"Los juzgados son reinos de taifas"

Todo es nuevo, amplio, reluciente en el Palau de Justicia de Benidorm. Luminoso el vest¨ªbulo que comunica con las salas de audiencias forradas de madera; funcionales los despachos, amplios los accesos. Un lujo si se compara con la modesta sede provisional de los Juzgados de Navalcarnero, un pueblecito convertido en ciudad-dormitorio a una treintena de kil¨®metros de Madrid. Aqu¨ª los techos son bajos, los pasillos estrechos, los despachos tienen ventanas ciegas y no hay sitio para la gente que espera.

Pero el envoltorio no debe enga?ar. En Benidorm y en Navalcarnero, partidos judiciales ambos que engloban una poblaci¨®n estable de entre 120.000 y 150.000 habitantes, los problemas de la justicia espa?ola son los mismos que en la mayor¨ªa de los 3.000 juzgados diseminados por todo el pa¨ªs: lentitud y burocracia exasperante para hacer frente a un flujo de casos judiciales que aumenta en progresi¨®n geom¨¦trica. Y, sobre todo, una completa desconexi¨®n entre cada una de estas oficinas altamente especializadas. Lo dice Rom¨¢n Huertas, secretario del Juzgado Penal n¨²mero 2 de Benidorm. "Cada juzgado va por libre. Esto es un reino de taifas". De forma que los casos que se tramitan en uno son ignorados totalmente por los dem¨¢s.

En Benidorm se cubri¨® una vacante de funcionario con un ex empleado de Mercadona

Benidorm, con 12 juzgados debido a la enorme poblaci¨®n flotante, y Navalcarnero, con cuatro, no son excepciones. Son partidos judiciales que reflejan la realidad inc¨®moda de una justicia en estado comatoso.

?Qui¨¦n tiene la culpa de todo esto? "Preg¨²ntele al ministro. Preg¨²ntele qui¨¦n est¨¢ interesado en que la justicia no funcione. Mire, en cambio, qu¨¦ bien funciona Hacienda", dice casi con furia uno de los trabajadores del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Navalcarnero. "Lo que nos falta son medios econ¨®micos y humanos. Los interinos que vienen de las bolsas de trabajo del INEM no saben muchas veces ni teclear en un ordenador. No han o¨ªdo hablar de procedimientos, de autos ni de diligencias. Es necesario que esta gente reciba un cursillo por lo menos antes de trabajar en un juzgado".

La misma rabia contenida se detecta en muchos de sus compa?eros. Y la misma desconfianza. Ninguno quiere dar su nombre ni aparecer en las fotograf¨ªas y todos tienen claro que la ¨²nica raz¨®n de que la justicia est¨¦ en fase terminal es de los pol¨ªticos y de los Gobiernos que no han destinado los medios necesarios para sacar de la UVI a esta enferma. El desinter¨¦s a la hora de cubrir las vacantes, que a veces tarda meses en producirse, ser¨ªa la mejor prueba.

En el Juzgado Penal n¨²mero 2 de Benidorm se escucha la misma letan¨ªa. Rom¨¢n Huertas, su secretario, no ha olvidado a¨²n al ex empleado de Mercadona que les enviaron para cubrir una vacante. Cuesta trabajo creer que el reponedor de un supermercado pueda pasar de un d¨ªa para otro a manejar con soltura expedientes judiciales. Aunque aquel trabajador se fue, las siete funcionarias que trabajan en este juzgado son interinas tambi¨¦n. ?Por qu¨¦ no hay ning¨²n funcionario titular aqu¨ª? "No quieren sitios tan conflictivos", explica una de ellas.

Benidorm, capital tur¨ªstica de la Costa Blanca, donde corre el dinero a raudales, y donde abunda la delincuencia de guante blanco, es un hervidero de querellas, delitos y faltas. Cada uno de los dos juzgados penales ronda los 800 asuntos de registro judicial al a?o. Demasiados, seg¨²n el propio gobierno de los jueces que aconseja no superar los 450.

"Necesitar¨ªamos otros dos juzgados penales m¨¢s", advierte la titular del n¨²mero 2, Marta Chumillas. Y basta echar una ojeada alrededor para comprenderlo. Cajas repletas de carpetas con autos, sentencias, documentos judiciales se apilan por todas partes, como si la oficina judicial fuera un improbable dep¨®sito.

Hay pruebas de convicci¨®n medio embaladas a un lado, rodeadas tambi¨¦n de montones de carpetas con post-it, con notas, con las fechas escritas en rotulador negro o rojo.

Al ritmo de trabajo actual (aunque algunas funcionarias han decidido hacer horas extra), las causas pendientes de hace tres o cuatro a?os seguir¨¢n envejeciendo a buen ritmo. Sobre todo porque las armas para lidiar con esos asuntos son las mismas que hace un siglo.

Como otros servicios p¨²blicos, la justicia se est¨¢ informatizando, pero nadie sabe cu¨¢ndo llegar¨¢ el momento en que se ponga en marcha algo tan ¨²til como el expediente electr¨®nico. Un recurso perfecto que pondr¨ªa una informaci¨®n de m¨¢xima importancia al alcance de todos los juzgados en un tiempo m¨ªnimo. Pero el expediente electr¨®nico a¨²n est¨¢ lejos.

"La justicia tiene una estructura decimon¨®nica. No surgi¨® con la mentalidad de ser un servicio p¨²blico", reconoce el secretario Huertas. Est¨¢ pendiente de una reestructuraci¨®n. "Desde 2003 no ha habido acuerdo pol¨ªtico para abordar los cambios", dice. Y los cambios parecen cada vez m¨¢s urgentes. A Huertas se le llevan los demonios cuando piensa que los ordenadores del juzgado tienen procesadores Pentium 4 [tecnolog¨ªa ya muy superada], con memorias insuficientes, que prolongan insoportablemente la tarea de incorporar las sentencias o las diligencias a este soporte electr¨®nico. "Llevamos dos a?os pidiendo una actualizaci¨®n de los sistemas operativos sin conseguirlo", se lamenta este secretario.

Por su cuenta y riesgo, Huertas ha creado una p¨¢gina web donde cuelga las sentencias. Por supuesto, es un blog. No tiene nada de oficial. El ministerio no acepta otra cosa que papel, aunque los jueces tienen reconocida la firma electr¨®nica. Y las copias de las sentencias se env¨ªan por riguroso correo convencional. Conclusi¨®n: incorporar los antecedentes a un expediente penal lleva entre dos y cuatro meses de tiempo.

La juez Chumillas se encontr¨® el mismo jueves con un viejo conocido en uno de los juicios que celebr¨®. Era un delincuente al que ella misma hab¨ªa condenado con sentencia firme un mes antes. Pero esa condena no figuraba en el expediente del caso, donde s¨®lo constaba un antecedente.

A la hora de dictar la nueva sentencia, de un a?o y seis meses de prisi¨®n, la juez mencion¨® de pasada la posibilidad de una sustituci¨®n de la pena de prisi¨®n, pero con poca convicci¨®n. "Con tantos antecedentes no es posible", confesaba despu¨¦s. "Pero si no hubiera sido porque le conden¨¦ yo misma, no habr¨ªa tenido medio de saberlo", reconoc¨ªa.

Las jueces de los Juzgados mixtos n¨²meros 3 y 4 de Navalcarnero procuran ordenar sus agendas para evitar errores. La del Juzgado n¨²mero 4, por ejemplo, tiene programados los juicios civiles los martes y jueves, mientras lunes y viernes los destina a la toma de declaraciones. Luego est¨¢n las guardias que se alternan entre todas las jueces del partido judicial, cada una siete d¨ªas seguidos.

"La gente cree que nuestro trabajo es igual que en las pel¨ªculas americanas que ve en televisi¨®n", dice la juez decana de Navalcarnero, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3, Teresa Abad. "Y nada m¨¢s lejos. Nosotras somos personas normales, con nuestras familias, nuestras preocupaciones y nuestros problemas". Ella es una persona normal que estudi¨® Derecho y tard¨® seis a?os en aprobar una oposici¨®n "dur¨ªsima". ?Era esto lo que esperaba de la judicatura? Abad reconoce que no del todo, aunque la vocaci¨®n sigue intacta. "Tengo presente lo que me dijo uno de mis profesores, 'no olvides que detr¨¢s de cada expediente hay una persona".

Muchas personas, ciertamente, a juzgar por las monta?as de carpetas que se apilan en su juzgado, bajo el ep¨ªgrafe de "monitorio", o ejecutorias en tr¨¢mite, o juicios de falta o atestados de tr¨¢fico. Una carpeta de diligencias previas por "falsedad documental y delito societario", que descansa sobre una de las mesas, suma 150 folios.

Los jueces se quejan de que los cambios en el C¨®digo Penal no han hecho m¨¢s que judicializar un poco m¨¢s la convivencia social y aumentarles el trabajo. Un juzgado "de pueblo", como el de Navalcarnero, se ocupa de una variedad enorme de problemas. Entre otras cosas porque hace tiempo que esta ciudad-dormitorio, que palpita al ritmo de Madrid, ha dejado de ser un pueblo. El casco antiguo, armonioso y bien cuidado, ha sido rodeado por un cintur¨®n de nuevas construcciones. Igual que la veintena de municipios comprendidos en este partido judicial.

"Tenemos un nivel de trabajo inaccesible, y estamos sometidos a una tensi¨®n brutal", dice la juez, mientras se dispone, ella misma, a enviar un fax. "Es un fax del decanato y como yo tengo dos manos, prefiero hacerlo por mi cuenta y no ped¨ªrselo a los funcionarios que est¨¢n sobrecargados de trabajo".

A los juzgados de Navalcarnero llegan las causas que se generan en Xanad¨², un centro comercial y de ocio visitado por 10 millones de personas al a?o, y las incapacitaciones que se originan en las 120 residencias de ancianos de la zona. Por no hablar de los casos que nacen de la creciente morosidad, o de los delitos de tr¨¢fico.

Ninguno de estos asuntos es tan absorbente y primordial, sin embargo, por imperativo legal, como la violencia de g¨¦nero, de la que se ocupa el Juzgado n¨²mero 3. Este viernes de abril ya ha entrado un caso, aunque la v¨ªctima no quiere presentar denuncia. Teresa Abad cree que estos asuntos, muchos de ellos sangrantes, no son materia judicial. "Estamos ante un problema social y cultural muy grave", dice, "los jueces no podemos hacer mucho". Y sin embargo, los casos por violencia de g¨¦nero llenan las salas de audiencias en todo el pa¨ªs.

Tres de los 11 juicios programados por la juez de Benidorm, Marta Chumillas, para la ma?ana del jueves, entran en este apartado. En una de las vistas, la v¨ªctima ha retirado los cargos y ha negado las agresiones que denunci¨® en su d¨ªa. La fiscal no oculta su contrariedad. Piensa en los costes y en el tiempo perdido, de lo que no anda precisamente sobrada nuestra justicia.

La juez Chumillas se muestra comprensiva, sin embargo. La justicia espa?ola es garantista y compasiva y eso est¨¢ bien. Pese a las dificultades, las incomprensiones y la falta de medios, ella afronta su trabajo desde esa perspectiva de servicio p¨²blico, aunque en el d¨ªa a d¨ªa abundan las experiencias ingratas. "Los jueces tenemos una conciencia clara de lo vitales que son los asuntos que tenemos entre manos. La libertad de una persona es una cuesti¨®n muy importante", subraya. Todo lo es. Toda la sociedad pide justicia. El que ha sufrido un robo y el que ha sido atropellado, o el que reclama un dinero impagado. ?Responde la justicia a estas expectativas? Parece claro que no.

El secretario Huertas recuerda a un comerciante de Benidorm que despu¨¦s de sufrir una treintena de atracos ha dejado de acudir a los juicios. A las dificultades de buscar a otra persona para atender el negocio se a?ad¨ªa la insignificancia de la indemnizaci¨®n que se le otorgaba, "siempre en consonancia con los medios del condenado". La ¨²nica vez que consigui¨® asistir a la vista, el acusado no se present¨®.

El secretario judicial del Juzgado Penal n¨²mero 2 de Benidorm no tiene duda de que este caso ilustra el de muchos otros ciudadanos, v¨ªctimas no s¨®lo de los delincuentes, sino de la propia justicia.