La dependencia, a 17 velocidades

Los ciudadanos se han ido acercando a las oficinas regionales para que se les valore su grado de discapacidad y poder recibir las ayudas previstas por ley, pero la gesti¨®n auton¨®mica del sistema de Dependencia marcha a 17 velocidades, tantas como autonom¨ªas. Desde que arranc¨® la ley en abril del a?o pasado, se han recibido 338.000 solicitudes y los equipos de valoraci¨®n -trabajadores sociales y sanitarios- han visitado como media al 67% de estas personas para determinar su grado de discapacidad y redactar un informe con la ayuda que le corresponde.

Pero, mientras en Andaluc¨ªa se registran 118.847 solicitudes, en Madrid, apenas 10.163. Si en el Pa¨ªs Vasco han dado de alta en la Seguridad Social a 546 personas para atender en casa a los discapacitados, en Canarias a ninguna. En Cantabria han evaluado al 90% de los solicitantes, pero en Baleares no llegan al 6%. S¨®lo el 27% de las peticiones han recibido ya un dictamen con la ayuda que le corresponde en Galicia, mientras que en Catalu?a alcanzan el 82%.

De los frenos y las aceleraciones que experimenta el sistema de dependencia por comunidades, ha tenido en parte la culpa las elecciones. El propio Zapatero, cuando era candidato a presidente, acus¨® a la comunidad de Madrid de boicotear la ley, algo que los trabajadores sociales han dicho tambi¨¦n en la Comunidad Valenciana o en Canarias. Sin embargo, otras espolearon a los trabajadores antes de que se celebraran las elecciones. En febrero, el n¨²mero de solicitudes experiment¨® un repunte. Todo depende de la voluntad pol¨ªtica, de los trabajadores contratados, del dinero de que se disponga, de c¨®mo se dise?en los tr¨¢mites, de qu¨¦ se priorice. Tantos flecos son imposibles de igualar en todas las comunidades.

Y a¨²n est¨¢ por acordarse el copago, es decir, lo que aportar¨¢ el usuario de su bolsillo, y los criterios de calidad de los centros que atender¨¢n a los ancianos y discapacitados. En estos dos extremos cifran los sindicatos su ¨²ltima esperanza de que el Sistema de Atenci¨®n a la Dependencia tengan unos m¨ªnimos comunes en toda Espa?a, algo que ya empieza mal, porque cada comunidad, acostumbradas desde siempre a gestionar los servicios sociales, est¨¢ imponiendo su criterio.

Con datos del d¨ªa 4 de abril, 160.000 personas han sido declaradas grandes dependientes, que son aquellos que no pueden valerse por s¨ª mismos y necesitan ayuda constante para atender las necesidades b¨¢sicas de la vida. Una cifra similar a la que se preve¨ªa.

Todos deben estar ya cobrando una ayuda econ¨®mica o recibiendo una prestaci¨®n, ya sea plaza en una residencia de ancianos, centro de d¨ªa o la asistencia de un trabajador a domicilio.

Datos cruzados

Otros 17.497 han sido evaluados como dependientes severos (grado II) y tambi¨¦n deber¨ªan estar recibiendo prestaci¨®n, prevista para ellos a lo largo de este a?o 2008. Pero hay m¨¢s de 109.000 personas esperando a ser valoradas. Si fueran grandes dependientes o dependientes severos y su solicitud lleg¨® hace m¨¢s de tres meses ya deber¨ªan estar cobrando.

Si se cruzan los datos entre el n¨²mero de grandes dependientes (160.674) y las personas que se han dado de alta en la Seguridad Social para atenderlos en casa y recibir una ayuda (6.075), la diferencia es tan grande que se podr¨ªa pensar que la mayor¨ªa a¨²n no est¨¢ atendida. No es exactamente as¨ª. Hay que pensar que los que no est¨¦n atendidos en casa lo est¨¢n en geri¨¢tricos y otros centros especializados.

Los 6.075 ser¨ªan los nuevos usuarios, esos ancianos a los que se cuidaba en casa y que ahora perciben para ello un peque?o subsidio. Los dem¨¢s -as¨ª lo atestiguan los trabajadores sociales que est¨¢n al frente del sistema de Dependencia por toda Espa?a- son, en su mayor¨ªa, personas que ya estaban en geri¨¢tricos. Porque, con las listas de espera que hay para estas residencias, es imposible que en unos meses se haya conseguido m¨¢s de 150.000 plazas.

Adem¨¢s, los responsables pol¨ªticos de la Dependencia en las comunidades reconocen que la ayuda econ¨®mica -la que se da al usuario atendido en casa- es la que se concede mayoritariamente en los primeros meses, ante la escasez de infraestructuras. Cerca del 80% de las prestaciones son econ¨®micas, confesaba uno de los responsables en Catalu?a, Jordi Tudela, a lo largo de un debate p¨²blico. Tambi¨¦n es de las m¨¢s solicitadas.

?Es una trampa contar a todos esos ancianos como usuarios del sistema de dependencia cuando ya estaban siendo atendidos? No, porque todos han de quedar registrados cuando el sistema se complete, como si se tratara de la Seguridad Social. Pero s¨ª es una estrategia de las comunidades, que han ido engordando sus cifras de usuarios atendidos incorporando a estos. Por cada uno que registran oficialmente, el Gobierno libra un dinero estipulado y de esa forma pueden ir atendiendo a otros nuevos usuarios. Aunque al final cada comunidad debe aportar el mismo dinero que haya recibido del Gobierno.

Estrategias aparte, las cosas hay que hacerlas ajustadas a la legalidad. En algunas regiones, como en Madrid, los trabajadores sociales han criticado que se estaban registrando en el sistema de dependencia a ancianos ingresados en geri¨¢tricos, sin contar con su opini¨®n (o la de sus hijos), algo que es preceptivo por ley. De hecho, algunas regiones han habilitado al personal de las residencias para que se encargaran de cumplimentar ese papeleo. Las administraciones regionales no han ido muy sobradas de tiempo. Y sobrepasar los plazos les pod¨ªa causar problemas en tribunales, como ha ocurrido en alguna de ellas. Miles de usuarios han muerto esperando la ayuda solicitada, que en muchos casos tendr¨¢ que ser abonada de forma p¨®stuma.