La Fiscal¨ªa del TS apoya el recurso a los aparcamientos

La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo acord¨® ayer, por unanimidad, tramitar el recurso de casaci¨®n impulsado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Alicante contra el archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de la causa por el supuesto trato de favor del alcalde de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi, del PP, al contratista Enrique Ortiz en la adjudicaci¨®n de tres aparcamientos subterr¨¢neos. El pronunciamiento del ministerio p¨²blico del Supremo se produce a ra¨ªz de una queja planteada por su hom¨®logo de Anticorrupci¨®n a la negativa del TSJ a tramitar la apelaci¨®n. El futuro del recurso queda ahora pendiente del visto bueno de los jueces del alto tribunal.

De esta forma, los fiscales del Supremo avalan la tesis del destacamento de Anticorrupci¨®n de Alicante, que dirige Felipe Briones. ?ste, en contra del criterio del TSJ, considera que jur¨ªdicamente s¨ª cabe el recurso de casaci¨®n. Briones cree que el escrito de razonamiento del magistrado instructor, el titular del Juzgado n¨²mero 8 de Alicante, al remitir la causa al TSJ debido al aforamiento de uno de los imputados, en este caso el alcalde Alperi, equivale a un auto de procesamiento. Ello lleva impl¨ªcito un hipot¨¦tico recurso de casaci¨®n en el supuesto de que sea archivado, sin la pr¨¢ctica de diligencia alguna, como ocurri¨® con la resoluci¨®n del TSJ. Este tribunal archiv¨® la causa primero de manera provisional, mediante un auto de un magistrado instructor. La resoluci¨®n fue ratificada despu¨¦s, en concreto el 22 de febrero, por la sala de lo Civil y Penal del TSJ.

Adem¨¢s del alcalde y el promotor, en el sumario estaban imputados tambi¨¦n la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el ex concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Tr¨¢fico, Luis Concepci¨®n, todos ellos acusados de los supuestos delitos de prevaricaci¨®n administrativa, tr¨¢fico de influencias, apropiaci¨®n indebida, falsedad y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Las investigaciones arrancaron en 2006, tras las denuncias sobre modificaciones en el contrato de tres aparcamientos subterr¨¢neos a favor de la empresa Ortiz e Hijos, que habr¨ªan supuesto al Ayuntamiento un quebranto econ¨®mico de m¨¢s de 2,2 millones de euros.

Felipe Briones sostiene que la "amistad personal y familiar" entre el alcalde y el contratista fue "fundamental" en el supuesto trato de favor del primero al segundo al adjudicar el contrato.