60 inmigrantes que denunciaron una estafa ven caducados sus permisos

Han pasado casi tres a?os y se encuentran pr¨¢cticamente igual. Lo ¨²nico que ha cambiado es que ma?ana empieza el primero de los juicios en el que que cinco personas, entre ellas dos abogadas, est¨¢n acusadas de estafarles, pero 60 inmigrantes no han recuperado el dinero que pagaron (m¨¢s de 38.000 euros en total) en 2005 por regularizar su situaci¨®n y la mayor¨ªa de ellos ver¨¢n que en marzo les caduca el permiso de residencia de un a?o que les concedieron por denunciar la estafa.

El caso tendr¨¢ dos juicios, el segundo de ellos la semana pr¨®xima

S¨®lo la perseverancia de la asociaci¨®n Harresiak Apurtuz ha propiciado que el caso no haya ca¨ªdo en el olvido. Primero present¨® una denuncia en diciembre de 2005 por lo ocurrido a principios de a?o a 60 inmigrantes: hab¨ªan pagado durante el proceso de regularizaci¨®n impulsado por el Gobierno central una media de 1.000 euros a empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo con el que regularizar¨ªan su situaci¨®n en Espa?a. La realidad es que se trataba de empresas sin medios materiales ni recursos o que se constituyeron poco antes del inicio de la regularizaci¨®n.

La investigaci¨®n permiti¨® descubrir cuatro redes de fraude: dos encabezadas por sendas letradas que contaron con la ayuda de dos socios cada una; la tercera, por una asesora, y la cuarta, una falsa ONG que abri¨® una oficina y desapareci¨®. Este ¨²ltimo caso ha sido el ¨²nico que qued¨® archivado.

Estos dos ¨²ltimos a?os han revelado, dice Harresiak Apurtuz, el "p¨¦simo funcionamiento del sistema institucional de protecci¨®n de estas personas". La polic¨ªa se limit¨® a recoger las denuncias y mandarlas al juzgado. En las diligencias figura una declaraci¨®n de una subinspectora de Trabajo a la que se le orden¨® acudir a la sede de una de las empresas implicadas. Toc¨® el timbre del portero autom¨¢tico y fue recibida por una persona que asegur¨® no conocer la empresa. Llam¨® por tel¨¦fono a otra persona y le cit¨® para una entrevista "y no compareci¨®". La subinspectora no realiz¨® entonces m¨¢s actuaciones. La Inspecci¨®n de Trabajo tuvo conocimiento en junio de 2005 de que una de las imputadas en la estafa no ten¨ªa "suficiente infraestructura" para la contrataci¨®n de 16 trabajadores e inform¨® a la Subdelegaci¨®n del Gobierno, pero no se hizo nada entonces. Consta en el sumario en un informe firmado por el jefe de la Inspecci¨®n de Trabajo Manuel Vel¨¢zquez el 23 de enero de 2007, un a?o y medio despu¨¦s de saberlo y poco despu¨¦s de que los inmigrantes acudieran al Parlamento vasco a denunciar su situaci¨®n.

Este informe propici¨® la concesi¨®n de un permiso de residencia temporal durante un a?o a los 60 denunciantes, que caduca el pr¨®ximo marzo. La ley de Extranjer¨ªa permite, en sus art¨ªculos 31 y 45, la regularizaci¨®n de la situaci¨®n de aquellos inmigrantes que denuncien ilegalidades. En estos casos no se ha aplicado.

Los inmigrantes han acudido a la Subdelegaci¨®n para la renovaci¨®n de su permiso. "Les han dicho que no tienen competencias" en asuntos de inspecci¨®n laboral y que es un asunto del Gobierno central. "S¨®lo les dicen que tramiten los papeles por la v¨ªa normal, salvo que consigan sentencias penales firmes", se?alan fuentes de la coordinadora.

El Colegio de Abogados tambi¨¦n es objeto de cr¨ªticas por no haber adoptado ninguna medida preventiva contra los dos letrados imputados. En el juicio que se inicia ma?ana, la Fiscal¨ªa pide cuatro a?os para una asesora por estafar 8.550 euros a nueve afectados. La pr¨®xima semana, ser¨¢ la segunda vista contra una abogada y un supuesto empresario por haber cobrado 29.920 euros de 39 inmigrantes.