El laicismo a¨²n espera su turno

La sociedad espa?ola se ha secularizado: en 1978, el 90% de los espa?oles se declaraba cat¨®lico practicante; en 2004, s¨®lo el 28,4% de los cat¨®licos reconoc¨ªa cumplir habitualmente con los preceptos de su fe. Sin embargo, el cord¨®n umbilical que conecta a la Iglesia cat¨®lica con el Estado permanece intacto, pese a la aconfesionalidad que ordena la Constituci¨®n (art¨ªculo 16.3: "Ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal").

?Es ¨¦ste un Estado laico o confesional? Ni siquiera los expertos coinciden

"El laicismo no es antirreligioso", afirma el soci¨®logo D¨ªaz-Salazar

La desigualdad de trato hacia el resto de confesiones est¨¢ en cuesti¨®n

El Estado dejar¨¢ de ingresar el 0,7% del IRPF, que ir¨¢ a parar a la Iglesia

Los cat¨®licos de base son contarios a la financiaci¨®n estatal de la Iglesia

No se revisar¨¢n los acuerdos con el Vaticano, seg¨²n la vecepresidenta

Funerales de Estado cat¨®licos, tomas de posesi¨®n de cargos p¨²blicos presididas por crucifijos o manifestaciones callejeras de prelados y sacerdotes son claros indicios de que Espa?a dista de ser un Estado laico. Si consideramos tambi¨¦n la financiaci¨®n de la Iglesia, los argumentos para los defensores de una completa separaci¨®n de poderes se multiplican. Propuestas laicistas -algunas con marcha atr¨¢s, como la creaci¨®n de un Observatorio de la Laicidad por parte del PSOE- se hacen m¨¢s hueco a medida que arrecian el ruido de cirios y los anatemas medi¨¢ticos.

El silencio que provoca la menci¨®n de la palabra Iglesia ante determinados interlocutores -?cautela? ?prudencia o c¨¢lculo de r¨¦dito electoral?-, resulta mucho m¨¢s clamoroso que el ruido medi¨¢tico provocado por las manifestaciones en defensa de la familia o contra la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, por citar s¨®lo dos cruzadas recientes contra la degeneraci¨®n moral que, en opini¨®n de la curia, implican varias leyes aprobadas en la ¨²ltima legislatura (a la cabeza, la del matrimonio homosexual). Lejos de un debate sosegado, las posturas aparecen cada vez m¨¢s enconadas. ?Y si el presupuesto te¨®rico para el debate fuese la misma denominaci¨®n del Estado? ?Espa?a es un Estado laico o un Estado aconfesional? Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo al respecto. El soci¨®logo Rafael D¨ªaz-Salazar, de la Universidad Complutense de Madrid, acaba de publicar el libro Espa?a laica (Espasa). "La Constituci¨®n establece la aconfesionalidad del Estado y la cooperaci¨®n activa con las instituciones religiosas. No tenemos el orden constitucional de Francia, sino una laicidad de autonom¨ªa del orden pol¨ªtico y jur¨ªdico y, a la vez, de reconocimiento p¨²blico de las comunidades religiosas y de colaboraci¨®n con ellas. Pero es m¨¢s aconfesional que laico, s¨ª", explica este especialista en sociolog¨ªa de la religi¨®n, para quien laicidad equivale a ciudadan¨ªa, a sociedad civil, a convivencia plural y nacional, a m¨¢s y mejor democracia, en suma.

"El proyecto laico no es antirreligioso. Su fin es fortalecer una ciudadan¨ªa moral y socialmente activa y a ello pueden contribuir las religiones y las iglesias". ?No sostienen lo contrario las cr¨ªticas de los obispos? "El laicismo quiere una ciudadan¨ªa moralmente robusta y activa, pero la moral no depende de la religi¨®n: hay mucha gente que no es religiosa, pero s¨ª muy moral. Esa barbaridad del obispo Garc¨ªa-Gasco de que el laicismo mina la democracia, es justo al rev¨¦s: el laicismo refuerza la base moral de la democracia".

Resistencias como la que suscita la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa han de ser vistas como "la expresi¨®n de un fundamentalismo ¨¦tico-religioso que pretende tener el monopolio de la moral y la educaci¨®n", dice D¨ªaz-Salazar. Adem¨¢s, "los objetores no llegan a los 15.000 en Espa?a. Eso, dentro de m¨¢s de 11 millones de cat¨®licos, no es nada. La Iglesia no est¨¢ en contra de la asignatura, son 20, 40 obispos con esos 15.000, no m¨¢s". "El laicismo s¨®lo es antieclesial y antirreligioso cuando una religi¨®n, una Iglesia, se oponen al pluralismo moral, a la autonom¨ªa moral, a la autonom¨ªa pol¨ªtica. Entonces s¨ª, pero su proyecto no es ¨¦se", dice.

De laicismo entiende mucho tambi¨¦n Victorino Mayoral, abogado y diputado socialista, adem¨¢s de presidente de la Fundaci¨®n Cives y la Liga Espa?ola de la Educaci¨®n y la Cultura Popular, dos plataformas laicas que demandan la completa separaci¨®n de Iglesia y Estado, empezando por "la revisi¨®n de los acuerdos con la Santa Sede". Mayoral, una de las voces m¨¢s cr¨ªticas del PSOE, sostiene que el espa?ol es un Estado laico, "porque la Constituci¨®n no utiliza en ning¨²n lugar expresamente el t¨¦rmino aconfesional. Es m¨¢s, el Tribunal Constitucional ha sancionado el uso de la denominaci¨®n "laico" aplicada al Estado".

La desigualdad en el trato que reciben la Iglesia cat¨®lica, por un lado, y el resto de confesiones de notorio arraigo (musulmanes, protestantes, jud¨ªos y, desde 2007, Testigos de Jehov¨¢ y mormones) es un hecho relevante para Mayoral por discriminatorio, aunque considera que no es de recibo "pasar de un Estado confesional a un Estado pluriconfesional". Tambi¨¦n constata negativamente el hecho de que todas las constituciones espa?olas, salvo la de la II Rep¨²blica, hayan hecho un hueco a la religi¨®n, es decir, a la Iglesia cat¨®lica. "La transici¨®n hacia el Estado laico est¨¢ pendiente", afirma. Para ello, para emprender ese camino -?sin retorno?-, el diputado socialista propone los siguientes pasos: "Primero, una ley de libertad religiosa real, donde no s¨®lo est¨¦ garantizada la libertad de creencia, sino tambi¨¦n la igualdad de las creencias. Segundo, la revisi¨®n de los acuerdos con la Santa Sede. Por ¨²ltimo, un estatuto de laicidad que garantice la neutralidad de las confesiones". "No hay un g¨¦nero intermedio entre Estado aconfesional y Estado laico".

De todos los v¨ªnculos existentes entre la Iglesia y el Estado, el de la financiaci¨®n de la primera supone, para algunos, una muestra de anticonstitucionalidad. El nuevo modelo de asignaci¨®n tributaria, aprobado en 2006 y que se aplicar¨¢ este a?o por primera vez en la declaraci¨®n de la renta de 2007, consiste en un porcentaje fijo (el 0,7% del IRPF) y entra en vigor sin fecha de caducidad. Para el jurista Alejandro Torres, "eso hace pensar que ser¨¢ una asignaci¨®n por tiempo indefinido, lo que convierte en letra muerta el compromiso de autofinanciaci¨®n que la Iglesia suscribi¨® en 1979". Ese a?o, el Estado y la Santa Sede firmaron unos acuerdos que sustitu¨ªan al Concordato de 1953, y que siguen vigentes como marco de relaci¨®n.

Torres, profesor de Derecho P¨²blico de la Universidad P¨²blica de Navarra, no duda en calificar de anticonstitucional este modelo. "Adem¨¢s de que supone una minoraci¨®n de los ingresos p¨²blicos -el Estado deja de ingresar el 0,7%-, es discriminatorio para el resto de confesiones religiosas, que reciben mucho menos dinero y adem¨¢s con un ¨¢mbito de aplicaci¨®n m¨¢s restringido: por ejemplo, no pueden pagar a sus ministros. La Iglesia cat¨®lica, en cambio, no tiene ninguna limitaci¨®n a la hora de gastarlo".

Se calcula que la Iglesia va a recibir por esta v¨ªa unos 144 millones de euros. Eso equivale, por ejemplo, a 40.932 nuevas plazas de escuela (con un coste estimado de 3.518 euros cada una); 48 kil¨®metros de autov¨ªa (a tres millones de euros el promedio), o dos hospitales como el nuevo de Ceuta, con 240 camas y un coste de 78 millones de euros.

Con todo, seg¨²n algunas fuentes, el precio de no ingresar esa cantidad -o, al rev¨¦s, de no acometer obras y servicios p¨²blicos por ese importe- merece la pena en t¨¦rminos pol¨ªticos, es decir, electorales. "La cara amable del Estado tiene un coste, y es no ingresar el 100% del IRPF. Para hacerlo, habr¨ªa que revisar los acuerdos de 1979, y ello tendr¨ªa un alto precio pol¨ªtico", subraya Torres.

A menos de dos meses de las generales, la mayor¨ªa de los partidos prefiere no entrar al trapo. Preguntado por el nuevo modelo de financiaci¨®n, el Partido Popular responde con un escueto: "El PP es respetuoso con ese acuerdo". El PSOE se debate entre corrientes internas prolaicistas y el discurso oficial: no habr¨¢ revisi¨®n de los acuerdos, seg¨²n afirm¨® la vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, en el Congreso. "El horizonte de autofinanciaci¨®n no tiene plazo, por lo que no hay incumplimiento ninguno", se?ala Diego L¨®pez Garrido, portavoz del grupo parlamentario socialista en la ¨²ltima legislatura. "El dinero se detrae de las arcas p¨²blicas, es cierto, por lo que el Estado s¨ª financia claramente. Pero ya no est¨¢ obligado a complementar, con una asignaci¨®n suplementaria, lo que la Iglesia sacaba de las crucecitas [la casilla de la renta]. Y no es un modelo anticonstitucional en absoluto. El art¨ªculo 16.3 sostiene que el Estado ha de tener unas relaciones especiales con la Iglesia cat¨®lica, mayoritaria en Espa?a, as¨ª que

no es para comprar a la Iglesia, que nunca ha sido m¨¢s beligerante con el Gobierno que ahora", concluye L¨®pez Garrido.

Izquierda Unida ha solicitado en varias ocasiones la revisi¨®n de los acuerdos. Joan Herrera, de IU-ICV, considera "una gran trampa" el modelo de financiaci¨®n. "Consolidamos los privilegios de la Iglesia con un modelo que no s¨®lo consagra la confesionalidad, sino que tambi¨¦n resulta discriminatorio para otras confesiones. Hay que recordar que la Iglesia recibe un tratamiento fiscal privilegiado en impuestos como el de sucesiones o en las donaciones. El Gobierno se ha rendido", concluye Herrera.

Citar a la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) a estas alturas del reportaje no es gratuito, ni fruto de la intenci¨®n o el despiste. A finales de 2007, la CEE lanz¨® una campa?a publicitaria para el sostenimiento econ¨®mico de la Iglesia, para concienciar a los fieles de la necesidad de su contribuci¨®n. Pero a la hora de pronunciarse sobre el modelo de financiaci¨®n o el sostenimiento de la instituci¨®n, la CEE declina hacer declaraciones y remite a EL PA?S a unos folletos con datos econ¨®micos sobre lo que ahorra al Estado su labor asistencial y educativa, seg¨²n algunos c¨¢lculos hasta 8.000 millones de euros.

La de la jerarqu¨ªa no es, sin embargo, la ¨²nica postura de la Iglesia espa?ola. Movimientos de base como Redes Cristianas se han manifestado en contra de la financiaci¨®n. "Como cat¨®licos y como ciudadanos, pedimos que se revisen los vigentes acuerdos entre la Santa Sede y el Estado, que afectan tambi¨¦n a otros aspectos. Adem¨¢s de los sueldos de obispos y sacerdotes, el Estado paga los salarios de m¨¢s de 30.000 profesores de religi¨®n, los capellanes castrenses son igualmente remunerados por el Estado y su estatus deber¨ªa ser tambi¨¦n revisado, la existencia de la clase de religi¨®n en la escuela p¨²blica es objeto de controversia, etc¨¦tera", se?ala Evaristo Villar, portavoz de Redes Cristianas. "Despu¨¦s de tantos a?os de democracia, ?no vamos a ser capaces de revisarlos en un ambiente de objetividad y equilibrio?", lanza al aire Villar. "En una sociedad democr¨¢tica no confesional, la Iglesia cat¨®lica -como cualquier otro grupo o colectivo- debe participar en la vida social espa?ola sin ning¨²n privilegio ni acuerdo que pueda suponer un trato discriminatorio". En Alemania, por ejemplo, el kirchensteuer -impuesto religioso- permite a los l?nder cobrar a las iglesias por el servicio de recaudaci¨®n; los contribuyentes pagan s¨®lo si pertenecen a una confesi¨®n.

El nuevo modelo de financiaci¨®n "suprime la ayuda directa que el Estado completaba a lo recaudado por la asignaci¨®n tributaria a la jerarqu¨ªa cat¨®lica, pero aumenta esta ¨²ltima -cuando se marca la casilla correspondiente- del 0,52% al 0,7%. Se mantiene, por tanto, la idea de que la Iglesia est¨¢ lejos de autofinanciarse y sigue pidiendo al Estado que contribuya a su mantenimiento", a?aden desde Redes Cristianas. La cuesti¨®n econ¨®mica sale a relucir de continuo como los meandros del Guadiana, y siempre con nombre y apellidos: autofinanciaci¨®n. ?Es ¨¦sta la clave para alcanzar la completa separaci¨®n de poderes? Seg¨²n algunos autores, la Iglesia se autofinancia con recursos propios en torno al 75%, aunque algunas di¨®cesis estar¨ªan cerca del objetivo deseado. "Las di¨®cesis m¨¢s ricas, como las catalanas, las vascas o la de Madrid, podr¨ªan acercarse al 90% de autofinanciaci¨®n. Las m¨¢s peque?as, las ubicadas en zonas remotas o rurales, como las de Ciudad Rodrigo y Astorga o incluso la de Valladolid, dependen mucho de la asignaci¨®n tributaria", afirma Jos¨¦ Miguel Rodr¨ªguez, profesor de Econom¨ªa Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid. "De todos modos, la cantidad que hoy recibe la Iglesia cat¨®lica, que no llega a los 150 millones de euros, no es tan importante como para que no puedan asumirla los propios fieles". La ausencia de datos claros y transparentes -"no hay dep¨®sito p¨²blico de las cuentas de la Iglesia", recuerda Rodr¨ªguez- a?ade opacidad a una cuesti¨®n peliaguda: los l¨ªmites de la "colaboraci¨®n especial" con la Iglesia que consagra la Carta Magna.