Otra propuesta penal populista

La aprobaci¨®n, en 2000, de la Ley penal del Menor incorpor¨® a Espa?a al movimiento universal favorable al abordaje de la criminalidad juvenil desde una perspectiva centrada en prevenir futuros comportamientos delictivos. Los esfuerzos se dirigieron a desarrollar reacciones que procuraran la recuperaci¨®n del menor para la sociedad. La ley, adem¨¢s, marcaba un contraste con el hac¨ªa poco aprobado c¨®digo penal de 1995, incapaz de renovar de modo sustancial el sistema de penas y su ejecuci¨®n, como el paso del tiempo se ha encargado de mostrar. Nac¨ªa, adem¨¢s, en un contexto favorable: Apoyada por el conjunto de fuerzas pol¨ªticas, y con unas tasas de criminalidad de menores bajas, concentradas en los delitos patrimoniales. Por otro lado, las CC AA destinaron pronto significativos recursos a satisfacer las importantes responsabilidades de ejecuci¨®n que la ley les encomendaba.

Pronto se apreci¨® que no hab¨ªa voluntad pol¨ªtica de mantener sus postulados. Las reformas se han ido sucediendo desde antes de su entrada en vigor, impulsadas indistintamente por los dos partidos mayoritarios. Y todas ellas, sin excepci¨®n, han pretendido aproximar cada vez m¨¢s sus contenidos a los propios del derecho penal de los adultos. Sin embargo, en ning¨²n momento han concurrido factores objetivos que aconsejaran esas revisiones: La criminalidad de menores se ha mantenido en los niveles reducidos que acostumbraba, y las conductas violentas tienen una frecuencia e intensidad bajas en t¨¦rminos cuantitativos. A su vez, los ¨®rganos administrativos encargados de ejecutar las medidas sancionadoras, atendiendo a la demanda de la jurisdicci¨®n, han creado un sistema de reforma de menores que est¨¢ obteniendo altos grados de eficacia.

El que, pese a ello, se persista en propuestas securitarias para la delincuencia de menores muestra las dificultades con que tropieza la pol¨ªtica criminal para considerarse una pol¨ªtica p¨²blica m¨¢s. En contraste con lo que sucede con la pol¨ªtica econ¨®mica, sanitaria, educativa y tantas otras, la pol¨ªtica criminal, aunque persigue asegurar uno de los bienes sociales m¨¢s preciados, se formula desentendi¨¦ndose de la realidad sobre la que incide. La entidad y caracteres del problema social a tratar, los recursos disponibles y su efectividad, las evaluaciones a posteriori de los resultados obtenidos, son todos ellos conceptos prescindibles. Son las impresiones y sentimientos populares, las im¨¢genes transmitidas por los medios, y los c¨¢lculos electorales los que determinan las decisiones legislativas, factores aparentemente inmunes a cualquier an¨¢lisis racional del problema.

En ese contexto, una vez m¨¢s, se encuadra la propuesta pol¨ªtico-criminal que pretende rebajar la edad penal a los 12 a?os y obligar al ingreso en prisi¨®n del menor delincuente sometido a tratamiento en cuanto alcance los 18 a?os. Dif¨ªcilmente puede encontrarse una propuesta con mayor potencialidad para incrementar a medio plazo los niveles de criminalidad de los menores, mediante la correspondiente reducci¨®n a corto plazo de su pron¨®stico de reinserci¨®n social.

Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s es Catedr¨¢tico de Derecho Penal (Universidad de M¨¢laga)