test¨ªculos (...) Uno de ellos mont¨® la pistola y me la puso en la cabeza (...) Me pon¨ªan una bolsa en la cabeza y met¨ªan dentro de ella humo de tabaco. Me la cerraban hasta provocarme asfixia (...) Me pon¨ªan una manta doblada sobre el cuerpo y me daban pu?etazos a trav¨¦s de ella (...) Me ataron en un colch¨®n de espuma y me metieron la cabeza en agua helada (...) Me echaban agua con una manguera, en la boca y la nariz (...) Uno me at¨® los test¨ªculos con una cuerda y se puso a estirar. En un momento, empec¨¦ a sangrar del pene (...) Me tumbaron en el suelo boca arriba, me sujetaron, me levantaron las piernas, y en esa posici¨®n, me metieron un palo por el culo".

?Violado con un palo en dependencias policiales? Cualquier m¨¦dico forense responder¨¢ con celeridad que es imposible que eso pueda ocurrir sin ser detectado en los reconocimientos que se les practican a diario a los detenidos bajo la legislaci¨®n antiterrorista. En su denuncia, el mismo Lupi¨¢?ez cubre este flanco con una explicaci¨®n que puede resultar chocante: "La m¨¦dica me ve¨ªa todos los d¨ªas, pero cuando me pregunt¨® por el trato recibido y por c¨®mo estaba, no le cont¨¦ nada. Ten¨ªa miedo". Lupi¨¢?ez viene a decir que el miedo le llev¨® a renunciar a la v¨ªa que pod¨ªa acabar con sus sufrimientos y sus temores.

La imputaci¨®n de la violaci¨®n es tan b¨¢rbara y sus implicaciones y efectos tan graves que no deber¨ªan dejar lugar al silencio o a la inacci¨®n de los poderes p¨²blicos. El ciudadano de buena fe necesita del amparo inmediato del Estado porque ¨¦ste es uno de esos dilemas de urgente resoluci¨®n en los que s¨®lo cabe una verdad brutal o una mentira infame orquestada. Si Lupi¨¢?ez fue violado en dependencias de la Guardia Civil, los agentes implicados por acci¨®n y omisi¨®n deber¨ªan ser duramente castigados; si Lupi¨¢?ez miente, entonces los poderes p¨²blicos no deber¨ªan permitir que sus calumnias sirvan de combustible para deslegitimar a las fuerzas de seguridad, incendiar la convivencia y facilitar la regeneraci¨®n de ETA.

"Aunque no se pueden descartar casos aislados, la tortura est¨¢ abolida en Espa?a. La incomunicaci¨®n de los sospechosos de terrorismo permite mayor control judicial porque su detenci¨®n tiene que ser comunicada inmediatamente al juez. Cuando son trasladados a la Audiencia Nacional son examinados por otro forense y se les se?ala un abogado de oficio, privado, no uno del Estado. Las denuncias se investigan. Hay que tener confianza en la justicia y en la profesionalidad de los cuerpos policiales", subraya Enrique L¨®pez, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De poco sirve, sin embargo, que, pasado el tiempo, los tribunales archiven el caso por falta de pruebas (como ha ocurrido en casi todas las 145 denuncias interpuestas esta legislatura por detenidos por relaci¨®n con ETA), si el incendio ya se ha desatado. En Euskadi, la existencia de torturas es una verdad pr¨¢cticamente institucionalizada, alimentada con los reproches peri¨®dicos de Amnist¨ªa Internacional o del relator de Derechos Humanos de la ONU, una verdad oficiosa que lleva al consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, a proclamar su desconfianza en los ministros del Interior y las fuerzas de seguridad espa?oles.

Contra lo que cabr¨ªa deducir a partir de las cr¨ªticas vertidas estos d¨ªas atr¨¢s, tampoco la Ertzaintza est¨¢ libre de las denuncias. El propio Lupi¨¢?ez, que en 2002 visit¨® el cuartel de la Ertzaintza en Arkaute (?lava) y la comisar¨ªa del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa en Bilbao como sospechoso de apoyar a ETA, acusaciones de las que fue absuelto por la Audiencia Nacional, denunci¨® a la polic¨ªa auton¨®mica vasca con un relato igualmente escalofriante.

El hoy presunto liberado (fichado y a sueldo de ETA) del comando Vizcaya ten¨ªa entonces 22 a?os y deb¨ªa ser m¨¢s influenciable porque en su testimonio calificaba los supuestos insultos de sus interrogadores como "muy aterradores" y denunciaba que en Arkaute hab¨ªa una "m¨²sica t¨¦trica muy alta" que le produjo "mucho miedo". Tras declararse v¨ªctima de brutales torturas f¨ªsicas y psicol¨®gicas, indicaba: "Todo ello, como es l¨®gico, ha influido en mi vida personal cre¨¢ndome un sentimiento de inseguridad".

Aceptado que, como consta en documentos incautados, la direcci¨®n de ETA cursa instrucciones a sus militantes para que denuncien sistem¨¢ticamente torturas, y admitido que las penas por perjurio son una minucia frente a las condenas por terrorismo, no se pueden ignorar los efectos abrasadores que estas versiones producen en el universo cerrado de Batasuna-ETA, en los j¨®venes que se inician en la contestaci¨®n pol¨ªtica y que adquieren as¨ª la reacci¨®n refleja de adhesi¨®n a una violencia que combate a un Estado para ellos deslegitimado.

No se puede ignorar que el terrorismo persigue con ah¨ªnco que la ciudadan¨ªa vasca se sienta atrapada en la falsa contradicci¨®n entre terrorismo y tortura, entre eficacia policial y vulneraci¨®n de la ley. Porque la tortura es su bandera permanente, un campo de confrontaci¨®n psicol¨®gica en el que descalificar al enemigo para equipararse con ¨¦l, legitimarse en el espacio pol¨ªtico y camuflar su indecencia moral. La lucha antiterrorista no puede permitirse la existencia de un agujero negro de semejantes dimensiones, salvo que se crea que ese combate carece de valores y que s¨®lo consiste en la persecuci¨®n y detenci¨®n de los activistas.

"El hecho de que la detenci¨®n de etarras cobre dimensi¨®n pol¨ªtica no tiene trascendencia para los jueces, porque su cometido es investigar los hechos. Es al Estado, sobre todo, al que corresponde velar por su imagen y defenderse de las calumnias", se?ala el portavoz del CGPJ.

Seg¨²n el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ¨¦sa no es una tarea f¨¢cil. "Podemos perseguir las campa?as de calumnias, pero en el caso de las denuncias s¨®lo podemos actuar si el auto de sobreseimiento conlleva la declaraci¨®n expresa del juez de que el denunciante ha incurrido en falsedad. Puede haber existido un delito que no ha sido acreditado", afirma. Aunque forenses, fiscales y jueces niegan en bloque la pr¨¢ctica regular de la tortura -salvo que se les demuestre lo contrario, lo m¨¢s que aceptan son posibles vejaciones, amenazas o, excepcionalmente, sevicias (trato cruel) a los detenidos-, puede existir una verdad no judicial, perdida en un relato de dif¨ªcil recomposici¨®n porque casi siempre faltan trozos perdidos en el per¨ªodo de incomunicaci¨®n de cinco d¨ªas.

Las quejas de Amnist¨ªa Internacional, organismo que no avala la tesis de que en Espa?a la tortura sea una pr¨¢ctica corriente, van en esa direcci¨®n, en la convicci¨®n de que la opacidad permite abusos que no siempre pueden ser acreditados ante los tribunales. La tortura conocida como la bolsa (cubrir la cabeza del detenido con una bolsa de pl¨¢stico para impedirle respirar), por ejemplo, no deja huellas f¨ªsicas, aunque s¨ª secuelas psicol¨®gicas. Y conviene tener en cuenta que, aunque las reacciones de las personas ante un mismo trauma pueden ser muy dispares, el arresto y la incomunicaci¨®n colocan generalmente a los detenidos bajo el s¨ªndrome de Estocolmo policial, en una situaci¨®n an¨ªmica muy fr¨¢gil.

Lo dice un m¨¦dico forense con una larga trayectoria en combatir los abusos. "En las circunstancias en las que se halla, angustiado y temeroso por lo que se le viene encima, el detenido por graves delitos puede percibir una amenaza o un peque?o golpe como un dolor insoportable y guardar un recuerdo tremendo de esa experiencia". ?Cu¨¢nto hay de testimonio sincero y cu¨¢nto de impostura derivada de la necesidad de justificar la debilidad de haber cantado en comisar¨ªa o inducida por quienes orientan interesadamente las denuncias de los detenidos de ETA? Lo que est¨¢ claro es que los interrogadores no consienten que el detenido se haga el gallito en su presencia, buscan minar su moral, situarle ante su culpa, ahondar en su incertidumbre.

Establecido que la polic¨ªa tiene el deber de indagar las tramas y los planes de las organizaciones terroristas, dado que, como acaba de verse esta semana, de sus averiguaciones depende que se puedan localizar armas y explosivos y evitar futuras masacres, ?d¨®nde est¨¢ el l¨ªmite que marca el paso de una presi¨®n legal a una presi¨®n ilegal? "Debe hacerse un uso racional de la presi¨®n, pero sin violentar los derechos fundamentales del detenido. Tolerancia cero contra la tortura", subraya Enrique L¨®pez. "Un uso racional de la presi¨®n significa que tiene que tener raz¨®n de ser, como, por ejemplo, descubrir un zulo, pero no puede haber coacci¨®n, ni maltrato", a?ade. Es un terreno espinoso y resbaladizo. Mientras unos opinan que en aras de ese objetivo superior de salvar vidas es bien l¨ªcito el ejercicio de una cierta presi¨®n que puede incluir, ocasionalmente, una trampa psicol¨®gica, un empuj¨®n o un insulto, otros se atienen al derecho a no declarar que asiste a todos los detenidos, tambi¨¦n a los sospechosos de actividades terroristas, y juzgan repudiable cualquier vejaci¨®n, por m¨ªnima que ¨¦sta sea, incluso llamarle asesino al asesino y situarle ante sus cr¨ªmenes.

Pero lo que parece claro es que la lucha antiterrorista, entendida en su sentido amplio, tiene un problema y que es necesario alumbrar las zonas opacas para que se reduzca la posibilidad de las pr¨¢cticas abusivas y se disuelvan, en lo posible, las falsas denuncias y las sospechas. Grabar y filmar los interrogatorios a los detenidos y su estancia en dependencias policiales -sistema que aplican ya los juzgados de Instrucci¨®n n¨²mero 1 (Santiago Pedraz), n¨²mero 5 (Baltasar Garz¨®n) y n¨²mero 4 (Fernando Andreu) de la Audiencia Nacional y que emplea ocasionalmente la Ertzaintza-, y permitir la presencia de un m¨¦dico de confianza del arrestado puede ser una buena medida para acotar el espacio de la duda.

El asunto fue debatido hace unos meses en una Junta de Jueces Centrales, pero no se lleg¨® a un acuerdo porque, entre otras consideraciones, algunos magistrados vieron ah¨ª un gesto gratuito de desconfianza hacia los polic¨ªas que "soportan la amenaza terrorista con una entereza y profesionalidad encomiable" y hacia los m¨¦dicos forenses. Otro problema es que estos protocolos de trabajo, propuestos por el Comit¨¦ de Prevenci¨®n de la Tortura europeo, son m¨¢s engorrosos, no est¨¢n previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal espa?ola e implican dotar de medios de grabaci¨®n a las instalaciones policiales.

El magistrado del Tribunal Supremo Joaqu¨ªn Gim¨¦nez, que a lo largo de 17 a?os presidi¨®, sucesivamente, la Audiencia de Guip¨²zcoa y la de Vizcaya, cree conveniente aplicar esos protocolos. "No deber¨ªa haber nada que ocultar. La luz y taqu¨ªgrafos act¨²a en defensa de los cuerpos policiales. Aunque los terroristas son delincuentes excepcionales, el sistema debe actuar con la m¨ªnima excepcionalidad", opina. En una l¨ªnea similar, el juez Garz¨®n defiende que los sospechosos de terrorismo dispongan del mismo tratamiento y derechos que el resto de los delincuentes. Su auto del 19 de diciembre por el que decret¨® la incomunicaci¨®n de la dirigente de Batasuna Mar¨ªa Jes¨²s Fullaondo incluye el requerimiento a la Brigada Provincial de Informaci¨®n para que "se proceda a la grabaci¨®n en soporte DVD o v¨ªdeos" de la estancia de la arrestada en las dependencias policiales. Garz¨®n orden¨® igualmente a la polic¨ªa que le diera cuenta "cada 12 horas y siempre que fuera necesario" de cualquier incidencia que se produjera durante el per¨ªodo de incomunicaci¨®n, al tiempo que autorizaba a la detenida a ser examinada por m¨¦dicos de su elecci¨®n. Curs¨® tambi¨¦n instrucciones para que el forense adscrito a su juzgado visitara a la arrestada "cada ocho horas m¨¢ximo y siempre que sea necesario".

El secretario de Estado de Seguridad anuncia que el Gobierno respalda estas iniciativas judiciales. "El Ejecutivo valora positivamente ¨¦sta y otras propuestas tendentes a garantizar la mayor transparencia en el ¨¢mbito de las detenciones de sospechosos por terrorismo", afirma. "Estamos estudiando aplicar estos mecanismos con car¨¢cter permanente, a medida de que lo soliciten los jueces", sostiene, tras apuntar que en ning¨²n otro pa¨ªs del ¨¢mbito europeo se han adoptado hasta ahora sistemas semejantes. "Tenemos claro que no se trata de combatir al terrorismo a cualquier precio y que la eficacia en la lucha contra ETA exige un respeto escrupuloso de los derechos y garant¨ªas de los detenidos".

Tambi¨¦n Javier Zaragoza se muestra convencido de que alg¨²n d¨ªa habr¨¢ que llegar a un protocolo com¨²n. Pero el asunto suscita reservas. "Primero, hay que ver si merece la pena aplicar una medida general para combatir lo que, en todo caso, ser¨ªan excepciones", indica el portavoz del CGPJ. "?Hablamos de grabaciones aleatorias o de permanentes? Habr¨ªa que estudiarlo con mucha seriedad y sosiego en la Comisi¨®n Nacional de Polic¨ªa Judicial, donde est¨¢n representadas las distintas polic¨ªas, el CGPJ y el Gobierno. Yo no estoy seguro de que debamos hacerlo, pero soy partidario de que se abra ese debate", afirma Enrique L¨®pez. Que se abra si contribuye a acabar con el agujero negro de la pol¨ªtica antiterrorista.