Las hijas de Oubi?a impiden la venta del Pazo de Bai¨®n al recurrir a Estrasburgo

La mesa de coordinaci¨®n del Plan Nacional sobre Drogas tuvo que paralizar ayer sine die el proceso del concurso p¨²blico para la adjudicaci¨®n del Pazo de Bai¨®n que fue decomisado al narcotraficante de hach¨ªs, Laureano Oubi?a, actualmente en prisi¨®n. Una demanda contra el Estado interpuesta en marzo de 2005 por las hijas del matrimonio Oubi?a y la fallecida Esther Lago ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha provocado un giro inesperado en la venta del inmueble cuyo precio de salida se tas¨® en 8,4 millones de euros.

La demanda bloquea 'sine die' la subasta de la finca por parte del Plan Antidroga

Los abogados del Estado estudian ahora la salida a una situaci¨®n sin precedentes en el traspaso de una propiedad intervenida en sentencia firme y que, por lo pronto, ha impedido que ayer se abrieran las plicas con las ofertas que presentaron las cuatro empresas vin¨ªcolas que optan a la compra del inmueble: Feixenet, Mart¨ªn Codax, Condes de Albarei y Marqu¨¦s de Riscal.

Los responsables del plan desconoc¨ªan la existencia de una reclamaci¨®n judicial en Estrasburgo que afecta de lleno al futuro del pazo y cuyas consecuencias son imprevisibles, si finalmente el fallo del Alto Tribunal de Estrasburgo fuese favorable a los intereses de la familia Oubi?a Lago. Esther y Lara Oubi?a Lago interpusieron la demanda cuando la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional dict¨® un auto en el que eximi¨® de toda responsabilidad penal a su madre, tras fallecer en un accidente de tr¨¢fico en febrero de 2001, antes del juicio en el que se decret¨® el decomiso del Pazo de Bai¨®n y en el que el matrimonio estaba imputado.

Bas¨¢ndose en el art¨ªculo 657 del C¨®digo Civil, que reconoce los derechos de trasmisi¨®n de los bienes a sus herederos, las hijas intentaron personarse en el procedimiento del pazo para reclamar su parte o al menos la mitad de los bienes que ten¨ªan en r¨¦gimen de gananciales sus progenitores, referidas a las sociedades mercantiles e inmuebles que a?os antes hab¨ªan sido intervenidos judicialmente.

Pero la Sala no admiti¨® a las hijas como parte del proceso, una resoluci¨®n contra la que no cab¨ªa recurso. Esther y Lara Oubi?a elevaron entonces sus quejas a Estrasburgo, alegando indefensi¨®n y denunciando "haber sido indebidamente despojadas de los bienes adquiridos por herencia de su madre".

El juicio se celebr¨® y el fiscal retir¨® los cargos a Oubi?a, al que le ped¨ªa una condena de 7 a?os por blanqueo de dinero, condenando a la hermana de Esther Lago y a su marido como accionistas de las empresas propietarias del pazo aunque la sentencia admiti¨® que "eran sociedades fantasma que hab¨ªan creado el matrimonio Oubi?a Lago".

"La Audiencia Nacional no puede ir contra sus propios actos, tanto en lo que perjudica o beneficia a las partes, y tiene que ser imparcial", coment¨® ayer Joaqu¨ªn Ruiz Gim¨¦nez, uno de los abogados de Oubi?a. "Si la Secci¨®n Cuarta consideraba probado que todos los bienes decomisados eran del matrimonio Oubi?a Lago, tendr¨ªa que haber permitido que las hijas se personaran como parte interesada en la causa", a?adi¨®.

Ruiz Gim¨¦nez, que present¨® en el Plan Nacional sobre Drogas los documentos que paralizaron la ¨²ltima fase de la adjudicaci¨®n del pazo, descart¨® que se hubiera actuado de mala fe. "Ellas se enteraron por la prensa de todo el proceso y consultaron si hab¨ªa posibilidades de pararlo, habiendo una demanda en tr¨¢mite y considerando que se lesionan sus derechos como herederas de los bienes que se pretenden vender", apunt¨® el letrado.

No es la primera vez que Oubi?a recurre a tribunales europeos para revisar sus cuatro condenas por tr¨¢fico de hach¨ªs. Adem¨¢s de presentar dos en Estrasburgo, otro de sus recursos fue admitido a tr¨¢mite por el Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU en relaci¨®n a un listado telef¨®nico, sin grabaciones, que la Fiscal¨ªa present¨® como prueba. Sus abogados alegan que el documento recoge, adem¨¢s de las llamadas del d¨ªa de la descarga de hach¨ªs, las anteriores y posteriores a la operaci¨®n por la que fue condenado.