El PP pretende desactivar a la S¨ªndic de Greuges

El Partido Popular pretende desactivar el control de facto que los socialistas ejercen sobre la Sindicatura de Greuges desde que el cargo est¨¢ vacante a trav¨¦s de una modificaci¨®n del Reglamento que rige el funcionamiento de la instituci¨®n, el equivalente auton¨®mico del Defensor del Pueblo. El objetivo es que Emilia Caballero, nombrada adjunta primera al S¨ªndic a propuesta del PSPV, y Carlos Morenilla, adjunto segundo a propuesta del PP, se turnen en el ejercicio del cargo.

Los dos adjuntos se turnar¨ªan en el cargo mientras se pacta otro S¨ªndic

El PSPV cree que la Mesa viola derechos fundamentales de sus diputados

La ley establece que "en tanto no se haga efectiva la toma de posesi¨®n del nuevo S¨ªndic de Greuges, desempe?ar¨¢n el cargo, interinamente y con plenitud de funciones, los adjuntos, por su orden". El Reglamento ni siquiera menciona el caso.

Ricardo Costa, portavoz del PP, anunci¨® ayer una iniciativa para llevar a la comisi¨®n de peticiones una modificaci¨®n del Reglamento que establezca el car¨¢cter rotatorio del mandato cuando se ejerce de forma interina, una modificaci¨®n que se aprobar¨ªa por mayor¨ªa sin necesidad de alcanzar los dos tercios del pleno que requiere la elecci¨®n del nuevo S¨ªndic.

El mandato de Bernardo Rosal, ¨²ltimo S¨ªndic de Greuges elegido por las Cortes, concluy¨® el 9 de abril de 2006. Desde entonces, ocupa el cargo de forma interina Emilia Caballero. Es la segunda ocasi¨®n en la que Caballero se encuentra en la misma tesitura. Cuando falleci¨® Luis Fernando Saura, en octubre de 2000, Caballero asumi¨® el cargo hasta abril de 2001, cuando fue nombrado Bernardo del Rosal. Durante los siete meses en que se hizo cargo de la instituci¨®n, el PP impuls¨® su reprobaci¨®n en las Cortes al considerar que actuaba de forma partidaria.

En noviembre pasado, los dos grupos mayoritarios acordaron que Jos¨¦ Cholbi, hist¨®rico militante de AP y del PP y actual vicepresidente de las Cortes, ser¨ªa elegido S¨ªndic. Los socialistas asumieron la propuesta del PP con la intenci¨®n de poner en evidencia el bloqueo de la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial en el Congreso de los Diputados.

Pero un mes m¨¢s tarde, antes de que se sometiera al pleno el nombramiento de Cholbi, los socialistas comunicaron al PP que no apoyar¨ªan a Cholbi como S¨ªndic hasta que el Consell consintiera el acceso del diputado socialista Jos¨¦ Camarasa a las actas de los consejos de dos empresas p¨²blicas.

Los socialistas se hab¨ªan cargado de raz¨®n cuando Milagrosa Mart¨ªnez, presidenta de las Cortes, concedi¨® su amparo a Camarasa ante la negativa del Consell a facilitar la informaci¨®n que demandaba el diputado socialista.

Desde entonces, populares y socialistas se acusan mutuamente de bloquear las instituciones. Ricardo Costa alega que el PSPV rompe un acuerdo que lleg¨® a ser tramitado por la Mesa de las Cortes. ?ngel Luna, portavoz socialista, replica que el PP quiebra el Reglamento de las Cortes y violenta el amparo que Milagrosa Mart¨ªnez, presidenta del Parlamento auton¨®mico, concedi¨® en su d¨ªa a Camarasa.

El forcejeo entre ambos grupos sigue estrategias diferentes. Mientras el PP se apoya en su mayor¨ªa absoluta para forzar una modificaci¨®n reglamentaria para que la Sindicatura de Greuges "vuelva a la normalidad", el PSPV baraja pedir amparo al Tribunal Constitucional ante el bloqueo sistem¨¢tico en la Mesa de las Cortes de cualquier iniciativa destinada a fiscalizar la gesti¨®n del Consell.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la negativa de la Mesa a tramitar una bater¨ªa de preguntas por escrito formuladas por el socialista Francesc Signes para conocer el grado de ejecuci¨®n del plan de prevenci¨®n de las inundaciones que la Generalitat puso en marcha en 2003.

Signes present¨® 160 preguntas relativas a otras tantas actuaciones previstas en el plan para saber si las obras se han licitado, a qui¨¦n se han adjudicado y cu¨¢l es el presupuesto y el plazo de ejecuci¨®n de las mismas. La Mesa, controlada por el PP, rechaz¨® tramitarlas alegando que las preguntas son de "¨ªndole jur¨ªdica".

Los socialistas consideran que la actitud del PP entra?a una "violaci¨®n de derechos fundamentales".

Joan Rib¨®, portavoz de Esquerra Unida en la pasada legislatura, recurri¨® a la misma f¨®rmula en dos ocasiones y sus solicitudes de amparo han sido admitidas a tr¨¢mite por el Alto Tribunal.