M¨¢s de 23.000 sentencias con pena de c¨¢rcel permanecen sin tramitar
El Gobierno no aumenta los juzgados ni el Consell los funcionarios
Los juzgados de Valencia, Benidorm y Orihuela son los que concentran las 23.000 sentencias con pena de c¨¢rcel que no han iniciado su tramitaci¨®n. En la ciudad de Valencia hay tres juzgados de ejecutorias. A ellos van a parar todas las sentencias que se dictan desde los juzgados de Violencia sobre la Mujer (tres), desde los de Instrucci¨®n (21), desde los de Lo Penal (12 de los 15 existentes, los otros tres son los especializados precisamente en ejecutorias) y desde las cinco secciones penales de la Audiencia Provincial de Valencia. El modelo es igual en todas las grandes capitales. Antes, cada juzgado se ocupaba de que las sentencias se hicieran efectivas.
La situaci¨®n de los juzgados de Orihuela y Benidorm se acerca al caos
Asuntos que podr¨ªan resolverse en un mes se demoran hasta 12
El cambio estuvo en sinton¨ªa con el dise?o de la nueva oficina judicial, a¨²n pendiente de ponerse en marcha, y que contempla un servicio ¨²nico para el tr¨¢mite de hacer efectivo el cumplimiento de una pena. Pero el volumen de trabajo super¨® las previsiones marcadas en 2005. En Valencia, desde el principio (no entraron en funcionamiento todos a la vez), se observ¨® la imposibilidad de sacar adelante el volumen de causas. Cost¨® que la Consejer¨ªa de Justicia aumentara los funcionarios (entre los tres suman 81, muy por encima de la media de entre diez y 14), y cost¨® que se aprobaran desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y desde el Ministerio de Justicia los refuerzos de jueces y fiscales que ahora tienen. Pero las causas son demasiadas.
En el caso de Benidorm y de Orihuela, llueve sobre mojado. La situaci¨®n de los juzgados de esos partidos se acerca al caos porque la carga de trabajo en muy superior a la media y el n¨²mero de oficinas judiciales penales muy escaso: dos en Benidorm y una en Orihuela. Ambos partidos judiciales registran miles de asuntos al a?o.
El resto de las ejecutorias pendientes ha iniciado su tramitaci¨®n, pero como el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Juan Luis de la R¨²a, reconoce a trav¨¦s de su gabinete de comunicaci¨®n, "los tiempos son muy largos". Hay asuntos que pudiendo resolverse en un mes, se demoran hasta nueve o 12.
- Los juzgados. La media de asuntos en los juzgados valencianos supera los 3.000 asuntos de entrada, nuevos, al a?o. A esos se suma la ejecuci¨®n de las sentencias, civiles y penales, que se impongan. En ellos, no existen equipos espec¨ªficos para dedicarse a la ejecuci¨®n, salvo en los tres de Valencia, que cuentan cada uno con dos jueces y dos secretarios. Pero los tr¨¢mites de ejecuci¨®n son especialmente complejos: localizar a la persona, instar una b¨²squeda si no se le encuentra; liquidar con el interesado la pena (no siempre es prisi¨®n, puede ser de trabajos en beneficio de la comunidad, lo que requiere la b¨²squeda del servicio m¨¢s adecuado...).
- Ausencia de detalle. El TSJ reconoci¨® ayer que el sistema por el que recoge la informaci¨®n de la actividad de cada juzgado no le permite saber el detalle de las ejecutorias pendientes. Por tanto, no se sabe cu¨¢les corresponden a violencia sobre la mujer, a tr¨¢fico, a condenados que puedan estar libres cuando adem¨¢s est¨¢n requeridos por otro juzgado espa?ol, a penados por delitos muy graves.
- Consecuencias. La primera consecuencia del enorme atasco en la ejecuci¨®n de las sentencias es que el autor de una falta o delito, que ha sido juzgado y al que de forma ya definitiva se le impone un castigo, est¨¢ viviendo como si eso no ocurriera. Nada altera su cotidianeidad hasta que el juez abre un expediente para que cumpla la pena impuesta, se le localiza y comunica. Pero, adem¨¢s, el cumplimiento de las penas prescribe. Nadie puede estar esperando eternamente una vez se ha celebrado juicio. En t¨¦rminos generales, las condenas por faltas y por delitos leves prescriben al a?o; las menos graves, a los cinco; y las graves, a los diez. De hecho, penas por delitos contra la seguridad del tr¨¢fico han prescrito en la ciudad de Valencia por el atasco en los juzgados de ejecutorias.
- El TSJ. Juan Luis de la R¨²a pide cada a?o en la memoria m¨¢s juzgados como forma para afrontar con m¨¢s garant¨ªa de eficacia la carga de trabajo. Para este a?o, pide 60. La situaci¨®n de colapso que ahora ha estallado, la viene denunciando desde 2006. El delegado del Gobierno, Antoni Bernab¨¦, defendi¨® ayer el ritmo de creaci¨®n de oficinas judiciales: 22 previstas para este a?o.
- El Gobierno. Tiene competencias en la creaci¨®n de los juzgados. Bernab¨¦ invit¨® ayer a la Consejer¨ªa de Justicia a que dotara a los juzgados de medios materiales y humanos para agilizar las causas pendientes, y le recrimin¨® que no cumpliera con sus competencias. El consejero de Justicia, Fernando de Rosa, neg¨® la mayor y dijo que no vale de nada poner m¨¢s funcionarios si no hay m¨¢s jueces.
- Consejer¨ªa de Justicia. Culp¨® ayer de todos los males al Gobierno de Zapatero, al que reproch¨® la pol¨ªtica de "discriminaci¨®n" frente a otras comunidades durante los ¨²ltimos cuatro a?os y le exigi¨® m¨¢s juzgados.
Recorrido de las reivindicaciones
- Memoria de 2005. Juan Luis de la R¨²a, como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), recoge en el balance la necesidad de abordar el colapso que se empez¨® a detectar en los juzgados de ejecutorias. Esa reflexi¨®n se ha incluido en las sucesivas, hasta la de 2007 presentada el pasado d¨ªa 17.
- Queja al CGPJ y al ministerio. De la R¨²a env¨ªo un detallado informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en enero de 2007, y al Ministerio de Justicia. Alertaba de la acumulaci¨®n de sentencias penales sin ejecutar y propon¨ªa un nuevo modelo. No se lo concedieron.
- Consejer¨ªa. Ese mismo a?o, Fernando de Rosa, ahora consejero y entonces secretario auton¨®mico, endureci¨® sus reivindicaciones. Pidi¨® 20 juzgados y le fueron concedieron 17, en teor¨ªa para 2007, pero 15 de ellos el Gobierno los puso en marcha el 28 de diciembre pasado. Para este a?o, se comprometi¨® electoralmente a 25 (cien para los cuatro a?os de legislatura). El Gobierno le concede 23 (uno en abril, dos en junio, y el resto en diciembre). De Rosa protesta por los tiempos. El calendario de entrada en funcionamiento es el mismo (junio y diciembre) que cuando gobernaba el PP en el conjunto del Estado. Y De Rosa protesta por la proporci¨®n entre una fecha y la otra.
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