Alerta de la ONU: el 'mobbing' se dispara

Al entrar en la corrala de la madrile?a calle del Ventorrillo es conveniente mirar al suelo. Los escombros y los cables dificultan el paso antes de llegar a la escalera de este edificio construido en 1907. Sin embargo, la que a primera vista parece una rutinaria obra de rehabilitaci¨®n acompa?a en realidad, desde hace 11 meses, el drama cotidiano de sus vecinos: 10 ancianas de entre 62 y 85 a?os que se resisten a abandonar las casas en las que nacieron o pasaron gran parte de su vida, pese a las presiones de la empresa que ha comprado la finca.

El gui¨®n se repite: primero tientan a los j¨®venes. Luego acosan a los mayores

La primera querella por 'mobbing' fue en 2003. Suman cientos desde entonces

El relator de la ONU denuncia a Espa?a como "una verg¨¹enza"

El Gobierno impulsa un proyecto contra el acoso de caseros en 10 municipios

Se trata de un episodio ejemplar de los cada vez m¨¢s frecuentes casos de mobbing inmobiliario que, sobre todo en los cascos antiguos de las grandes ciudades, reflejan una faceta de la especulaci¨®n privada que arraiga en los procesos de rehabilitaci¨®n urbana puestos en marcha por los ayuntamientos. De Madrid a Barcelona, pasando por M¨¢laga, o Canarias, la f¨®rmula suele ser muy parecida y cuenta con dos actores principales: los inquilinos titulares de contratos de alquiler de renta antigua o propietarios ancianos, y las inmobiliarias afectadas por la crisis del sector que pretenden aprovechar la rentabilidad de fincas ubicadas en los centros hist¨®ricos.

El fen¨®meno se ha extendido hasta llamar la atenci¨®n de Naciones Unidas, que ha realizado una inspecci¨®n en Bilbao, San Sebasti¨¢n, Almer¨ªa, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Las conclusiones de la visita del relator especial de asuntos de vivienda de la ONU, Miloon Kothari, se recogen en un informe que se presentar¨¢ el 10 de marzo en Ginebra y al que este peri¨®dico ha tenido acceso. El estudio de Kothari, destaca que "entre los muchos casos de mobbing analizados, muy pocos han sido perseguidos jur¨ªdicamente. El relator teme que este bajo porcentaje se debe a la vulnerabilidad de las v¨ªctimas y su dificultad para emprender una acci¨®n legal". "La especulaci¨®n ha tenido un impacto negativo", cuenta el relator de la ONU. Y pide a las autoridades protecci¨®n para mujeres, j¨®venes, discapacitados, personas mayores y gitanos, los grupos m¨¢s vulnerables ante los especuladores.

En 2007, s¨®lo en la capital catalana se detectaron m¨¢s de 200 casos, el doble que a?o anterior. Sin embargo, las autoridades son conscientes de encontrarse ante un fen¨®meno de dimensiones insospechadas, ya que los ¨²nicos acosos contabilizados son los que han sido denunciados ante un juez o una asociaci¨®n. Por esta raz¨®n, el Ministerio de Vivienda puso en marcha desde ayer un proyecto piloto para combatir esta forma de mobbing en 10 ayuntamientos. En L'Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gij¨®n, Denia, A Coru?a, Vitoria, Getafe, C¨®rdoba, Elche y Las Palmas se activ¨® un tel¨¦fono gratuito de atenci¨®n ciudadana, que cuenta con personal especializado para atender a los afectados por estas pr¨¢cticas.

Sin embargo, la mayor¨ªa de ciudades se enfrentan solas al problema. En Barcelona se cre¨® hace tres a?os una oficina de atenci¨®n a los afectados; C¨¢diz abri¨® en 2006 un servicio de atenci¨®n al inquilino. Pero muchas veces son las organizaciones de voluntarios las que suelen prestar m¨¢s ayuda. "S¨®lo es una cuesti¨®n de voluntad", destaca Marina Par¨¦s, presidenta del Servicio Europeo de Informaci¨®n sobre Mobbing (Sedisem). "Hemos llegado a esta situaci¨®n porque las leyes del mercado han acabado regulando el derecho de los ciudadanos a la vivienda. Pero combatir el asedio inmobiliario es posible, porque la justicia lo castiga". Es verdad. Desde que, en 2003, se presentara la primera querella por este tipo de mobbing y despu¨¦s de las primeras victorias legales de unos inquilinos de Getxo, cada vez son m¨¢s los afectados que se animan a acudir a un abogado. El Gobierno catal¨¢n, adem¨¢s, aprob¨® en diciembre de 2006 una nueva ley de vivienda que persigue a los propietarios que practiquen mobbing, a los arrendadores de los llamados pisos "patera" y, en general, a los que especulen con viviendas vac¨ªas. A los primeros, se les puede sancionar administrativamente, en casos muy graves, con multas de hasta 200.000 euros.

Pero volvamos ahora a Madrid, donde el caso de las llamadas "abuelas de Ventorrillo" no ha tardado en llegar a los tribunales. Lo cuenta Luisa Mart¨ªn, de 82 a?os, en su pisito de menos de 20 metros cuadrados repartidos entre una diminuta cocina y una habitaci¨®n con un v¨¢ter de motor instalado junto a la cama. "Ahora tengo miedo", repite una y otra vez mientras repasa su vida. Luisa lleg¨® a la corrala en plena Guerra Civil. All¨ª ha vivido con sus padres, sus t¨ªos, sus sobrinos e hijos, y, desde hace d¨¦cadas es titular de un contrato de alquiler de renta antigua por el que paga cada mes 75 euros. Sin embargo, en 2005 su destino cambi¨®. Al fallecer al antiguo propietario del inmueble, la finca fue adquirida primero por una inmobiliaria, y despu¨¦s por el grupo Sistema 23.

Hace un a?o, Luisa y sus vecinas Adelaida Salas, Juanita Fern¨¢ndez, Ernestina Salcedo, Mar¨ªa Jes¨²s Tebar, que convive con un marido enfermo e imposibilitado a levantarse de la cama, recibieron una carta de los nuevos propietarios, que les requer¨ªan dejar el piso "vac¨ªo, expedito, libre de enseres" en un plazo de algunos meses. ?Las alternativas? "Me dijeron que pod¨ªa ir a una residencia", cuenta Luisa. A otros inquilinos les ofrecieron unos 12.000 euros, aseguran. Pero a?ade con ojos vivaces: "de aqu¨ª no me voy". Y es que ni ella ni las otras vecinas abandonaron sus casas -as¨ª lo hicieron otros inquilinos, en su mayor¨ªa j¨®venes, extranjeros o llegados hace pocos a?os-, por lo que Sistema 23 present¨® unas denuncias por desahucio. Desde la inmobiliaria aseguran, en cambio, haber ofrecido a los inquilinos titulares de contratos de renta antigua suspender temporalmente el arrendamiento y trasladarse a otras viviendas ofrecidas por la empresa durante las obras de rehabilitaci¨®n. Pero seg¨²n el abogado de Luisa Mart¨ªn, Jos¨¦ Antonio Fern¨¢ndez, a su asistida no se le dio esa oportunidad. "La cuesti¨®n es encontrar una soluci¨®n intermedia. Entiendo que las empresas tengan que hacer negocios, aunque tambi¨¦n considero importante tener en cuenta el factor humano", explica Fern¨¢ndez.

En la capital o en Barcelona, en Bilbao o en Tenerife, tras los centenares de casos de mobbing inmobiliario se esconden historias de miedo, miserias y prevaricaciones. Una viuda catalana de 75 a?os que disfrutaba de un contrato de alquiler indefinido desde 1936 con una renta mensual de 40 euros se vio coaccionada a abandonar su casa voluntariamente, renunciando a la indemnizaci¨®n que por ley le hubiera correspondido. Una pareja de ancianos propietarios de Murcia vendi¨® su vivienda por la mitad del precio de mercado a una inmobiliaria despu¨¦s de meses de asaltos cotidianos. Se trata de casos reales y denunciados. Y es que tambi¨¦n los propietarios sufren mobbing, aunque en medida menor. El gui¨®n se repite m¨¢s o menos igual. Una empresa interesada en una finca intenta convencer primero a los residentes m¨¢s j¨®venes, ofreci¨¦ndoles sumas de dinero interesantes. Cuando ya s¨®lo quedan los propietarios mayores, se intensifica la presi¨®n hasta casi coaccionarles a vender sus pisos a la baja.

Un caso ejemplar de este tipo se inici¨® en Getxo, en 2003. Para los vecinos de la casa de Tangora, una finca de cinco plantas repartido en tres viviendas, en el barrio de Neguri, los problemas empezaron cuando un empresario compr¨® el piso intermedio e intent¨® hacerse con el edificio entero. Los residentes del primer piso se negaban a vender, as¨ª que el empresario cedi¨® su casa a una familia gitana de 30 miembros. Los otros vecinos presentaron m¨¢s de 50 denuncias por amenazas, robos o inundaciones, hasta que un juez dict¨® medidas cautelares contra los acusados por mobbing, oblig¨¢ndoles a desalojar los imputados.

As¨ª se desarrolla el trabajo de algunos promotores o propietarios, que por esta raz¨®n se han ganado el triste apodo de asustaviejas. Uno de ellos, calificado por el Defensor del Pueblo como el peor acosador inmobiliario del casco antiguo de M¨¢laga, lleg¨® a cortar el agua de algunos vecinos despu¨¦s de que el Ayuntamiento llevara a cabo algunas obras de mejora en su inmueble.

Pr¨¢cticas de este tipo son precisamente las que registr¨® hace un a?o el relator especial para la Vivienda de Naciones Unidas Miloon Kothari. Si entonces declar¨® que "el estado del mobbing inmobiliario en Espa?a es particularmente grave y representa una verg¨¹enza para el pa¨ªs ya que no se registran casos tan graves en otras regiones del mundo desarrollado", ayer Kothari destac¨® que, junto con el acoso inmobiliario, la falta de viviendas de protecci¨®n oficial, la necesidad de promover el mercado de alquiler y el alto porcentaje de fincas vac¨ªas son otros de los problemas que hay que resolver.

El informe de la ONU revela adem¨¢s que, en un pa¨ªs en el que todav¨ªa quedan m¨¢s de 300.000 contratos de alquiler de renta antigua (en su mayor¨ªa contra¨ªdos por personas ahora mayores), la crisis inmobiliaria no s¨®lo est¨¢ magnificando de alguna manera el fen¨®meno del mobbing, sino que afecta a las franjas de poblaci¨®n m¨¢s j¨®venes. Pero ¨¦sta es otra historia. Mientras tanto, Luisa Mart¨ªn y otros centenares de ancianos siguen luchando por su cruzada particular: "vivir como en los ¨²ltimos 72 a?os. Con poco, pero con dignidad". Hasta ahora, lo ha conseguido.