V¨ªa libre para juzgar al ex alcalde de Oropesa

La Audiencia de Castell¨®n ha desestimado el recurso de un imputado en el caso del edificio Mar de Oropesa, con lo que da luz verde a que acusaci¨®n particular y fiscal¨ªa soliciten la apertura de juicio oral. En el procedimiento est¨¢n imputados el ex alcalde de Oropesa Francisco Garrido, otros dos ediles del grupo independiente -en el gobierno municipal en 2003, cuando se origin¨® el caso- y Juan Manuel Ribes, despu¨¦s expulsado del PSPV.

El arquitecto municipal tambi¨¦n figura como imputado. El caso se abri¨® despu¨¦s de que un particular presentara una denuncia basada en la autorizaci¨®n que el Ayuntamiento de Oropesa otorg¨® para construir dos bloques de apartamentos sobre un suelo terciario destinado a c¨¢mping. Las acusaciones se centran en un posible delito de prevaricaci¨®n y otro contra la ordenaci¨®n del territorio. Las penas estipuladas para estos casos ascienden a cerca de nueve a?os.

El arquitecto municipal fue quien present¨® recurso contra la decisi¨®n de la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4 de Castell¨®n. Alegaba que el cuestionamiento de la actuaci¨®n municipal se ce?¨ªa al ¨¢mbito de lo contencioso. Sin embargo, la audiencia considera que el arquitecto emiti¨® un informe favorable a la concesi¨®n de una licencia "que contraven¨ªa el plan general, del que era conocedor". As¨ª, la Audiencia sigue la l¨ªnea que marc¨® la juez en su auto, en el que se?alaba que los cuatro concejales autorizaron la construcci¨®n de apartamentos en un suelo "incompatible con la edificaci¨®n de viviendas residenciales" y a?ade que, pese a ello, el arquitecto "emiti¨® informe favorable" pese a que exist¨ªan otros tres informes desfavorables (de la secretaria, del colegio de arquitectos y del servicio territorial de Urbanismo), en los que, adem¨¢s, se advert¨ªa de la ilegalidad del proyecto.

La aprobaci¨®n se remonta a 2003, con lo que el edificio ya est¨¢ construido y habitado pese a que ni siquiera est¨¢ legalizado. De hecho, el PP, en la anterior legislatura y cuando ya gobernaba el actual alcalde, Rafael Albert, trat¨® de legalizar los edificios con una modificaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) aprobada en un pleno que, posteriormente, fue anulado por v¨ªa judicial debido a un defecto de forma.

La participaci¨®n del equipo de gobierno del PP en el intento de legalizar el proyecto llev¨® a la fiscal¨ªa a que la imputaci¨®n se ampliara a los ediles que formaron parte de ese intento.