Obras P¨²blicas costear¨¢ el derribo de viviendas ilegales en C¨¢diz

La Junta de Andaluc¨ªa tiene abiertos 12 expedientes de demolici¨®n con sentencia firme en la provincia de C¨¢diz, sobre las que ya hay ocho ¨®rdenes de derribo con car¨¢cter inminente. Una de las principales trabas que encuentra la Fiscal¨ªa para reponer la legalidad urban¨ªstica es la tardanza que acumula la ejecuci¨®n de estos fallos judiciales.

La falta de recursos econ¨®micos de los particulares y de los ayuntamientos para acometer estos derribos lleva a la Junta a asumir de forma subsidiaria estos pagos, aunque transcurrido un considerable tiempo. La Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y la red de fiscales de Andaluc¨ªa han ultimado un protocolo para que sea el Ejecutivo andaluz el que asuma estos costes y reduzca tr¨¢mites al restablecimiento de la legalidad.

El c¨®digo penal establece que deben ser los propietarios los que acometan y paguen el derribo de sus casas sin licencia. Pero pocas veces se da esta circunstancia. Todav¨ªa en El Palmar (Vejer, C¨¢diz) se recuerda el caso de Rosendo Bonillo, que en 2006 se derrib¨® sus cinco chal¨¦s en cumplimiento de una sentencia. O el m¨¢s reciente de una pizzer¨ªa en la misma pedan¨ªa, cuyo due?o tambi¨¦n prefiri¨® demoler por su cuenta. No es lo m¨¢s habitual.

Los propietarios suelen aferrarse a recursos judiciales y a la esperanza de que una futura regularizaci¨®n salve sus casas. Cuando los particulares no act¨²an, el mismo c¨®digo penal establece que son los ayuntamientos los que deben asumir esta responsabilidad, aunque no todos tienen fondos para ello. Al final, es la Junta la que ejecuta la demolici¨®n.

Para evitar estas trabas, Obras P¨²blicas y la red de fiscales de Medio Ambiente han preparado un protocolo que establece que la Consejer¨ªa se haga cargo de los costes de este proceso. El fiscal de Medio Ambiente de C¨¢diz, ?ngel N¨²?ez, se felicita. "Es una ayuda necesaria porque el proceso de demolici¨®n es muy complejo y se dilata en el tiempo", sostiene. El delegado de Obras P¨²blicas, Pablo Lorenzo, matiza que las aportaciones auton¨®micas no ser¨¢n generales sino que se aprobar¨¢n tras estudiar cada caso.

Desde 2001 la Delegaci¨®n de Obras P¨²blicas de la Junta y hasta finales de 2007 hab¨ªa abierto 385 expedientes urban¨ªsticos para perseguir la proliferaci¨®n de viviendas ilegales. La mayor¨ªa de ellos, 283, fueron sancionadores. En la actualidad la Junta tiene aprobados los expedientes de contrataci¨®n de obras de demolici¨®n para dos casas de El Palmar.

Tambi¨¦n la Demarcaci¨®n de Costas ha decidido intervenir ante las viviendas ilegales. El Ministerio de Medio Ambiente entregar¨¢ incentivos a los ayuntamientos que colaboren en poner orden al urbanismo salvaje. Ya se han iniciado conversaciones con los ayuntamientos de Vejer, Rota, Chipiona, Sanl¨²car y Barbate. Esos planes consensuados conllevar¨ªan el derribo de casas ubicadas en zonas protegidas. A cambio esos suelos recibir¨ªan inversiones para mejorar los accesos a las playas, tratar las dunas da?adas o crear senderos en el litoral.