Inmigrantes y contratos electoralistas

Es ciertamente saludable que en Espa?a dejemos de una vez de limitar el debate sobre inmigraci¨®n a uno acerca de c¨®mo frenar la llegada de flujos no deseados. Es saludable que empecemos por fin a plantearnos las oportunidades y los retos que plantea la integraci¨®n de los inmigrantes que ya est¨¢n y presumiblemente van a permanecer entre nosotros. Lo que no es tan saludable, sin embargo, es que este debate se plantee a pocos d¨ªas de unas elecciones generales, y que lo haya inaugurado una propuesta de "contrato de integraci¨®n" de tan dudosa legitimidad y eficacia como la que ha lanzado el Partido Popular. La ¨²nica forma sensata de abrir este di¨¢logo es plantearse previamente cu¨¢l debe ser el objetivo detr¨¢s de una pol¨ªtica de integraci¨®n, algo que a su vez requiere aclarar lo que entendemos por el concepto mismo de integraci¨®n. Este, me temo, es un ejercicio que la reciente propuesta de contrato de integraci¨®n no refleja.

?Cu¨¢les son las costumbres espa?olas: la paella, la siesta, ir a misa los domingos, el f¨²tbol...?

Nuestro sistema se ha mostrado muy reacio a extender el sufragio local a los no comunitarios

Ve¨¢moslo cl¨¢usula a cl¨¢usula, como buenos juristas. El invento consistir¨ªa en exigir a los extranjeros que soliciten un permiso inicial de residencia o su renovaci¨®n que firmen un documento en el que se comprometen a cumplir las leyes, a respetar las costumbres espa?olas, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad espa?ola y a regresar a su pa¨ªs si durante un tiempo no encuentran empleo. Que se llame a la disposici¨®n o, peor a¨²n, a la obligaci¨®n de retornar al pa¨ªs de origen a quien no encuentra trabajo "cl¨¢usula de integraci¨®n" es una broma de mal gusto, salvo que entendamos que la integraci¨®n buscada no lo es en el pa¨ªs de destino sino en el de origen. Todo lo dem¨¢s se reduce a una pura declaraci¨®n de intenciones.

Espa?a, seg¨²n esta propuesta, quiere que sus inmigrantes prometan que van a ser buenos y a cumplir con sus obligaciones legales, como si el rigor de la ley que se les aplica a ellos, como a todos los dem¨¢s, no fuese suficiente garant¨ªa de que as¨ª ser¨¢ y s¨ª lo fuese, en cambio, la promesa misma. Espa?a quiere que sus inmigrantes prometan que est¨¢n dispuestos a convertirse en verdaderos espa?oles. Pero ?cu¨¢les son las verdaderas costumbres espa?olas: comer paella, escuchar flamenco, ir a misa los domingos, echar la siesta, ser aficionado al f¨²tbol, conocer el himno patrio?

En realidad, aunque los inventores del contrato se empe?en en confundir a la opini¨®n, la ¨²nica medida espec¨ªfica de integraci¨®n que se ha venido introduciendo desde finales de los noventa en algunos pa¨ªses europeos consiste en la obligaci¨®n de aprender o seguir cursos de aprendizaje del idioma (entre 200 y 500 horas en Francia, unas 600 en Alemania) o de orientaci¨®n c¨ªvica (6 horas en Francia, 30 en Alemania). Qui¨¦n los debe sufragar, o si es mejor que tengan car¨¢cter obligatorio o voluntario, o si deben imponerse como requisito previo a la entrada, al otorgamiento de un permiso de residencia o a la obtenci¨®n de la ciudadan¨ªa, son asuntos objeto de discusiones entre las distintas fuerzas pol¨ªticas. Lo que, sin embargo, ninguno de estos pa¨ªses ha hecho es exigir y conformarse con una declaraci¨®n de intenciones ling¨¹¨ªsticas.

Pero tal vez esta falta de concreci¨®n de la propuesta del PP no sea tampoco casual. Superarla hubiera conducido, en nuestra Espa?a querida, a otros debates peliagudos de dudosa rentabilidad electoral -?hacemos que aprendan castellano, catal¨¢n, euskera; repartimos las horas; en qu¨¦ porcentaje?-, debates que no hacen sino recordarnos que el reto de la integraci¨®n de la diferencia empieza con los que ya estamos y que es uno al que, hasta ahora, no hemos sabido dar en Espa?a una soluci¨®n compartida.

El inter¨¦s por la integraci¨®n de inmigrantes no ha sido patrimonio exclusivo de ninguna fuerza pol¨ªtica en ninguno de los pa¨ªses europeos con mayor tradici¨®n de inmigraci¨®n. No lo debe ser tampoco en el nuestro. Despu¨¦s de todo, la adecuada integraci¨®n de inmigrantes en las sociedades de acogida plantea un reto de verdaderas dimensiones constitucionales cual es asegurar que una sociedad, cada vez m¨¢s plural, en sentido ¨¦tnico, religioso y cultural, conserve un grado de cohesi¨®n m¨ªnima para garantizar no s¨®lo la convivencia pac¨ªfica en el marco de instituciones y valores constitucionales compartidos, sino tambi¨¦n la empat¨ªa y solidaridad como ingredientes esenciales de un Estado social de derecho al¨¦rgico a cualquier forma de estratificaci¨®n.

Esta visi¨®n de la integraci¨®n y de los desaf¨ªos que plantea es la que subyace en los Principios comunes fundamentales en aras de un marco com¨²n europeo para la integraci¨®n de ciudadanos no comunitarios, aprobados por el Consejo Europeo de Ministros de Justicia e Interior del 19 de noviembre de 2004. De acuerdo con tales principios, la integraci¨®n ha de ser entendida como un proceso din¨¢mico, a doble v¨ªa, de acomodaci¨®n rec¨ªproca por parte de inmigrantes y nacionales. Dicho proceso requiere garantizar la participaci¨®n de inmigrantes en el mercado de trabajo as¨ª como dar visibilidad a la importancia de su contribuci¨®n en dicho mercado. Facilitar que los inmigrantes adquieran el conocimiento b¨¢sico de las instituciones del pa¨ªs de acogida y, sobre todo, de su(s) lengua(s) es tambi¨¦n esencial para que puedan establecer lazos personales interculturales o disfrutar en igualdad de condiciones de las oportunidades del mercado laboral. Asegurar un adecuado acceso a la red de bienes y servicios p¨²blicos y privados, sin discriminaci¨®n de tipo alguno, incluyendo los relacionados con la salud y la vivienda, son factores igualmente cr¨ªticos, como tambi¨¦n lo es procurar la existencia de foros compartidos de interacci¨®n y di¨¢logo intercultural y una educaci¨®n que d¨¦ a conocer las culturas y las creencias religiosas que conviven en la sociedad de acogida. Los mencionados principios aluden tambi¨¦n a la conveniencia de fomentar la participaci¨®n de los inmigrantes en el proceso democr¨¢tico en general, y en la formulaci¨®n de las pol¨ªticas de integraci¨®n, en particular.

Desde esta perspectiva, no resulta dif¨ªcil identificar algunas de las muchas preguntas que ciudadanos y pol¨ªticos con un inter¨¦s genuino en la cuesti¨®n debi¨¦ramos estar plante¨¢ndonos.

?Son suficientes nuestras actuales pol¨ªticas de lucha contra el racismo y la discriminaci¨®n en una sociedad en la que los usos m¨¢s comunes del lenguaje dan fe de la persistencia de una cantidad de prejuicios acerca del otro? ?Qu¨¦ se est¨¢ haciendo en nuestras aulas para preparar a nuestros hijos a funcionar en la sociedad multicultural en la que van a vivir ellos y sus descendientes? ?Podemos decir que encuentran los fieles de creencias religiosas minoritarias un ambiente propicio cuando, por ejemplo, la apertura de mezquitas es causa de protestas generalizadas en distintos puntos de nuestra geograf¨ªa? Y no estar¨ªa de m¨¢s tampoco preguntarnos por la suficiencia de cauces de participaci¨®n ciudadana en un sistema que, como el nuestro, sobrepasa con creces la media europea en t¨¦rminos de a?os de residencia como condici¨®n de acceso a la nacionalidad o que, a diferencia de otros muchos, se ha mostrado persistentemente reacio a extender el sufragio local a los residentes permanentes no comunitarios. Todas estas ser¨ªan preguntas que servir¨ªan para evaluar, as¨ª fuese en tono cr¨ªtico, la suficiencia de la pol¨ªtica de integraci¨®n del gobierno actual.

Pero, claro, muchas de estas preguntas requieren para ser planteadas una modestia cultural y un esp¨ªritu de autocr¨ªtica que, electoralmente hablando, venden poco. Y lo que es peor, pueden requerir inversiones p¨²blicas que, electoralmente hablando, tambi¨¦n venden poco, y, seg¨²n a qui¨¦n, todav¨ªa menos. Es mucho m¨¢s f¨¢cil entonces sacarse de la chistera un invento de ingenier¨ªa de la integraci¨®n, al que legalmente vestimos de contrato, cuya virtud, en el mejor de los casos, es su total inutilidad, y que, en el peor, ahonda los males que uno imaginar¨ªa quisiera curar.

Ruth Rubio Mar¨ªn es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.