Ciudadanos y creyentes

La tensi¨®n entre la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica y el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero no es una reedici¨®n inevitable del secular problema religioso en Espa?a. Los obispos que han izado la bandera del integrismo no tienen su problema principal con el Estado, sino con su propio ascendiente moral sobre los fieles. Hace tiempo que la sociedad espa?ola ha vuelto la espalda a los c¨®digos de conducta que tratan de imponer algunos administradores de la fe, y la reacci¨®n de ¨¦stos resulta incongruente. En lugar de actuar de acuerdo con la radicalidad de su discurso y apartar de la Iglesia a los creyentes que recurren al divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual, pretenden que el Estado les evite el trabajo derogando esas leyes para todos los ciudadanos, sean creyentes o no.

La radicalizaci¨®n de un sector de la Conferencia Episcopal Espa?ola ha encontrado respaldo en las directrices que emanan del Vaticano. El papa Ratzinger no ha sabido compatibilizar su condici¨®n de ide¨®logo con la de jefe de Estado, al que, entre otras cosas, cabe exigirle un escrupuloso respeto a los dem¨¢s miembros de la comunidad internacional. Basta remitirse a los hechos: los encontronazos de Ratzinger no se limitan a Espa?a, sino que tambi¨¦n se extienden a Italia. Incluso a otros credos, como sucedi¨® con la fe musulmana despu¨¦s de su discurso de Ratisbona. Es in¨²til, por tanto, quejarse ante la Santa Sede por aquello que ella misma est¨¢ alentando.

Frente a los planteamientos de los obispos m¨¢s radicales, y del propio Vaticano, un Estado democr¨¢tico como el que establece la Constituci¨®n de 1978 debe reaccionar reafirmando la libertad religiosa, de manera que los espa?oles que profesan la fe cat¨®lica no se sientan bajo ninguna circunstancia en la tesitura de escoger entre su condici¨®n de creyentes y la de ciudadanos. Las instituciones les amparan en la profesi¨®n de su fe tanto como en el ejercicio de sus derechos civiles y pol¨ªticos. Pero un Estado democr¨¢tico debe reaccionar, al mismo tiempo, con una estrategia inequ¨ªvoca, acorde a la exigencia de aconfesionalidad y no sujeta a conveniencias electorales.

Ah¨ª es donde se observa una falta de rumbo en el Gobierno, al haber mantenido los Acuerdos de 1979, por un lado, y subir el tono de las declaraciones al final de una legislatura de concesiones, por otro. O al haber aprobado un discutible sistema de financiaci¨®n de la Iglesia para, despu¨¦s, amagar con que puede ser revisado si gana las elecciones. Tampoco el nebuloso silencio del Partido Popular es admisible. Mariano Rajoy ha dicho que no se pelear¨¢ con los obispos si gobierna. Nadie desea la confrontaci¨®n, pero lo que est¨¢ en juego es si ese objetivo se logra por la v¨ªa de defender la aconfesionalidad constitucional o por el de ceder a las pretensiones integristas de algunos obispos. Como aspirante a la presidencia del Gobierno, Rajoy no puede declinar el uso de la palabra en este asunto.