Tiro por la culata

La estrategia del PP de recurrir por inconstitucionales pr¨¢cticamente todas las leyes aprobadas por la mayor¨ªa parlamentaria socialista no es una novedad de esta legislatura. En este punto, el PP est¨¢ reproduciendo la estrategia que puso en pr¨¢ctica AP en la legislatura de 1982 a 1986. Con el mismo resultado a tenor de las sentencias que est¨¢n siendo dictadas por el Tribunal Constitucional.

En la legislatura del 82 al 86 fue m¨¢s grave, porque la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional (LOTC) preve¨ªa un recurso previo de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonom¨ªa y dem¨¢s leyes org¨¢nicas. Dicho recurso previo, que no figuraba en la Constituci¨®n, sino que se introdujo en nuestro ordenamiento a trav¨¦s de la mencionada ley org¨¢nica, se pens¨® para que se hiciera uso del mismo, en el caso de que fuera necesario, en la negociaci¨®n de los Estatutos vasco y catal¨¢n. Pero se introdujo con car¨¢cter general para todos los Estatutos y leyes org¨¢nicas. La peculiaridad del recurso consist¨ªa en que transformaba el control de constitucionalidad posterior en un control de constitucionalidad preventivo, quedando la ley recurrida suspendida en su vigencia hasta tanto se pronunciaba sobre ella el Tribunal Constitucional.

La estrategia de oposici¨®n de AP consisti¨® en recurrir preventivamente no los Estatutos de Autonom¨ªa, que no fue recurrido ninguno, sino pr¨¢cticamente todas las leyes org¨¢nicas aprobadas por la mayor¨ªa socialista. El objetivo era claro: como la ley recurrida quedaba suspendida en su vigencia y el tiempo que el Tribunal Constitucional tardaba en resolver el recurso, aunque considerablemente menor que el que tarda en este momento, era bastante dilatado, AP consegu¨ªa que el programa legislativo de la mayor¨ªa socialista se viera privado de eficacia. El abuso del recurso previo fue de tal naturaleza, que la LOTC fue modificada para eliminarlo de nuestra f¨®rmula de justicia constitucional. El oportunismo de AP priv¨® al sistema de un instrumento, que posiblemente hubiera podido ser ¨²til en los procesos de reformas estatutarias de esta legislatura. El PP ha estado reivindicando en estos ¨²ltimos a?os la reposici¨®n del recurso previo, pero, a la vista de su trayectoria, es imposible atender dicha reivindicaci¨®n.

En esta legislatura el PP ha seguido, como digo, la estrategia de aquella primera legislatura de Gobierno socialista, es decir, ha pretendido prolongar el debate pol¨ªtico en sede parlamentaria ante el Tribunal Constitucional, intentando convertir a dicho Tribunal en una suerte de tercera c¨¢mara, que podr¨ªa revisar lo decidido por las dos primeras.

La estrategia es perversa, ya que deval¨²a, por un lado, el debate parlamentario y dificulta cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo entre los distintos partidos a lo largo del ¨ªter legislativo, y desnaturaliza la funci¨®n de la justicia constitucional, que no es la de revisar el programa pol¨ªtico del partido que gan¨® las elecciones, sino la de evitar que se incorporen al ordenamiento jur¨ªdico normas que son anticonstitucionales.

Cu¨¢ndo se puede considerar que una norma es anticonstitucional es materia opinable. Pero que nada menos que 30 leyes aprobadas en una legislatura sean consideradas anticonstitucionales, es tan manifiestamente desproporcionado, que no se puede dejar de pensar que estamos ante una estrategia pol¨ªtica, que no tiene mucho que ver con lo que es la jurisdicci¨®n constitucional.

Lo peor de esta estrategia es que, cuando no consigue su objetivo, acaba conduciendo a poner en marcha otra de deslegitimaci¨®n del Tribunal Constitucional. Es lo que est¨¢ empezando a ocurrir. Las reacciones de Mariano Rajoy y Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa a la sentencia sobre la paridad en las listas electorales hablan por s¨ª mismas.