El PP subvencion¨® la construcci¨®n de chabolas en una zona verde de Ourense

Entre 1997 y 1998 el Ayuntamiento de Ourense, entonces gobernado por el PP, subvencion¨® el asentamiento ilegal de una comunidad gitana integrada por m¨¢s de cien personas en una zona verde de la ciudad. Les pag¨® el material: los azulejos para los cuartos de ba?o, el hormig¨®n, la escayola, las maderas, los puntales y la hormigonera. Tambi¨¦n se hizo cargo de la formaci¨®n de estas familias en las t¨¦cnicas de autoconstrucci¨®n de los galpones ilegales que acabaron construyendo, en el lugar denominado Cu?a de Arriba, en Rairo, a trav¨¦s de un programa municipal "de inserci¨®n sociolaboral de grupos desfavorecidos".

El ayuntamiento imparti¨® cursillos de construcci¨®n de galpones ilegales

La justicia paraliza la urbanizaci¨®n en el antiguo asentamiento

El coste de estos cursos formativos, s¨®lo para seis de estas "viviendas", fue de m¨¢s de 15 millones de pesetas, de los cuales la conseller¨ªa de Familia, Muller e Xuventude de la Xunta, tambi¨¦n gobernada entonces por el PP, aport¨® 12 millones. Finalmente, el ayuntamiento concedi¨® 120 licencias urban¨ªsticas ilegales por las que cobr¨® a los chabolistas un precio simb¨®lico de 500 pesetas por cada 30 entregadas. Ahora cuentan con un expediente de disciplina urban¨ªstica aprobado por el nuevo gobierno municipal (PSOE-BNG), que hace dos meses fren¨® los nuevos asentamientos a la espera de proceder a la expropiaci¨®n. Ser¨¢ "una vez que se les pueda ofertar viviendas de protecci¨®n a los que acrediten falta de ingresos y reponer as¨ª la legalidad", destacan fuentes municipales.

El 24 de octubre de 1997, el ayuntamiento y la Conseller¨ªa de Familia firmaron un convenio para la "implantaci¨®n y financiaci¨®n" del proyecto de inserci¨®n sociolaboral de este colectivo. El importe era de 18,5 millones de pesetas de los que m¨¢s de nueve corr¨ªan a cargo del Ministerio de Trabajo, en aquellos tiempos tambi¨¦n del PP. Dos d¨ªas antes de la Nochebuena de ese a?o, el entonces alcalde, Manuel Cabezas, firm¨® un convenio con la empresa Creto, SA, en cumplimiento del convenio suscrito con la Xunta que presid¨ªa Manuel Fraga y por el que ambas partes se compromet¨ªan a "aunar esfuerzos para propiciar la reinserci¨®n laboral de personas receptoras del Risga (Renta de Integraci¨®n Social de Galicia) de Ourense". Se trataba de acometer, a trav¨¦s del programa It¨ªnere, la "formaci¨®n e inserci¨®n laboral" de los beneficiarios de ayudas "de subsistencia", para "mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y con ello minimizar los impactos sociales negativos".

El convenio dejaba claro que la construcci¨®n de las viviendas en zona verde se desarrollar¨ªa "de forma coparticipada", de tal manera que el ayuntamiento sufragaba "aquellos materiales necesarios para la construcci¨®n: herramientas, chatarra, viguetas, cemento, etc¨¦tera", mientras que la empresa pon¨ªa "los ¨²tiles y herramientas necesarios para el desarrollo del curso", para el que aportaba tambi¨¦n los monitores y percib¨ªa tres millones de pesetas. La mano de obra, en virtud del convenio, corr¨ªa a cargo de "los beneficiarios".

La filosof¨ªa municipal qued¨® plasmada en diversos documentos. En alguno de ellos se pone de relieve que los servicios sociales municipales hab¨ªan detectado, "desde hace ya varios a?os", la presencia de un colectivo de procedencia portuguesa "cuyas necesidades b¨¢sicas y perentorias se encuentran sin cubrir". Y se contabilizaban 23 familias integradas por 102 personas, de las que la mitad eran menores.

En el documento consta que ocho de las 23 familias hab¨ªan adquirido terreno en propiedad en A Cu?a de Arriba, pero carec¨ªan todas ellas del correspondiente permiso "de construcci¨®n de galp¨®n y materiales", mientras que las 15 restantes carec¨ªan de terreno.

Un a?o despu¨¦s, ambas instituciones firmaron el convenio por el que subvencionaban la autoconstrucci¨®n de algunas de estas viviendas. El objetivo era "fomentar la calidad de las familias elaborando programas que les faciliten el acceso a los bienes de primera necesidad y a los sistemas ordinarios de atenci¨®n primaria". Y se apostillaba: "Todo eso, con el fin de evitar la exclusi¨®n social".

Los denominados "excluidos sociales" a los que el ayuntamiento subvencion¨® el asentamiento en zona verde, ocupaban en aquel momento una parcela en una zona m¨¢s c¨¦ntrica y visible de la ciudad, en la Avenida de Zamora. El convenio toler¨® evacuarlos de all¨ª y dejar libre una finca en la que comenz¨® el proceso de urbanizaci¨®n, con el visto bueno del gobierno local del PP, para un pol¨ªgono residencial de tres bloques de siete plantas y dos torres de nueve. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo paraliz¨® porque superaba las alturas y se asentaba en suelo urbano no consolidado.

El planeamiento urban¨ªstico determina que el asentamiento se encuentra en terreno expropiable por el ayuntamiento, con lo que el actual gobierno local ha tomado la decisi¨®n de expropiar. "Se pagar¨¢ exactamente el valor que determine la legislaci¨®n, aunque las viviendas sean ilegales", se?alan fuentes municipales. A la ilegalidad de la zona "con viviendas que carecen de licencia y que es imposible conceder" se a?aden los problemas de saneamiento y abastecimiento. "Agua y luz han sido llevadas hasta esos terrenos de forma igualmente fraudulenta", advierten, aunque ayuntamiento y Xunta subvencionaron por ambos conceptos a algunas de las familias por importes superiores a 800.000 pesetas.