Hay responsables

El error judicial que permiti¨® a Santiago del Valle, presunto asesino de la peque?a Mari Luz Cort¨¦s, seguir en libertad tras la condena por abusos sexuales a su propia hija es de tal calibre que ning¨²n poder del Estado puede dejar de sentirse concernido. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia estaban obligados, incluso si no se lo hubiera pedido el padre de la ni?a, a dar garant¨ªas de que se "llegar¨¢ al fondo" en la investigaci¨®n de la cadena de errores que precedieron a su asesinato. Y no menos obligado a ello estaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco J. Hernando, de quien depende directamente la inspecci¨®n de los jueces y en buena medida el normal funcionamiento de juzgados y tribunales.

Que el conjunto de poderes e instituciones del Estado se sientan interpelados no puede llevar, sin embargo, a una diluci¨®n de responsabilidades, de modo que todo quede en una especie de Fuenteovejuna en el que por ser todos culpables en abstracto, nadie lo sea concretamente. Pero s¨ª hay personas e instituciones responsables de graves errores judiciales.

La Comisi¨®n Permanente del Consejo del Poder Judicial decidi¨® extender la investigaci¨®n al magistrado que tard¨® casi tres a?os en redactar la sentencia que conden¨® al presunto asesino de Mari Luz por abusos sexuales a su hija, y no s¨®lo al titular del juzgado que no la ejecut¨®. Es sobre todo en el ¨¢mbito del sistema judicial donde deben buscarse los responsables directos del desaguisado, m¨¢s all¨¢ de los discursos recurrentes sobre la falta de medios en la justicia.

Lo que se echa en falta en la cadena de errores que lleva a que Santiago del Valle siga en libertad tras su condena es la m¨¢s elemental diligencia y atenci¨®n a sus obligaciones por parte de los jueces intervinientes en el proceso. Y roza la desfachatez que el juez encargado de hacer ejecutar la condena contra Del Valle pretenda derivar la culpabilidad de su negligencia hacia una funcionaria en baja laboral, olvidando que, como titular del juzgado, es a ¨¦l a quien corresponde garantizar su correcto funcionamiento.

Pero esa responsabilidad alcanza tambi¨¦n de manera directa al Consejo General del Poder Judicial, encargado de vigilar y en su caso sancionar "la desatenci¨®n o el retraso injustificado y reiterado en la iniciaci¨®n, tramitaci¨®n o resoluci¨®n de los procesos y causas". La inspecci¨®n llevada a cabo hace apenas cuatro meses en el juzgado en cuesti¨®n fue incapaz de detectar el terrible fallo que se comet¨ªa en esos momentos.

Alguien del Consejo tendr¨ªa que responder de ese incomprensible resultado, que demuestra que adem¨¢s de los jueces fallaron los mecanismos de control. Pero no hay visos de asunci¨®n de responsabilidad institucional alguna por parte de un Consejo que en su an¨®malo mandato -casi 17 meses en funciones- ha mostrado tanto inter¨¦s por el matrimonio homosexual o por el Estatuto catal¨¢n y tan poco por el buen funcionamiento de la justicia.