La lecci¨®n del 'Erika'

La sentencia de la corte francesa sobre el caso Erika, el petrolero hundido el 12 de diciembre frente a las costas de Breta?a que caus¨® una marea negra en 400 kil¨®metros de litoral, sienta una jurisprudencia imprescindible en la definici¨®n del delito ecol¨®gico. El tribunal considera que son responsables del vertido la compa?¨ªa petrolera Total, el armador del barco y la sociedad de inspecci¨®n, e impone una multa de 192 millones de euros como indemnizaci¨®n que deber¨¢n pagar de forma colectiva. Las responsabilidades del armador y de la compa?¨ªa inspectora est¨¢n claras, puesto que el Erika era un buque monocasco con 25 a?os de servicio que navegaba en condiciones precarias. La novedad del fallo judicial radica en que tambi¨¦n castiga por imprudencia a Total, la empresa que encarg¨® el transporte de crudo. Considera que existe culpa desde el momento en que Total apremi¨® al intermediario para que ejecutara el encargo sin preocuparse de la calidad del transporte.

El mensaje de la corte francesa es meridiano: quienes contratan un transporte mar¨ªtimo deben responsabilizarse de las buenas condiciones de los buques que van a realizarlo. Pero hay un segundo mensaje, tan importante como el primero. La sentencia impone el reconocimiento de que existi¨® un da?o medioambiental que debe ser compensado. Este da?o excede el valor de los perjuicios econ¨®micos directos causados al turismo, a los pescadores, al comercio o la industria bretona, que son pr¨¢cticamente los ¨²nicos que reconoce el derecho mar¨ªtimo. Existe adem¨¢s un perjuicio debido a la destrucci¨®n de animales, plantas y paisaje, dice la corte francesa, que debe ser sufragado por los responsables del naufragio. La contaminaci¨®n del Erika es un delito ecol¨®gico, adem¨¢s de econ¨®mico.

Es prematuro asegurar que la sentencia del Erika sentar¨¢ jurisprudencia, entre otras cosas porque probablemente ser¨¢ recurrida por Total. Pero cualquier tratamiento legal que quiera combatir de forma consecuente y eficaz los delitos ecol¨®gicos debe fundamentarse en la corresponsabilidad de quienes causan las cat¨¢strofes y en la idea de que la destrucci¨®n del medio ambiente es algo m¨¢s complejo y da?ino que las meras p¨¦rdidas industriales o comerciales que resultan de una marea negra.

La sentencia es especialmente ejemplar para Galicia, afectada en noviembre de 2002 por la marea de chapapote del Prestige. La instrucci¨®n judicial no puede ser la misma, puesto que en el caso espa?ol debe determinarse si hay pruebas para acusar al Gobierno de negligencia. Pero debe exigirse al menos que el Juzgado de Corcubi¨®n act¨²e con la misma firmeza para juzgar un delito ecol¨®gico. Como en el caso del Erika, los responsables del hundimiento del Prestige perpetraron en primer lugar un delito contra el medio ambiente; y, tambi¨¦n, por a?adidura, causaron da?os econ¨®micos a los ciudadanos gallegos.