10 autonom¨ªas toleran guarder¨ªas ilegales

En la atenci¨®n a los ni?os menores de tres a?os, m¨¢s quiz¨¢ que en cualquier otra cuesti¨®n que se imagine, la calidad no se debe sacrificar en aras de la cantidad. Pero no es as¨ª. Los responsables de 10 comunidades aut¨®nomas -Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Madrid y Pa¨ªs Vasco- saben que existen centros privados irregulares en su territorio, bien en empresas que no han recibido la autorizaci¨®n para ello, en ludotecas (locales de juego) que hacen la funci¨®n de guarder¨ªa o incluso en pisos particulares en los que se atiende a grupos de ni?os durante la jornada laboral de sus padres. Y los consienten. Adem¨¢s, al menos cinco autonom¨ªas y Ceuta reconocen que tienen en total cerca de 400 centros privados que no han sido autorizados por la Administraci¨®n porque no cumplen los requisitos m¨ªnimos para dar la debida asistencia a estos menores.

En Canarias, Navarra y Ceuta ni siquiera existe inspecci¨®n

A Canarias le consta que particulares atienden ni?os en sus casas

El panorama que describe el ¨²ltimo informe sobre la situaci¨®n de los centros que atienden a los ni?os de 0 a 3 a?os, basado en datos oficiales, solicitados por la Comisi¨®n Europea, y al que ha tenido acceso EL PA?S, ha hecho saltar todas las alarmas. Revela una clara falta de plazas (351.593, menos), que ni siquiera cubre las necesidades de las familias que hay en Espa?a en las que trabajan los dos miembros de la pareja (657.259) y de las monoparentales (124.237) con hijos de estas edades, y alerta de que no se pueden seguir abriendo plazas a costa de la "calidad", es decir, sobre todo privadas que no est¨¢n controladas por las administraciones o que no tienen personal cualificado ni el n¨²mero suficiente de aulas.

El estudio Calidad de los servicios para la primera infancia y estimaci¨®n de la demanda ha sido realizado por la Universidad de Vic y han participado en ¨¦l siete especialistas, coordinados por Irene Balaguer. El trabajo se ha hecho bas¨¢ndose en los datos oficiales solicitados a las propias comunidades (excepto los de la Comunidad Valenciana y Murcia, cuyos Gobiernos decidieron no aportar informaci¨®n). Fue encargado por el Ministerio de Asuntos Sociales tras solicitar la Comisi¨®n Europea esta informaci¨®n a Espa?a por carecer de ellos para las estad¨ªsticas europeas (Eurostat). ?ste es el segundo estudio que hace este equipo. El primero es de 2004 y estaba m¨¢s incompleto. La oferta aumenta a?o tras a?o, pero sin el suficiente control. Los expertos advierten en las conclusiones de que, seg¨²n la situaci¨®n detectada, "las pol¨ªticas de ampliar la oferta, una vez m¨¢s, est¨¢n sujetas a priorizar la cantidad a costa de la calidad". Su conclusi¨®n es que "los datos aportados por las comunidades" provocan "alarma". Una de las razones es que "el incremento real de la oferta registrada es b¨¢sicamente debida al aumento de la oferta p¨²blica municipal, en la que resulta evidente la disminuci¨®n de la calidad en todos los requisitos", aseguran. Balaguer lo explica: "Muchas veces la propiedad del local es municipal, pero la dan a gestionar a una empresa, como la basura, sin controlarlo".

El descontrol est¨¢ centrado en la privada no autorizada, y aun as¨ª tolerada, por las autonom¨ªas. Algo especialmente grave si se tiene en cuenta que el 52,7% de la oferta en toda Espa?a es privada.

La educaci¨®n de 0 a 3 a?os tiene car¨¢cter educativo desde 1990, por lo que las mal llamadas "guarder¨ªas" deben hacer mucho m¨¢s que guardar. El texto destaca otra raz¨®n de alarma (aparte de las evidentes consecuencias negativas de esta situaci¨®n para muchos ni?os): la ausencia de unos requisitos m¨ªnimos nacionales, que "respetando la competencia de las comunidades", garanticen tanto la calidad como la igualdad de oportunidades. Esos "requisitos m¨ªnimos" del centro, espacio, ratios y personal los establec¨ªa un real decreto de 2001 ya derogado (conocido en el sector como el 1.004), que sigue siendo la referencia para comunidades y expertos. En la actualidad, el decreto deja libertad a las autonom¨ªas para establecerlos.

La dispersi¨®n de datos entre autoridades auton¨®micas de educaci¨®n y bienestar social y la falta de control de buena parte de la oferta privada queda patente en esta radiograf¨ªa. Aunque la base del estudio est¨¦ hecha sobre datos de hace dos cursos y del censo de 2001 del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (los ¨²ltimos datos completos disponibles en ambos casos), el informe se acab¨® en noviembre de 2007. ?stos son los aspectos m¨¢s relevantes:

- Privados ilegales. La falta de control de esta etapa es "alarmante". Diez comunidades "perciben la existencia de centros no autorizados", es decir, locales privados ilegales abiertos en su territorio. Cuatro de ellas (Baleares, Canarias, Castilla y Le¨®n y Madrid) reconocen que existen centros irregulares en empresas, ocho (Arag¨®n, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y Le¨®n, Extremadura, Madrid y Pa¨ªs Vasco) que los hay funcionando con licencia municipal pero para otras actividades y ocho (Arag¨®n, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y Le¨®n, Madrid y Pa¨ªs Vasco) admiten que tienen ludotecas haciendo de guarder¨ªas.

Adem¨¢s, otras tres autonom¨ªas declaran otro tipo de irregularidades. Baleares reconoce que hay guarder¨ªas funcionando que ni siquiera tienen licencia municipal de actividad econ¨®mica, Canarias sabe que hay "particulares" que atienden ni?os en su casa a modo de guarder¨ªa y Cantabria tambi¨¦n cree que las hay pero no especifica de qu¨¦ tipo de centros se trata. Se desconoce la situaci¨®n en la Comunidad Valenciana y Murcia porque no participaron.

- Privados abiertos bajo m¨ªnimos. Hay centros que atienden a menores de tres a?os sin autorizaci¨®n en al menos cinco comunidades. Lo reconocen ellas mismas. Son: Arag¨®n (15), Baleares (205), Canarias (78), Cantabria (12) y Extremadura (18). Esto significa que no cumplen los requisitos m¨ªnimos que la autonom¨ªa exige, pero aun as¨ª operan. "Sospechamos que hay muchos m¨¢s, otras comunidades no lo han querido reconocer", puntualiza la coordinadora del informe.

- Inspecci¨®n. En Canarias, Navarra y Ceuta "no existe un servicio de inspecci¨®n para determinar si los centros cumplen con los requisitos m¨ªnimos de calidad exigible", aparte de la sanitaria. La inspecci¨®n depende de Educaci¨®n, excepto en Extremadura, que es de Bienestar Social. En Andaluc¨ªa, Cantabria y Castilla-La Mancha la comparten.

Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y Le¨®n y Extremadura admiten que inspeccionan s¨®lo los centros autorizados.- Plazas y centros. Hay 339.564 plazas para 1,14 millones de ni?os menores de tres a?os, seg¨²n el estudio realizado con datos de poblaci¨®n del decreto 1004 y de plazas del curso 2005-2006. A d¨ªa de hoy esta poblaci¨®n es de 1,4 millones de ni?os, lo que no quita validez a la radiograf¨ªa, seg¨²n los autores.

La privada es mayor que la p¨²blica. El 52,7% de estas plazas son privadas. Tambi¨¦n hay m¨¢s centros privados (3.687 en toda Espa?a) que p¨²blicos (2.947). Aunque el estudio advierte insistentemente de que la privada no est¨¢ toda registrada, y de que hay mucha fuera de control que no aparece en los datos de las comunidades.

Esto significa que hay una media de 27 plazas para 100 ni?os. De ellas, 12,8 son p¨²blicas y 14,8, privadas. Pero la variedad entre comunidades se repite. Por ejemplo, en el Pa¨ªs Vasco hay 52,3 plazas por cada 100 ni?os de media, mientras en Asturias hay 16,7.

- Apuesta p¨²blica o privada. M¨¢s del 70% de los centros de 0 a 3 a?os son privados en cuatro comunidades (Baleares, Asturias, Canarias y Madrid). ?sta es la otra cara: en cinco representan menos del 40% (Extremadura, La Rioja, Pa¨ªs Vasco, Cantabria y Castilla-La Mancha).

- Demanda. En Espa?a es necesario atender a al menos 691.496 menores de tres a?os. Esto representa el 61% de los ni?os. Para ello, habr¨ªa que aumentar en un 103% la oferta, creando 351.593 plazas. Esto sin contar las familias que tienen derecho a una plaza, aunque no trabajen los dos.

- Ni?os por aula. La ratio del 1.004 se cumple en general en toda Espa?a (ocho ni?os, de 0 a 1 a?o; 13, de 1 a 2, y 20, de 2 a 3). Sin embargo, llama la atenci¨®n que, por ejemplo, en Baleares los centros privados autorizados llegan a tener 57 ni?os de entre dos y tres a?os por aula con cuatro adultos y 39 con tres adultos en las clases de entre dos y tres a?os. En Cantabria tambi¨¦n hay de este tipo con 32 ni?os de dos a tres a?os por clase con dos o tres adultos y en Asturias, 25 peque?os en un aula con dos adultos. La falta de calidad es, una vez m¨¢s, el problema.

- Personal. Es uno de los principales d¨¦ficit, seg¨²n el estudio, Por un lado, debido a la escasez de maestros, que suponen s¨®lo el 34% en los centros p¨²blicos y el 35,7% en los privados de los que se tienen datos. El 60% son t¨¦cnicos en educaci¨®n (titulados en FP) y muchos est¨¢n s¨®lo habitados por un curso. En el otro lado est¨¢n las "dificultades para conocer" la realidad de la privada, advierte el informe. "Trabajan en ella muchas personas sin formaci¨®n alguna", explica su coordinadora.