La Euroc¨¢mara rechaza penalizar las descargas
Juzga "esencial" no obstaculizar el acceso a la cultura
El Parlamento Europeo no quiere que se persiga a los internautas que descargan m¨²sica y otros contenidos culturales de forma masiva. Ayer rechaz¨®, con 314 votos a favor y 297 en contra, un informe que propon¨ªa una serie de medidas para penalizar a quienes se aprovechan de los programas de intercambio de archivos p2p (peer to peer) para acceder gratis a la cultura.
La Euroc¨¢mara considera demasiado restrictivas las medidas propuestas para proteger los derechos de autor y cree adem¨¢s que no son las adecuadas para combatir las descargas. El texto pide que se reconozca que, con Internet, "han cambiado de forma radical los modos cl¨¢sicos de utilizaci¨®n de los productos y servicios culturales" y considera "esencial" velar por un acceso sin obst¨¢culos a los contenidos culturales en l¨ªnea, "por encima de una l¨®gica puramente econ¨®mica y comercial".
En cualquier caso, los eurodiputados recuerdan que debe garantizarse una "remuneraci¨®n justa" para los titulares de derechos y admiten que los ingresos derivados de ellos son "indispensables para la supervivencia de las industrias culturales", pero siempre guardando un equilibrio con los derechos de los internautas.
Las medidas restrictivas que se ped¨ªan en el informe eran muy similares a las que quieren aplicar en Reino Unido y Francia. Ambos pa¨ªses han aprobado una legislaci¨®n que permite el control por parte de los proveedores de acceso a Internet (ISP) de las descargas que hacen sus abonados y, la penalizaci¨®n o, en su caso, la desconexi¨®n para aquellos que utilicen de forma masiva los programas p2p como eMule, Bittorrent o Ares.
En Espa?a, las entidades de gesti¨®n quieren que se aplique un modelo similar de vigilancia y corte de suministro. De hecho, intentaron introducir sin ¨¦xito un art¨ªculo (el famoso 17 bis) en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Informaci¨®n, tramitada en 2007.
Las descargas no son delito ni pirater¨ªa siempre que no tengan un fin lucrativo, seg¨²n la doctrina de la Fiscal¨ªa General del Estado.
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