Rajoy quiere obligar a los inmigrantes a firmar "un contrato de integraci¨®n"
El PP incluye "la higiene" entre las obligaciones para los extranjeros
El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunci¨® ayer que, si gana las elecciones del pr¨®ximo 9 de marzo, obligar¨¢ a los inmigrantes que deseen renovar sus permisos iniciales de residencia a firmar un "contrato de integraci¨®n". En el documento, los extranjeros deber¨ªan comprometerse "a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los espa?oles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad espa?ola y a regresar a su pa¨ªs si durante un tiempo no encuentran empleo".
El contrato tendr¨ªa "valor jur¨ªdico" y obligar¨ªa a aprender castellano
En concreto, tendr¨ªan que marcharse de Espa?a si no lograran trabajo en el a?o siguiente a la renovaci¨®n. Rajoy precis¨® que su "contrato" tendr¨¢ "valor jur¨ªdico", por lo que previsiblemente implicar¨ªa una nueva reforma de la Ley de Extranjer¨ªa.
A cambio del cumplimiento de ese contrato, el Gobierno de Rajoy conceder¨ªa a los inmigrantes "los mismos derechos y prestaciones que a un espa?ol", y se comprometer¨ªa "a ayudarles en su integraci¨®n y a respetar sus creencias y costumbres, siempre que no sean contrarias a las leyes espa?olas".
Aunque la f¨®rmula del contrato es in¨¦dita en Espa?a -s¨®lo Francia la ha adoptado-, la mayor¨ªa de los requisitos que propone Rajoy ya est¨¢n contemplados en la legislaci¨®n vigente. Por ejemplo, el Reglamento de la Ley de Extranjer¨ªa especifica que los extranjeros que quieren renovar los papeles deben acreditar que han cotizado a la Seguridad Social un m¨ªnimo de seis meses por a?o y que tienen una oferta de empleo firme. Si no, deben abandonar el pa¨ªs.
Entre las "costumbres de los espa?oles" que los inmigrantes deber¨ªan respetar, Rajoy mencion¨® la prohibici¨®n de la ablaci¨®n y el respeto a la igualdad de sexos, que ya est¨¢n tipificados en las leyes. Fuentes del PP a?adieron otras "costumbres" recogidas en las ordenanzas municipales, como "la higiene".
El l¨ªder del PP avanz¨® otros aspectos de su programa: no hacer m¨¢s regularizaciones masivas (durante su etapa como ministro del Interior regulariz¨® a 239.174 inmigrantes de una tacada) y aumentar el n¨²mero de expulsiones (en la ¨²ltima legislatura del PP ascendieron a 14.397, mientras que en los ¨²ltimos cuatro a?os se han incrementado hasta 40.787, un 183,3% m¨¢s). Tambi¨¦n reformar¨ªa la f¨®rmula de reagrupaci¨®n familiar para limitar esa v¨ªa de entrada de inmigrantes, y expulsar¨ªa de forma "inmediata" a los que hayan cometido delitos. Rajoy ya intent¨® ejecutar esa propuesta cuando era ministro del Interior en el Gobierno de Aznar, pero recibi¨® contundentes argumentos en contra, entre otros del Tribunal Supremo. La medida privaba a los extranjeros de la presunci¨®n de inocencia, libraba a los delincuentes de la c¨¢rcel y burlaba el derecho de las v¨ªctimas a ser resarcidas. En la actualidad, los extranjeros condenados son expulsados, pero despu¨¦s de cumplir sus penas de c¨¢rcel.
Una propuesta copiada de Sarkozy
El "contrato de integraci¨®n" que Mariano Rajoy har¨¢ firmar a los inmigrantes si el Partido Popular alcanza el Gobierno es una copia de un documento que el hoy presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, introdujo en la legislaci¨®n de su pa¨ªs en 2004, cuando era ministro del Interior.El contrato franc¨¦s exige a quien pide la residencia que se comprometa a respetar los valores de la Rep¨²blica Francesa, aprender la lengua y a respetar las leyes y a aceptar la igualdad entre hombre y mujer. Si se demuestra que ha incumplido ese contrato, que debe firmar junto a su solicitud, puede perder las ayudas sociales y, en los casos m¨¢s graves, incluso ser expulsado de Francia.Pa¨ªses como Alemania, Holanda o Reino Unido contemplan cursos o ex¨¢menes de idiomas, pero ninguno llega al extremo de recoger sus exigencias en un documento.En Espa?a, el contrato de Rajoy tiene un precedente en el programa de Converg¨¨ncia i Uni¨® para las elecciones auton¨®micas de 2006. CiU abog¨® por una ley para que los extracomunitarios accedieran a los permisos de residencia y de trabajo y a determinados servicios sociales en funci¨®n de su grado de integraci¨®n. La entonces consejera de Inmigraci¨®n de la Comunidad de Madrid, Luc¨ªa Figar, del PP, manifest¨®: "M¨¢s que una medida de integraci¨®n parece una cartilla de racionamiento de derechos humanos".
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