300 agentes toman la Ca?ada Real para asegurar el derribo de cuatro casas

Juan Arn¨¦s, un boliviano que hasta ayer viv¨ªa en la Ca?ada Real Galiana (Vic¨¢lvaro), se encontr¨® con una desagradable noticia al regresar de su trabajo. Un vecino le avis¨® de que dos excavadoras acababan de tirar la pensi¨®n en la que viv¨ªa junto con su familia. Sus pertenencias estaban a la intemperie, llenas de polvo, y el techo que le hab¨ªa guarecido durante tres a?os se hab¨ªa convertido en cuesti¨®n de dos horas en escombros.

Como Juan Arn¨¦s, otras 13 familias de la Ca?ada Real vivieron la misma situaci¨®n cuando tres potentes excavadoras derribaron las cuatro construcciones ilegales que hasta entonces hab¨ªan sido sus hogares. Un f¨¦rreo control policial, formado por unos 300 agentes, evit¨® los disturbios y los heridos que se produjeron en el ¨²ltimo desalojo. Los vecinos aseguran que los juzgados no avisaron a los afectados y que, por eso, los derribos eran ilegales.

El despliegue de la polic¨ªa comenz¨® antes de las nueve de la ma?ana. Las furgonetas de las Unidades de Intervenci¨®n Policial (UIP, m¨¢s conocidos como antidisturbios) irrumpieron en la Ca?ada y se desplegaron por los edificios de Covibar, en Rivas-Vaciamadrid, y en los accesos a las viviendas que iban a ser demolidas.

Los vecinos se sentaron en medio del camino para impedir la entrada de las excavadoras, pero los antidisturbios, pertrechados de cascos y escudos, los empujaron hasta sacarlos del lugar, en medio de protestas y gritos de los expulsados."Asesinos", "provocadores", "el pueblo no os quiere" y "fuera, fuera" fueron algunos de los improperios que los vecinos de la ca?ada y de algunos seguidores del movimiento okupa le soltaron a la polic¨ªa. El dispositivo estaba formado por un helic¨®ptero, cuatro grupos de la UIP (160 agentes), dos grupos de los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil (80 funcionarios), una docena de polic¨ªas a caballo, agentes municipales de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, adem¨¢s de polic¨ªas de la Brigada Provincial de Informaci¨®n (dedicados a la lucha antiterrorista y contra grupos antisistema).

Tres agentes de esta brigada protagonizaron un incidente con los vecinos concentrados. Sal¨ªan, junto con otros seis compa?eros, de la zona del derribo y pasaron por delante del cord¨®n policial. Los okupas y los vecinos se percataron de que tres de ellos se hab¨ªan quedado retrasados y comenzaron a increparlos.

Los agentes, en lugar de seguir su camino, se quedaron quietos, mientras llegaban m¨¢s manifestantes. "?Sinverg¨¹enzas, vendidos!, as¨ª tir¨¢is las casas de los pobres", les espetaron. Poco a poco fueron arrincon¨¢ndoles contra las casas, lo que motiv¨® que acudiera una decena de antidisturbios. Empujaron a todo el que se puso en medio. Un agente de paisano con la capucha puesta tir¨® al suelo el m¨®vil a una chica que hac¨ªa una foto.

"?A ti no te mimaban de peque?a en casa. Se te nota en la cara!", le grit¨® una joven a una polic¨ªa de paisano. Tras los insultos, los empujones y los chillidos, los antidisturbios escoltaron a los agentes y se marcharon del lugar.

Mientras, las excavadoras dejaban hechas trizas dos casas y una pensi¨®n en la que viv¨ªan ocho familias procedentes de Cochabamba (Bolivia). Pagaban entre 300 y 500 euros al mes. "?Para qu¨¦ voy a volver aqu¨ª? Me buscar¨¦ un piso con el resto de mi familia y me olvidar¨¦ de todo lo que estoy pasando", explic¨® Juan Arn¨¦s, mientras recog¨ªa a mediod¨ªa un reproductor de DVD. Al lado, uno de sus hijos no dejaba de llorar.

"No nos han dicho nada. Nos hemos ido a trabajar y, cuando hemos vuelto, nuestra casa estaba destruida", protestaba Iman, que lleva tres a?os en la Ca?ada.

La abogada de la Asociaci¨®n de Vecinos de la Ca?ada Real, Patricia Fern¨¢ndez, asegur¨® que los derribos no hab¨ªan sido notificados y que eran ilegales. De hecho, cuando fueron a los juzgados a paralizar la demolici¨®n, ya era tarde, porque se hab¨ªa producido. "El Ayuntamiento est¨¢ vulnerando derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio o la protecci¨®n de la justicia", afirm¨® la letrada. Entre las casas derribadas, est¨¢n las del presidente y vicepresidente de la asociaci¨®n.

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo informaron de que las ¨®rdenes de derribo fueron notificadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo 8, 14 y 18. Los vecinos fueron realojados por el Samur Social en pensiones. Estar¨¢n un m¨¢ximo de tres d¨ªas. Un centenar de personas se concentr¨® por la tarde para protestar por los derribos.

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