Fe de errores

Las normas internas de este peri¨®dico exigen que los errores cometidos en sus p¨¢ginas sean subsanados lo m¨¢s r¨¢pidamente posible y sin tapujos. Y encarga esa tarea de una manera muy especial a los responsables de cada ¨¢rea informativa. Las Fe de errores que publica el diario en la secci¨®n de Opini¨®n, al final de Cartas al director, recogen algunas de ellas, no todas. En los ¨²ltimos cuatro meses, el peri¨®dico ha publicado una media de 12 fe de errores al mes. Hay errores inapelables, que se suelen corregir en cuanto se detectan, y otros inducidos por fuentes perfectamente identificadas en las informaciones que facilitan datos que luego son rebatidos por fuentes oficiales. Esto plantea la necesidad de contrastar todas las informaciones, aun cuando la fuente de origen sea relevante. Es obvio que as¨ª se da pie a la pol¨¦mica sobre si es imprescindible contrastar todas las informaciones p¨²blicas. Pero el manejo de la informaci¨®n que pueden hacer las fuentes, por muy identificadas que est¨¦n, hace que cada d¨ªa el trabajo deba ser m¨¢s exigente. Veamos un caso.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en una amplia carta dirigida al Defensor expone una serie de "informaciones incorrectas" y otras que califica de "totalmente falsas" producto, en su opini¨®n, de falta de rigor y de no cumplir las normas que impone el Libro de estilo. En dos de los casos citados, las informaciones cuestionadas aparec¨ªan bajo titulares contundentes: "La Seguridad Social no reconoce muertes por dolencia laboral" y "La crisis obliga a cerrar 40.000 agencias inmobiliarias en un a?o".

En el primer caso la informaci¨®n se atribu¨ªa a Joaqu¨ªn Nieto, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, y en el segundo, al presidente del consejo estatal de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Santiago Baena.

En su carta, Octavio Granado rebate ambas informaciones. En el primer caso da las cifras de las pensiones de viudedad y orfandad que abona el Instituto Nacional de la Seguridad Social derivadas de muerte por enfermedad profesional, y que avalan lo inexacto del primer titular. El peri¨®dico public¨® media columna para rectificar la informaci¨®n, texto que al secretario de Estado le pareci¨®, entre otras cosas, insuficiente.

En el segundo caso -la desaparici¨®n de 40.000 agencias y 100.000 puestos de trabajo en actividades inmobiliarias durante 2007-, las cifras de la Seguridad Social eran muy distintas. A 31 de diciembre de 2007 figuraban como afiliados a ese sector dentro del r¨¦gimen general 182.686 trabajadores por cuenta ajena, 16.017 menos que hace un a?o. "A¨²n reconociendo que puede haber una parte de econom¨ªa sumergida, parece exagerado que frente a los 16.017 trabajadores que, seg¨²n nuestras estad¨ªsticas se han dado de baja en este sector, se hayan perdido 84.000 empleos m¨¢s que estaban en la econom¨ªa sumergida", afirma en su carta.

La cifra de 100.000 empleos perdidos en el sector inmobiliario apareci¨® dos d¨ªas despu¨¦s en un editorial del diario, pese a que el autor de la informaci¨®n hab¨ªa sido advertido de que los datos facilitados por el consejo estatal de las API no eran fiables. Esa informaci¨®n nunca lleg¨® a la secci¨®n de Opini¨®n y ahora se corre el riesgo de que ese dato, con una cifra tan redonda, se haya convertido en un hecho contrastado.

Granado afirma tambi¨¦n que la confusi¨®n entre Seguridad Social, responsable del sistema de pensiones, y la sanidad p¨²blica, competencia de las comunidades aut¨®nomas, es frecuente y reiterada. Es un error tan manifiesto que no merece comentario.

No puedo estar m¨¢s de acuerdo con la reflexi¨®n final de este lector que ocupa un alto cargo en la Administraci¨®n en el sentido de que los libros de estilo no deben ser mera ret¨®rica y que el derecho a la informaci¨®n de los lectores exige a los periodistas contrastar las informaciones y distinguir entre hechos y opiniones. Contrastar informaciones parece una tarea f¨¢cil y, a veces, lo es. Una simple llamada telef¨®nica permite contrastar datos y poner los hechos en perspectiva. Pero no siempre es as¨ª. La transparencia informativa no abunda, y tampoco en la Administraci¨®n del Estado, lo que no es una excusa para los errores.

Sobre las opiniones de los periodistas, el Defensor recibe peri¨®dicamente correos y llamadas de lectores ofendidos por los contenidos de algunas columnas en las que, por ejemplo, se critican determinadas pol¨ªticas del Gobierno de Israel. Esos lectores se quejan de que en algunos casos se desborda el ¨¢mbito de la cr¨ªtica pol¨ªtica para incurrir en un abierto antisemitismo. S¨®lo puedo decir que la opini¨®n es libre en este diario y que la obligaci¨®n del peri¨®dico es separar claramente los ¨¢mbitos de la informaci¨®n y la opini¨®n con exclusi¨®n, obviamente, del racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de odio ¨¦tnico o religioso. Es responsabilidad de la secci¨®n de Opini¨®n dar cauce a la pluralidad y acoger a las voces discrepantes. El Defensor intenta ajustar su tarea a su estatuto y al Libro de estilo, que es, simplemente, el c¨®digo interno de la Redacci¨®n.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electr¨®nico (defensor@elpais.es), o telefonear al n¨²mero 91 337 78 36.