L¨ªnea infranqueable

La Iglesia cat¨®lica es una instituci¨®n constitutivamente antidemocr¨¢tica. No puede dejar de serlo. De ah¨ª que su encaje en una sociedad que descansa en el principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica del poder no sea f¨¢cil. M¨¢s todav¨ªa cuando esa sociedad, como ha ocurrido con todas las europeas en general y de manera muy particular con la espa?ola, ha descansado durante siglos en el origen divino de la soberan¨ªa.

El principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica del poder mediante el ejercicio del derecho de sufragio en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos de ambos sexos no admite competidores. Es indiscutible y es, adem¨¢s, una regla que no admite excepci¨®n. La excepci¨®n es siempre contravenci¨®n de la regla. Cualquier decisi¨®n pol¨ªtica o cualquier norma jur¨ªdica tiene que tener una conexi¨®n con dicho principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica. Directa o indirecta, pero la conexi¨®n tiene que estar siempre presente. Si no existe, la decisi¨®n o la norma son anticonstitucionales, anticonstitucionales en el sentido profundo de ir contra el principio constitutivo del Estado.

El Estado no puede dejar de reaccionar ante la negaci¨®n de su legitimidad

Ciertamente, ese principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica tiene l¨ªmites en sus formas de manifestaci¨®n. No puede expresarse de cualquier manera, sino a trav¨¦s de los ¨®rganos y de los procedimientos que se establecen en la Constituci¨®n. Lo que tiene que ser decidido mediante ley org¨¢nica no se puede decidir mediante una ley ordinaria y las materias que est¨¢n vedadas al decreto-ley no permiten recurrir a esta figura normativa, etc¨¦tera.

Pero cuando se expresa a trav¨¦s de la forma constitucionalmente prevista, el principio de legitimaci¨®n democr¨¢tica no tiene m¨¢s l¨ªmite que el n¨²cleo esencial de los derechos fundamentales definido por el constituyente, n¨²cleo esencial que no es ni siquiera reformable mediante la revisi¨®n de la Constituci¨®n. No hay mayor¨ªa por muy amplia que sea que pueda privar a nadie del derecho a la libertad religiosa o a un proceso con todas las garant¨ªas.

Respetando estos l¨ªmites sustantivos y procesales, el Estado puede decidir lo que le parezca pertinente de acuerdo con el juego de la mayor¨ªa y minor¨ªa que resulte del ejercicio del derecho de sufragio en cada consulta electoral. Y la decisi¨®n que se adopte dispone de una presunci¨®n de legitimidad que no puede ser puesta en cuesti¨®n. Se podr¨¢ estar de acuerdo o se podr¨¢ estar en desacuerdo con ella, se la podr¨¢ criticar e incluso se podr¨¢ actuar con la finalidad de que dicha decisi¨®n sea revisada en el futuro. Pero lo que no se puede aceptar es que se discuta la legitimidad de los ¨®rganos estatales democr¨¢ticamente constituidos para decidir lo que han decidido. Y menos por los dirigentes de una instituci¨®n, como la Iglesia cat¨®lica, que carecen de cualquier tipo de legitimidad democr¨¢tica.

Nada hay que objetar a que la jerarqu¨ªa cat¨®lica ejerza los derechos constitucionalmente reconocidos y que organice manifestaciones, redacte escritos contra la pol¨ªtica general del Gobierno y de la mayor¨ªa parlamentaria en que se apoya e incluso que pida el voto para un partido pol¨ªtico, pero lo que no resulta admisible es que niegue la legitimidad del Parlamento y del Gobierno democr¨¢ticamente constituidos para adoptar las decisiones que han adoptado o para aprobar las normas jur¨ªdicas que estimen pertinentes.

La frontera entre la cr¨ªtica por la pol¨ªtica que se hace y la negaci¨®n de la legitimidad para hacer esa pol¨ªtica no puede ser traspasada o, mejor dicho, en el caso de que se traspase, tiene que ser respondida con firmeza por parte de la autoridad civil democr¨¢tica. El Estado tiene que aceptar que la jerarqu¨ªa cat¨®lica convoque manifestaciones contra el matrimonio homosexual, contra la educaci¨®n para la ciudadan¨ªa, contra la reforma de los estatutos de autonom¨ªa o contra la pol¨ªtica antiterrorista. Le podr¨¢ gustar m¨¢s o menos, pero el ejercicio de ese derecho es inobjetable.

Pero el Estado no puede dejar de reaccionar ante la negaci¨®n de su legitimidad para hacer pol¨ªtica de acuerdo con la voluntad manifestada por los ciudadanos a trav¨¦s del ejercicio del derecho de sufragio. Dejar de reaccionar es aceptar la negaci¨®n de su legitimidad, es dejar de ser lo ¨²nico que no puede dejar de ser.

Y esto es lo que ha hecho la Iglesia cat¨®lica a lo largo de toda la legislatura, pero de manera particularmente intensa al final de la misma, cuando estamos en puerta de las elecciones generales. De ah¨ª que no se pueda dejar de estar de acuerdo con la reacci¨®n del presidente del Gobierno ejemplificada con su encuentro con el nuncio. No se puede pasar lo que no se puede pasar.

Esa l¨ªnea de lo infranqueable no deber¨ªa haber sido necesario que tuviera que ser recordada, pero tal como se han puesto las cosas, no hab¨ªa m¨¢s remedio que hacerlo. Lo ¨²nico que cabe esperar es que no haya necesidad de volver a recordarlo.