El ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta, en el banquillo

La Secci¨®n VI de la Audiencia Provincial de C¨¢diz en Ceuta juzgar¨¢ desde hoy al ex delegado del Gobierno en la ciudad aut¨®noma Luis Vicente Moro (PP), para quien la acusaci¨®n pide seis a?os de prisi¨®n y 12 de inhabilitaci¨®n por haber autorizado expulsiones supuestamente ilegales de menores marroqu¨ªes hace 10 a?os.

No ser¨¢ la primera vez que Moro se siente en el banquillo. El ex delegado, que desempe?¨® el cargo durante siete a?os, ya fue condenado a dos a?os de prisi¨®n por la Audiencia Provincial el pasado mes de julio por "da?ar" la trayectoria profesional del magistrado Fernando Tes¨®n, precisamente presidente de ese ¨®rgano judicial en Ceuta.

El juicio que se celebrar¨¢ a partir de hoy es consecuencia de una denuncia presentada por tres agentes de la Polic¨ªa Local en noviembre de 1998 por la expulsi¨®n "ilegal" de menores marroqu¨ªes a su pa¨ªs de origen, sin garant¨ªas jur¨ªdicas.

Seg¨²n la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa (APDHA), los polic¨ªas han aportado "documentos, fotos y testimonios" que demuestran las expulsiones de menores en situaci¨®n de desamparo. Los agentes afirman que dichas actuaciones se llevaban a cabo siguiendo instrucciones de los mandos policiales y pol¨ªticos de la ¨¦poca. De ah¨ª que hayan resultado imputados el ex delegado del Gobierno y el entonces consejero de Gobernaci¨®n, Antonio Francia, tambi¨¦n del PP.

Los polic¨ªas que denunciaron las expulsiones aseguraron que los ni?os eran introducidos en veh¨ªculos policiales y trasladados al garaje de la Polic¨ªa Local. Se les tomaba la filiaci¨®n y eran trasladados a la frontera en un furg¨®n policial utilizado para la retirada de pescados y verduras decomisados en la venta ambulante.

La denuncia que presentaron estos agentes se volvi¨® contra ellos y fueron separados del servicio. La APDHA recuerda que "la Delegaci¨®n del Gobierno y la ciudad, en vez de investigar y tomar cartas en el asunto, comenzaron una campa?a de difamaci¨®n de estos polic¨ªas honestos y contra todas las ONG que divulgan estas actividades delictivas".

Seg¨²n APDHA, la tramitaci¨®n de la querella ha sido una carrera de obst¨¢culos, que incluy¨® desde el rechazo a las diligencias y pruebas solicitadas hasta la negativa a tomar declaraci¨®n a los imputados. Incluso fue impuesta a las organizaciones querellantes una fianza de 24.000 euros (unos cuatro millones de pesetas), una de las m¨¢s altas de la justicia espa?ola a una acusaci¨®n popular. Posteriormente, la Audiencia Provincial rebaj¨® de forma sustancial dicha fianza, al tiempo que iba aceptando los recursos interpuestos por el servicio jur¨ªdico de la APDHA contra el archivo y sobreseimiento del caso. La Audiencia orden¨® que siguieran las investigaciones.