Marbella pide aplazar la ejecuci¨®n de 60 fallos urban¨ªsticos

La escena se ha repetido en 60 ocasiones. El Ayuntamiento de Marbella ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) que aplace la ejecuci¨®n de 60 sentencias que afectan a viviendas ilegales de la ciudad, ampar¨¢ndose en que es mejor esperar a la aprobaci¨®n del nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), para ver si esas construcciones tienen cabida y no son necesarias las temidas demoliciones.

La Junta apoya la decisi¨®n municipal de esperar a que se apruebe el PGOU

Hasta el momento, la postura del Ayuntamiento ha sido secundada por la Junta de Andaluc¨ªa, administraci¨®n que denunci¨® las irregularidades y la que solicit¨® la ejecuci¨®n de sentencia en muchas de las ocasiones. De hecho, el equipo redactor del PGOU ya propuso regularizar 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por el que los promotores aportan de su bolsillo los terrenos para zonas verdes y equipamientos esquilmadas a sus vecinos en los ¨²ltimos 15 a?os.

"La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha aceptado nuestra petici¨®n en cuatro ocasiones", declararon ayer a Europa Press fuentes municipales. La situaci¨®n se ha dado cuando todas las partes implicadas est¨¢n de acuerdo en dejar en suspenso la sentencia, como en el caso de la nave de materiales de construcci¨®n la Juanita, levantada sobre una zona de equipamiento y condenada a ser expropiada.

Los problemas llegan con la entrada en escena de intereses de particulares cuyas casas han perdido vistas o zonas de recreo por las viviendas ilegales.

Entre ellas est¨¢ la comunidad de propietarios Los Monteros, que reclama la ejecuci¨®n de una sentencia que implicar¨ªa la demolici¨®n de parte de la vivienda que el actor Antonio Banderas tiene a pie de playa en Marbella. La licencia de obra, otorgada en 1995, ha sido anulada porque parte de la construcci¨®n ocupa una zona destinada a equipamientos.

En este caso, como en el resto, el Ayuntamiento marbell¨ª ha pedido tiempo al TSJA, mientras que la comunidad de propietarios se ha negado a aplazarlo m¨¢s. "No se puede dejar la ejecuci¨®n de una sentencia a un plazo indeterminado teniendo en cuenta que ni siquiera se han resuelto las alegaciones que se han realizado en su aprobaci¨®n inicial", opina la abogada Inmaculada G¨¢lvez, letrada de la comunidad de propietarios, en su escrito. "El Ayuntamiento tendr¨ªa que haber marcado un plazo m¨¢ximo para su cumplimiento", a?ade.

En su lucha para que el Consistorio no dilate m¨¢s la ejecuci¨®n, los vecinos de Los Monteros han denunciado ante la Fiscal¨ªa al equipo de gobierno de ?ngeles Mu?oz (PP). Estos residentes creen que la negativa de la alcaldesa a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo plan urban¨ªstico constituye un delito de prevaricaci¨®n.

En su denuncia, los vecinos hac¨ªan notar que en la delegaci¨®n de Urbanismo no se hab¨ªa movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolici¨®n de una parte del chal¨¦ de Banderas

El ministerio p¨²blico todav¨ªa tiene que resolver si acepta otra denuncia similar que Ecologistas en Acci¨®n present¨® contra el Ayuntamiento en diciembre. En esta ocasi¨®n tambi¨¦n se acusaba al equipo Mu?oz de supuesta prevaricaci¨®n administrativa al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por las distintas corporaciones del GIL entre julio de 1991 y marzo de 2006.

Los vecinos de Arroyo Guadalp¨ªn tambi¨¦n batallan por conseguir que se ejecuten los fallos urban¨ªsticos. Desde junio reclaman que se cumpla una sentencia firme que anula la licencia del edificio Jardines del Pr¨ªncipe porque sobrepasa la edificabilidad. Su lucha comenz¨® en 1.999 al ver que el edificio les quitaba las vistas.