El juez no pidi¨® a Defensa que quitase el arma al sargento asesino

Como ocurri¨® en el caso Mari Luz, otro desprop¨®sito administrativo facilit¨® el doble crimen de Alovera (Guadalajara). Los jueces -el caso ha pasado por cuatro de ellos- no requirieron en ning¨²n momento al Ej¨¦rcito para que le retirara al sargento Jos¨¦ Javier Lacasa el arma del crimen, una Smith&Wesson del calibre nueve mil¨ªmetros parabellum que el suboficial compr¨® de forma privada con su tarjeta militar, que funciona como una licencia de armas.

En la orden de alejamiento no figura que Lacasa fuera militar

La pistola no estaba inscrita en las bases de datos de la Guardia Civil

Esta pistola estaba registrada en la base de datos de armas del Ej¨¦rcito, pero no en la de la Guardia Civil. Ambas bases no est¨¢n interconectadas. Adem¨¢s, en el Ej¨¦rcito no consta que ning¨²n juez hubiese requerido que se le quitase la pistola, seg¨²n informaron ayer fuentes militares, pese a que el abogado de la mujer pidi¨® en febrero de 2007 al juzgado que oficiase a Defensa que se le prohibiese tener armas.

El sargento Lacasa asesin¨® el jueves a Sylvina Bassani, su ex mujer, y a la actual pareja de ¨¦sta, Andr¨¦s Marzal, antes de suicidarse. El arma la hab¨ªa adquirido con su tarjeta de suboficial del Ej¨¦rcito, que funciona como licencia de armas (tipo A) y permite a sus poseedores tener hasta tres pistolas. No se trataba, pues, de un arma reglamentaria, que pertenecen de forma oficial a Defensa, sino de una privada. El militar no ten¨ªa asignada una reglamentaria, al no estar destinado en un servicio de armas.

Para comprarla, tuvo que ir a una armer¨ªa e identificarse como militar. El armero tuvo que comprobar con Defensa si Lacasa era, efectivamente, militar y no hab¨ªa excedido el cupo de tres armas. Como cumpl¨ªa la normativa, el sargento pudo llevarse la pistola y su correspondiente gu¨ªa de identificaci¨®n. Ninguna de las fuentes ha podido precisar si la compr¨® antes o despu¨¦s de la orden de alejamiento.

Sin embargo, la compra de esa pistola no qued¨® registrada en la Intervenci¨®n de Armas de la Guardia Civil, porque, a pesar de que el instituto armado tiene car¨¢cter militar, su base de datos no est¨¢ interconectada con la de Defensa. Ni las armas de los ej¨¦rcitos ni las del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa figuran inscritas con su propietario en la Guardia Civil, seg¨²n fuentes de este cuerpo.

La ¨²nica arma que constaba inscrita a nombre de Lacasa en la Guardia Civil era una escopeta de balines, de aire comprimido, para la que s¨®lo necesitaba una autorizaci¨®n menor. Cuando el juez de guardia de Torrej¨®n de Ardoz dict¨® la orden de alejamiento, que con la nueva ley lleva aparejada la retirada de armas, la Guardia Civil comprob¨® sus bases y s¨®lo hall¨® la dichosa escopeta. Nada m¨¢s. Pero en la orden de alejamiento tampoco figuraba que Lacasa fuera militar, por lo que ni polic¨ªa ni Guardia Civil pudieron interesar en ning¨²n momento a Defensa para quitarle la pistola.

No obstante, desde la primera denuncia contra Lacasa, en el puesto de la Guardia Civil de Daganzo de Arriba, presentada el 1 de septiembre de 2006, consta la condici¨®n de militar, tal y como figura en las diligencias judiciales. Agentes de este puesto incluso acudieron a la Brigada Paracaidista de Paracuellos del Jarama a informar de la detenci¨®n del sargento. Pero en las averiguaciones, se comprob¨® que no ten¨ªa registradas armas privadas en el registro del instituto armado.

Es m¨¢s, el abogado de Sylvina Bassani reclam¨® por escrito a la juez en febrero de 2007 que oficiase al Ministerio de Defensa para que se le impidiese el acceso a todo tipo de armas. No consta la contestaci¨®n y fuentes del Ej¨¦rcito aseguran que no recibieron escrito judicial alguno al respecto. La juez tambi¨¦n deneg¨® un informe psiqui¨¢trico del sargento -pedido por un intento de suicidio de Lacasa el d¨ªa que lo detuvo la Guardia Civil-.

Con informaci¨®n de Miguel Gonz¨¢lez y M¨®nica C. Belaza.