Es hora de pactar, se?or¨ªas

Lo m¨¢s importante de las elecciones del 9 de marzo ha sido la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema pol¨ªtico, traducida en una alta participaci¨®n electoral. Como en ocasiones anteriores, al barruntar la posibilidad de una crisis en su estabilidad, la gente ha acudido m¨¢s a las urnas, y no se ha dejado arrastrar, como en otros pa¨ªses, por el pesimismo abstencionista. Una muestra de la salud del sistema democr¨¢tico en Espa?a es el hecho de que la mayor¨ªa de las personas estiman que su voto decide efectivamente los dilemas. Posiblemente, el recurso a las urnas para superar el desaf¨ªo del golpismo y del terrorismo etarra en los a?os ochenta est¨¢ en el origen de esa confianza en las elecciones, lo que constituye algo muy valioso.

Salir investido presidente tan s¨®lo con sus propios votos s¨®lo puede ser ventajoso para Zapatero

Convertir el Senado en C¨¢mara territorial facilitar¨ªa la soluci¨®n de diferencias entre comunidades

El resultado electoral ha servido para comprobar que el Estado constitucional no est¨¢ en crisis, y que goza de un apoyo homog¨¦neo en todas las Comunidades Aut¨®nomas, por lo que en esto, efectivamente, el pueblo espa?ol aparece como naci¨®n pol¨ªtica, poniendo una vez m¨¢s en crisis las teor¨ªas de un Estado artificial, c¨¢rcel de las nacionalidades. Los partidos que se identificaban con la Constituci¨®n de 1978, y que en todo caso, propon¨ªan su reforma en congruencia con sus principios b¨¢sicos, han mantenido o incrementado sus apoyos electorales, mientras que los partidarios de abrir un nuevo proceso constituyente han perdido, incluso dram¨¢ticamente, votos.

Me parece que el solvente balance electoral de CiU, en comparaci¨®n con otras formaciones nacionalistas, debe tener relaci¨®n con su identificaci¨®n originaria con la Constituci¨®n, cosa que la coalici¨®n nacionalista catalana hizo recientemente visible cuando enmend¨® el Estatut, junto con otros partidos, para adaptarlo al ordenamiento constitucional. En contraste, la intenci¨®n de desbordar el actual marco constitucional con planes o propuestas para reconocer m¨²ltiples soberan¨ªas en Espa?a se ha saldado negativamente.

Partidos que en 1978 no aprobaron el texto constitucional, 30 a?os despu¨¦s llegaron a pensar que era posible abrir un nuevo proceso constituyente, contra toda evidencia hist¨®rica. Porque si en ese tiempo Espa?a se ha convertido en uno de los pa¨ªses m¨¢s flexibles y din¨¢micos de la Uni¨®n Europea, ser¨ªa sumamente extra?o que el mismo Estado constitucional que lo ha posibilitado, resulte lo contrario en orden a garantizar el autogobierno regional, y m¨¢s espec¨ªficamente, el de las nacionalidades, donde los partidos nacionalistas son relevantes.

A diferencia de hace cuatro a?os, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero no va a recibir sus votos para acceder a la presidencia del Gobierno. Mientras los distintos nacionalistas se ubican en este escenario nuevo, el presidente Zapatero no obtiene sino ventajas al salir elegido con sus propios votos.

Con la elecci¨®n de los nuevos representantes y del nuevo Gobierno, es l¨®gico que el debate sobre los problemas comience con la cuenta a cero. Dada la ferocidad de las acusaciones de la oposici¨®n durante la pasada legislatura, la idea de empezar con una estrategia diferente, como se adivina por los nombramientos y advertencias de Rajoy, encontrar¨¢ resistencias. Aunque el liderazgo de Rajoy tenga continuidad como persona, el sentido profundo de una elecci¨®n democr¨¢tica, implica la superaci¨®n del discurso del pasado. Esta capacidad de renovaci¨®n de las ideas, aunque permanezcan las personas, nos sit¨²a en el n¨²cleo de la cultura pol¨ªtica liberal: el adversario no es un enemigo, en contra de lo que sosten¨ªa Carl Schmitt, el m¨¢s sistem¨¢tico cr¨ªtico del liberalismo, cuyas teor¨ªas han inspirado las estrategias informativas de los neoconservadores norteamericanos, as¨ª como sus equivalentes medi¨¢ticos espa?oles, responsables de la crispaci¨®n. Si se produce un distanciamiento de la oposici¨®n de Rajoy de esas influencias del pasado, parece razonable suponer que su reacci¨®n, si ¨¦sta tiene lugar, ser¨¢ contemplada por los dem¨¢s partidos, como un desaf¨ªo a la autonom¨ªa de la pol¨ªtica democr¨¢tica.

Estas consideraciones de moral pol¨ªtica podr¨¢n ser aplicadas porque las circunstancias las hacen necesarias. Durante la campa?a electoral, los electores han manifestado su cansancio y su irritaci¨®n por el clima de desquiciamiento pol¨ªtico. Adem¨¢s, la diferente coyuntura econ¨®mica obligar¨¢ a los actores pol¨ªticos a innovar sus actitudes. El discurso pol¨ªtico tendr¨¢ que abrirse paso gracias a su coherencia, y en una fase en la que el gasto p¨²blico no podr¨¢ como antes atender a todos los problemas, el establecimiento de prioridades volver¨¢ a ser el elemento b¨¢sico con el que los ciudadanos valorar¨¢n la credibilidad de l¨ªderes y programas.

En los momentos m¨¢s aciagos de la anterior legislatura se ha a?orado el consenso. Convendr¨ªa que ese t¨¦rmino tuviese una precisi¨®n conceptual, pues a veces es un refugio para que el disenso sea sofocado, algo da?ino para la democracia. Ahora me interesa apuntar que el consenso tiene en el liberalismo que procede de David Hume y otros autores anglosajones sus primeros desarrollos. Es lo opuesto al jacobinismo, que en su sentido amplio significa imponer los criterios, bien porque tienen raz¨®n, bien porque son verdaderos. Dos apuntes m¨¢s: nuestra transici¨®n no fue jacobina, y por el contrario, el neoconservadurismo (y asimilados) s¨ª lo ha sido.

De acuerdo con este an¨¢lisis, el consenso es un clima previo de convivencia pol¨ªtica, en el que no cabe el concepto schmitiano de enemigo, y que desde la perspectiva de la adopci¨®n de acuerdos, significa que con ese proceder se resuelven problemas por el concurso de una gran mayor¨ªa, dado que cada corriente ideol¨®gica, fracas¨® anteriormente al intentarlo por separado. Esto supone que el consenso comprende unos pocos y aquilatados asuntos, siendo muy conveniente que el debate y el disenso aumenten en las C¨¢maras parlamentarias. Es decir, lo contrario de la anterior legislatura.

El terrorismo y el desarrollo del Estado auton¨®mico son claramente dos apartados necesitados de consenso. Y poco m¨¢s: incluso la pol¨ªtica sobre la Uni¨®n Europea requiere en todo caso un previo e intenso debate para incrementar nuestra conciencia sobre algo tan decisivo para nosotros.

Pero en la anterior legislatura no s¨®lo no existi¨® acuerdo alguno sobre esos dos temas delicados, sino que tampoco el disenso existente ocasion¨® una respuesta institucional adecuada. Se moviliz¨® a la poblaci¨®n contraria a la negociaci¨®n con ETA y se propusieron extra?as consultas nacionales para impedir la aprobaci¨®n del Estatut, y sin embargo, no se recurri¨® a la moci¨®n de censura, cosa que con un nivel de discrepancia menor hicieron Felipe Gonz¨¢lez y Antonio Hern¨¢ndez Mancha.

Tal vez las reformas constitucionales previstas para la pasada legislatura encuentren ahora el necesario consenso. La que afecta al Senado corregir¨ªa algunos de los defectos de nuestro sistema pol¨ªtico. Los trabajos hechos en distintas ¨¦pocas por esa C¨¢mara y por el Consejo de Estado abordan la falta de funcionalidad de un Estado cuyas Comunidades Aut¨®nomas no pueden decidir directamente nada en el Senado como poder legislativo estatal. Es, pues, necesario institucionalizar las relaciones entre ellas con el Estado en sede parlamentaria, como en los modernos pa¨ªses descentralizados, pues la conocida teor¨ªa del "bloque de la constitucionalidad" se ha mostrado como una ideolog¨ªa, y su aplicaci¨®n pol¨ªtica, ha conducido a intentar gobernarlo mediante la disciplina partidaria.

Las tensiones del modelo auton¨®mico se absorber¨¢n cada vez con m¨¢s dificultades por el sistema de partidos pol¨ªticos. El disenso territorial existe incluso entre comunidades gobernadas por un mismo partido, como se puede advertir por las diferencias en intereses como el agua, los planes de infraestructuras, la financiaci¨®n de los servicios o las definiciones estatutarias. Se han estudiado diferentes modelos para que el Senado sirva de cauce para la expresi¨®n del pluralismo territorial y para que los conflictos se resuelvan votando en la instituci¨®n adecuada. Si se consiguiera, en ese caso, como en los dem¨¢s, el consenso abrir¨ªa nuevos espacios para el disenso democr¨¢tico.

Juan Jos¨¦ Laborda es ex presidente del Senado.