Recusaci¨®n contundente

Durante la legislatura reci¨¦n concluida, el PP emprendi¨® una peligrosa maniobra de desestabilizaci¨®n del Tribunal Constitucional (TC) con el prop¨®sito de deshacer a su favor la situaci¨®n de empate dentro del tribunal; a la vez, los populares lograban encastillarse en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -donde eran mayoritarios- mediante el indefinido retraso de la renovaci¨®n del mandato de sus miembros vencido desde finales de 2006. El auto del TC del pasado 12 de marzo, que acepta la recusaci¨®n del Gobierno contra los magistrados Garc¨ªa Calvo y Rodr¨ªguez-Zapata en el recurso de inconstitucionalidad del PP sobre la ley de 24 de mayo de 2007 modificadora de la vieja ley org¨¢nica de 1979 del propio tribunal, es una batalla estrepitosamente perdida por los populares en esa tediosa guerra.

El auto del TC del 12 de marzo es una batalla perdida estrepitosamente por los populares

Las hostilidades comenzaron con la desleal celada tendida en febrero de 2007 al magistrado P¨¦rez Tremps, recusado para conocer el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Catalu?a. El burdo pretexto buscado por los magistrados de la mayor¨ªa para quitarse de encima a ese molesto colega fue su trabajo acad¨¦mico sobre la acci¨®n exterior y la participaci¨®n europea en la perspectiva de una eventual reforma estatutaria -todav¨ªa en el aire, incluso como proyecto- encargado por el Instituto de Estudios Auton¨®micos a P¨¦rez Tremps siete meses antes de ser nombrado magistrado del TC. El probable objetivo de la incre¨ªble cacicada era asegurarse una resoluci¨®n favorable al PP -el tribunal tiene doce miembros- en el recurso sobre el Estatuto de Catalu?a.

A la vista de esa maliciosa maniobra, el Gobierno temi¨® que el vencimiento, el 16 de junio de 2007, del mandato de tres a?os como presidenta del TC de Mar¨ªa Emilia Casas fuese aprovechado para sustituirla, pese a que hasta ese momento el Pleno hubiese prorrogado las presidencias hasta la siguiente renovaci¨®n parcial del tribunal (esta vez correspondiente al Senado y prevista en teor¨ªa -incumplida- para diciembre). La presidencia del TC es clave porque dispone de voto de calidad decisorio en caso de empate y fija el orden del d¨ªa. El proyecto en tr¨¢mite para la reforma parcial de la Ley del Tribunal Constitucional de 1979 -aprobado finalmente el 24 de mayo de 2007- fue enmendado para que la pr¨¢ctica de la costumbre de la pr¨®rroga presidencial fuese sustituida por el cumplimiento de la norma. Los magistrados Garc¨ªa-Calvo y Rodr¨ªguez-Zapata montaron en c¨®lera, escribieron el 22 de junio una carta incendiaria a la presidenta Casas y ratificaron en el Pleno de 4 de julio su disconformidad, incurriendo en la causa de recusaci¨®n prevista por el art¨ªculo 219. 10 de la Ley del Poder Judicial, tal y como el TC acaba de establecer. El PP interpuso el 27 de julio recurso de inconstitucional contra dos preceptos de la ley de 24 de mayo de 2007, incluida la pr¨®rroga presidencial. La presidenta Casas y el vicepresidente Jim¨¦nez presentaron innecesariamente su abstenci¨®n, que el Pleno se apresur¨® a endosar el 27 de septiembre. El Gobierno pidi¨® el 19 de octubre la recusaci¨®n de Garc¨ªa-Calvo y Rodr¨ªguez-Zapata en el recurso de inconstitucionalidad del PP. En un movimiento desesperado, el PP solicit¨® el 26 de octubre la recusaci¨®n en el mismo pleito de los magistrados Arag¨®n, P¨¦rez Tremps y Sala (sobre la base de una noticia falsa publicada la v¨ªspera por el diario El Mundo), rechazada de forma rotunda por el TC, que acaba de aceptar, en cambio, las de Garc¨ªa-Calvo y Rodr¨ªguez-Zapata por bien fundadas.

?Podr¨¢ la nueva legislatura solucionar los conflictos que est¨¢n arruinando el prestigio de una instituci¨®n b¨¢sica del Estado de derecho? La primera tarea de las Cortes una vez constituidas deber¨ªa ser la renovaci¨®n por el Senado con la mayor¨ªa exigida de los tres quintos de la C¨¢mara -implica el acuerdo del PSOE y el PP- de los cuatro miembros del TC cuyo mandato ya venci¨® el pasado mes de diciembre: la presidenta Casas, el vicepresidente Jim¨¦nez y los magistrados Rodr¨ªguez-Zapata y Conde. La anunciada dimisi¨®n de Zaplana como portavoz del grupo parlamentario y la eventual merma de los omn¨ªmodos poderes del diputado Astarloa para hacer mangas y capirotes como experto en temas jur¨ªdicos del PP en el Congreso pueden facilitar las cosas.

De esta forma, no s¨®lo se cumplir¨ªa la ley sino que se desatar¨ªa uno de los nudos que han venido trabando el funcionamiento del TC por culpa del recurso de inconstitucionalidad del PP (y del juego de recusaciones subsiguientes) contra la pr¨®rroga autom¨¢tica de la presidencia introducida por la ley org¨¢nica de 24 de mayo de 2007 a fin de que su titular contin¨²e en el cargo hasta la siguiente renovaci¨®n parcial del tribunal. Una vez designado el tercio de sustituci¨®n del TC correspondiente al Senado y nombrada la nueva presidencia, el inventario de problemas al menos cambiar¨¢ de p¨¢gina.