La convulsi¨®n urban¨ªstica

En la legislatura que acaba de terminar la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas se propuso cerrar los pilares normativos sobre los que se debe sustentar el desarrollo urban¨ªstico de Andaluc¨ªa en los pr¨®ximos a?os: Plan de Ordenaci¨®n del Territorio de Andaluc¨ªa (POTA) y planes subrregionales en las principales ¨¢reas urbanas, a los que se sum¨® despu¨¦s la iniciativa de una ley sobre el derecho a la vivienda.

El camino se hab¨ªa iniciado en la legislatura anterior, con la aprobaci¨®n de la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa (LOUA), la primera normativa de suelo auton¨®mica en 20 a?os de autogobierno, que entr¨® en vigor en enero de 2003. Tras las auton¨®micas de 2004, el presidente de la Junta renov¨® mandato al frente de Obras P¨²blicas a Concha Guti¨¦rrez del Castillo con la encomienda de completar el dibujo de la ordenaci¨®n territorial.

B¨¢sicamente se trataba de dise?ar una planificaci¨®n que garantice crecimientos urban¨ªsticos dotados siempre de infraestructuras y servicios p¨²blicos precisos y que no agoten los recursos naturales.

Del empe?o han surgido fricciones y la legislatura ha resultado convulsa, quiz¨¢ porque como sostiene un conocido urbanista los tiempos de expansi¨®n inmobiliaria no son propicios para la planificaci¨®n, porque hay muchos intereses en juego, por m¨¢s que nadie crea que los ritmos de crecimientos eran sostenibles.

El empe?o de la Consejer¨ªa de Obras Publicas ha causado de hecho muchas fricciones, especialmente a causa del POTA, aprobado en diciembre de 2006 e impugnado por varias asociaciones empresariales. La Confederaci¨®n de Empresarios de Andaluc¨ªa (CEA) lleg¨® a acusar a la Junta de deslealtad por romper la concertaci¨®n social. Y en el frente pol¨ªtico, el PP ha declarado un combate con el que persigue la derogaci¨®n del POTA.

La CEA se quejaba de que la norma m¨¢s trascendente del POTA no fue consultada en la mesa de concertaci¨®n social como el conjunto del documento -fue introducida en el tr¨¢mite parlamentario por iniciativa de IU-.

Se trata de la famosa norma 45 que determina que la Junta no aprobar¨¢ planes de ordenaci¨®n urbana municipales que contemplen en ocho a?os un crecimiento del 30% de la poblaci¨®n existente o del 40% del suelo urbano actual.

La norma fue sumando rechazos, de alcaldes de todo color pol¨ªtico, incluida IU, y incluso de urbanistas que comparten filosof¨ªa con la Junta. Se le achacaba a la norma adem¨¢s de ser injusta por establecer un mismo l¨ªmite para situaciones muy dispares, que imped¨ªa crecer a municipios peque?os.

Finalmente, hace menos de un mes, el Consejo de Gobierno de la Junta aprob¨® una rebaja de los l¨ªmites para los municpios mayores de 10.000 habitantes, que podr¨¢n crecer entre el 40% y el 60% en poblaci¨®n, y eliminar los suelos industriales del c¨®mputo para calcular el 40% tope de nuevos suelos urbanos.

Fue una medida previamente pactada por la Junta con la Federaci¨®n de Municipios y Provincias (FAMP) y la CEA y que permiti¨® aprobar el Plan de la Vivienda que contempla el compriso de las partes a construir 700.000 nuevas casas en 10 a?os, 300.000 de ellas de VPO.

No es ni mucho menos el primer cambio normativo en esta convulsa legislatura. En 2005 se aprob¨® la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, que reformaba algunos apartados de la LOUA apenas a los dos a?os de entrar en vigor. Esta norma extendi¨® la obligaci¨®n de destinar el 30% de los nuevos suelos en desarrollo a VPO a todos los municipios, sea cual sea su ntama?o. Uno de los puntos m¨¢s pol¨¦micos fue la prohibici¨®n a los ayuntamientos a disponer del dinero que recaudan por anticipado de convenios urban¨ªsticos hasta que no est¨¢n aprobados definitivamente los planes que garanticen que la actuaci¨®n acordada es viable.

Tambi¨¦n los planes subrregionales han motivado fricciones entre la Junta y los ayuntamientos. El de la Costa del Sol Occidental por ejemplo ha sido impugnado por dos alcaldes socialistas, los de Mijas y Estepona. Todos adem¨¢s van con retraso, y esta circunstancia junto a los sucesivos cambios de las normas a aplicar son usados como excusa por los ayuntamientos para no haber adaptado a¨²n sus planes urban¨ªsticos a la LOUA aprobada hace cinco a?os, proceso que apenas han iniciado un tercio de municipios.

Para la nueva legislatura queda mucha tarea sobre la mesa.