H¨¢gase justicia

Encarna la sordidez de la condici¨®n humana: de ni?o, abus¨® de su hermana menor; de mayor, hizo lo propio con su propia hija, pero aunque fue condenado por ello, jam¨¢s ingres¨® en prisi¨®n. La vida miserable de Santiago del Valle (1965) -inv¨¢lido desde su juventud, diagnosticado de esquizofrenia y malviviendo de una pensi¨®n p¨²blica- est¨¢ tachonada de felon¨ªas parecidas, y acaba en el horror m¨¢s que probable del asesinato de otra ni?a de cinco a?os de edad. Ahora bien, en este pa¨ªs, como en cualquier otro medianamente vivible, no linchamos a los presuntos violadores y asesinos de ni?as, sino que los entregamos a la justicia. Entonces ¨¦sta act¨²a, normalmente, mejor que peor. Pero, esta vez, lo ha hecho mal, la verdad: en 2002, un juez penal, titular de un juzgado de Sevilla, conden¨® a Del Valle por el abuso de la hija; la sentencia fue revisada en apelaci¨®n por una Audiencia Provincial que no se enter¨® de que un juzgado distinto ya hab¨ªa condenado a Del Valle por otro abuso y adem¨¢s tard¨® casi tres a?os en devolver la resoluci¨®n, revisada y confirmada, al juzgado originario; ¨¦ste, a su vez, fall¨® a la hora de controlar la ejecuci¨®n de la sentencia; el Consejo General del Poder Judicial inspeccion¨® al primer juzgado, pero no encontr¨® problemas graves; la Junta de Andaluc¨ªa tiene sus propios criterios sobre sustituci¨®n de funcionarios en situaci¨®n de baja, pero, al parecer, ¨¦stas no son cosas que suela solucionar con premura.

El 'caso Mari Luz' ha revelado fallos estructurales que se arrastran desde hace d¨¦cadas

A los pol¨ªticos no les resulta rentable poner manos a la obra en la reforma de la justicia

Aqu¨ª parece haberse equivocado todo el mundo varias veces. Y, hablando de justicia, no parece que la resaca del desastre deba recaer s¨®lo sobre el primer juez, un profesional que tiene bien ganada fama de competente, aunque ni est¨¢ especializado como gestor ni es inmune al error. ?Qu¨¦ est¨¢ pasando aqu¨ª? y, sobre todo, ?qu¨¦ remedios pueden ponerse al problema?

Vamos a ver: la justicia es un servicio que se diferencia esencialmente de otros -privados o p¨²blicos- que funcionan bastante bien o mucho mejor: el director de cualquier agencia bancaria se entera en minutos si el cliente que se sienta al otro lado de su mesa tiene sus cuentas en orden, en ¨¦sta u otra sucursal a mil kil¨®metros de distancia, y entonces act¨²a en consecuencia; la Agencia Tributaria sabr¨¢ si este diario me ha pagado el art¨ªculo que ustedes tienen en sus manos mucho antes de que yo prepare mi declaraci¨®n de renta. De hecho, ustedes se f¨ªan de su banco de toda la vida y tienden a cumplir con la Agencia, pues ni el uno ni la otra gastan bromas, ni acostumbran a cometer errores de bulto. Algo parecido sucede con las pensiones p¨²blicas: Santiago del Valle cobraba regularmente la suya, quiero creer, aunque no para bien.

La justicia funciona peor. A medio camino, estar¨ªan la sanidad y la educaci¨®n. Pero ?por qu¨¦ la justicia es la cenicienta de los poderes p¨²blicos?

Esencialmente, porque, en primer lugar, a la justicia acudimos -o nos llevan- d¨¢ndonos a todos los diablos: si tenemos raz¨®n, porque no nos la han dado voluntariamente; y si carecemos de ella, porque los jueces, que no suelen errar, no nos la van a dar. En cambio, los ciudadanos vamos confiados al banco. Al Fisco, no tanto, por supuesto, pero el Estado se lo toma tan en serio que ha creado la Agencia Tributaria, una instituci¨®n propia, magn¨ªficamente dotada de recursos humanos bien pagados y de medios materiales -en particular, inform¨¢ticos- de ¨²ltima generaci¨®n.

En segundo lugar, la justicia no da votos a los pol¨ªticos y cuesta dinero al Estado: cada d¨ªa de un preso en la c¨¢rcel cuesta m¨¢s que el del hu¨¦sped en un hotel digno a pensi¨®n completa.

Tercero, a la justicia le imponemos prioridades cambiantes, con frecuencia, introducidas convulsamente y, sobre todo, sin pararnos a pensar en que las cosas no se hacen solas: hacer aprobar una ley es sencillo, el problema es aplicarla; modificaciones legislativas sobre juicios r¨¢pidos, juzgados de violencia de g¨¦nero, desahucios expr¨¦s o delitos de tr¨¢fico no cambian por s¨ª solas la realidad, del mismo modo que nadie puede circular sobre el plano de una carretera todav¨ªa no construida.

En cuarto lugar, nuestros pol¨ªticos han sido literalmente decepcionantes: hace menos de una d¨¦cada, los dos grandes partidos de este pa¨ªs firmaron un Pacto sobre la justicia esperanzador. Yo recuerdo haberme pasado casi un a?o coescribiendo un informe de Dios sabe cu¨¢ntas p¨¢ginas -estaba hipervinculado con cientos de sitios externos- sobre propuestas muy concretas, pero enseguida las dos formaciones pol¨ªticas se crisparon, el pacto se agri¨® y no hubo manera.

Pero remedios, haberlos, haylos. Aparte los expedientes y sanciones, en cadena y perfectamente predecibles, lo primero que hay que hacer es reconocer que el fallo es estructural, no coyuntural: en Espa?a hay cientos de miles de sentencias pendientes de ejecuci¨®n y, en particular, en el ¨¢mbito de la jurisdicci¨®n penal, urge un sistema inform¨¢tico ¨²nico y centralizado que permita a cada juzgador, a cada oficina judicial, conocer al instante la situaci¨®n procesal de cada caso, qu¨¦ cuentas podr¨ªa tener pendientes con la justicia la persona que el juez tiene ante s¨ª. Insisto: si lo han podido hacer la banca o la Agencia Tributaria, lo puede hacer la justicia espa?ola. No en un d¨ªa, pero s¨ª en pocos a?os, dos o tres, a lo sumo. Al respecto, advierto que el juego de competencias cruzadas entre Estado y Comunidades Aut¨®nomas no ayudar¨¢, pero aqu¨ª, los pol¨ªticos del uno y de las otras han de dar la cara o afrontar las consecuencias cuando ocurra el pr¨®ximo desastre.

Luego, la ejecuci¨®n puede, no sin alguna dificultad, atribuirse a funcionarios especializados, bien formados y coordinados: es antes un tema de gesti¨®n que de jurisdicci¨®n. Esto que reclamo aqu¨ª no es balad¨ª: un juez penal puede condenar a un alcoh¨®lico, que se conforma con la sentencia, por conducir ebrio y, a las tres semanas, encontrarse con el mismo conductor reincidiendo en id¨¦ntica situaci¨®n, pero sin que todav¨ªa el Registro Central de Penados y Rebeldes haya registrado la primera condena. Esto tiene remedio.

Antes de acabar, perm¨ªtanme unas l¨ªneas sobre remedios que no son tales, sobre lo que no toca hacer, pero que, mucho me temo, m¨¢s de uno propondr¨¢: modificar de nuevo el C¨®digo Penal, agravar las penas, mover los papeles -que todo lo aguantan- sin cambiar las organizaciones de personas y medios: uno de los casos pendientes ante el Tribunal Supremo Federal norteamericano m¨¢s candente es, sin duda alguna, Kennedy v. Louisiana. En algunos estados de la Uni¨®n, sus respectivos c¨®digos penales prev¨¦n la posibilidad de imponer la pena capital a acusados de haber violado a un menor de cierta edad, doce a?os en Luisiana, y el Tribunal Supremo habr¨¢ de resolver si la pena de muerte es o no constitucional. Naturalmente, en Espa?a, nadie propone ninguna salvajada semejante, pero hay una clara convergencia en ambas orillas del oc¨¦ano Atl¨¢ntico sobre la oportunidad pol¨ªtica de responder a las urgentes demandas ciudadanas de dureza creciente y extrema con los pederastas asesinos. Pero eso no es lo primero, ni, probablemente, lo conveniente.

Apremia, en cambio, ponerse a aplicar efectivamente el derecho que ya tenemos, a hacerlo efectivamente, es decir, hay que conseguir que las sentencias se dicten en tiempo y forma y que, enseguida, se ejecuten puntualmente. Las m¨¢s de las veces, bastar¨¢ con hacer cumplir la ley que existe en lugar de hacer aprobar una nueva para, dicho sea de paso, ondear los papeles del BOE, todav¨ªa calientes, en telediarios, m¨ªtines electorales y conferencias de prensa. El trabajo duro y discreto de asignar recursos humanos y materiales a agilizar la aplicaci¨®n de la ley es prioritario. Pero como no se ve, no renta, no da votos, no genera resultados inmediatos, queda por hacer. H¨¢gase justicia aplicando la ley que tenemos. ?Tarea de dioses? No lo creo: bastan hombres y mujeres de buena voluntad. H¨¢gase, pues, la luz.

Pablo Salvador Coderch es catedr¨¢tico de Derecho Civil de la Universitat Pompeu Fabra.