Fuera de Guant¨¢namo
EE UU ganar¨ªa en estatura moral si los acusados del 11-S fueran juzgados en tribunales ordinarios
M¨¢s de seis a?os despu¨¦s de los atentados del 11-S, fiscales militares de EE UU han pedido la pena de muerte para seis presos de Guant¨¢namo por su supuesta vinculaci¨®n con aquel ataque. EE UU ganar¨ªa en estatura moral y jur¨ªdica, y en eficacia, si cerrara ese centro de detenci¨®n y juzgara a estos acusados en tribunales ordinarios. La serie de desprop¨®sitos y atropellos contra el derecho nacional e internacional ha hecho que s¨®lo un acusado por esos horribles atentados que costaron la vida a casi tres millares de personas haya sido juzgado hasta ahora. El sistema de comisiones militares, que no enmascara ni resuelve el limbo legal de Guant¨¢namo, no ha servido de nada. Y no resiste ni la m¨¢s m¨ªnima comparaci¨®n con el proceso por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que concluy¨® hace meses con todas las garant¨ªas y respeto de los derechos de los acusados.
El sistema de comisiones militares de Guant¨¢namo ni siquiera se asemeja en cuanto a garant¨ªas a las de un consejo de guerra. Se acusa a estas seis personas -entre ellas Jalid Sheij Mohamed, presunto arquitecto del 11-S y autor de la decapitaci¨®n del periodista David Pearl en Pakist¨¢n- de violaci¨®n de las leyes de guerra, entre muchos otros delitos, como conspiraci¨®n, asesinato y terrorismo. La guerra cuyas leyes han transgredido los terroristas se supone que es la global contra el terror declarada por Bush. Pero la misma existencia de Guant¨¢namo y las torturas con que se han obtenido las confesiones de los detenidos demuestran que tampoco su Administraci¨®n respeta las normas de las Convenciones de Ginebra.
Hamed Abderrahman Ahmed, espa?ol apresado en Guant¨¢namo y posteriormente extraditado a Espa?a, fue puesto en libertad al no considerar v¨¢lidas el Tribunal Supremo las pruebas obtenidas bajo presi¨®n. Hay otras detenciones y entregas extraordinarias (eufemismo para secuestros) practicados por EE UU que no se corresponden con el derecho internacional, por no hablar de la pena de muerte, injustificada a estas alturas y sometida a revisi¨®n en el Supremo de ese pa¨ªs. Pueden pasar a?os antes de que los acusados sean condenados, en un proceso que se ha convertido en un embrollo jur¨ªdico y que puede serlo tambi¨¦n pol¨ªtico. Pero no ser¨¢ Bush quien lo vea desde la Casa Blanca, sino quien le suceda.
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