La cara factura del 'Prestige' en EE UU

El intento del Gobierno de lograr por la v¨ªa civil en EE UU compensaciones millonarias por los da?os causados por el naufragio del Prestige en 2002 le est¨¢ resultando caro. Desde que en mayo de 2004 present¨® en un juzgado federal de Nueva York una demanda contra la entidad privada que certific¨® el buen estado del vetusto petrolero -la American Bureau of Shipping (ABS)- el Ejecutivo se ha gastado ya 21,6 millones de euros en abogados y peritos, una cantidad que podr¨ªa rondar los 30 millones al concluir este a?o. Y las expectativas de obtener la indemnizaci¨®n pretendida con este litigio a la americana -mil millones de d¨®lares- son muy limitadas, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. De hecho, la juez de la Corte Federal de Manhattan desestim¨® en enero la demanda por estimar que deber¨ªa ser planteada ante tribunales espa?oles, una decisi¨®n que la Administraci¨®n ha recurrido.

El Ejecutivo del PP reclam¨® en 2003 700 millones de d¨®lares

La demanda se present¨® contra ABS, que certific¨® el buen estado del buque

La instrucci¨®n penal por el hundimiento se eterniza en un juzgado gallego

Por el contrario, el Juzgado de Corcubi¨®n (A Coru?a), donde se eterniza la instrucci¨®n penal por el hundimiento del petrolero, admiti¨® a tr¨¢mite en marzo la querella de la plataforma Nunca Mais contra ABS por negligencia grave en las inspecciones que avalaron las condiciones de navegabilidad del buque. Esta decisi¨®n de la juez se adopt¨® con la oposici¨®n del fiscal y la aceptaci¨®n del abogado del Estado. La posici¨®n de ¨¦ste ha causado sorpresa en las partes personadas en la causa, que consideran que la admisi¨®n de una querella en Espa?a contra la sociedad clasificadora arruina las pretensiones de que prospere la demanda civil en EE UU.

De los 21,6 millones abonados por el Gobierno hasta diciembre de 2007 por esta causa, 14,8 millones son honorarios de los abogados del bufete Holland & Knight y los 6,7 millones restantes por gastos periciales e informes varios, seg¨²n el Ministerio de la Presidencia. Los pagos se realizan por medio de los presupuestos de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Mar¨ªtima (Sasemar).

La demanda civil contra ABS fue presentada en Nueva York por el Gobierno del PP en mayo de 2003, pidiendo una indemnizaci¨®n de 700 millones de d¨®lares. A finales de 2004, el Gobierno socialista elev¨® la reclamaci¨®n a mil millones de d¨®lares y, dado que ABS es una fundaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro, se ampli¨® la demanda a dos empresas dependientes.

Con esta actuaci¨®n sin precedentes ante la justicia estadounidense se trataba de obtener compensaciones por los da?os que ocasion¨® la marea negra del Prestige a cuenta de la sociedad que certific¨® la navegabilidad del buque en las inspecciones que pas¨® en China (2001) y Dubai (2002), y rebasando los l¨ªmites establecidos en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Contaminaci¨®n debidas a Hidrocarburos (CLC 1992). El convenio -del que Espa?a es signataria, pero no Estados Unidos, lo que permite la acci¨®n civil en Nueva York contra ABS- limita la responsabilidad al propietario del buque a una cantidad establecida seg¨²n el arqueo del barco (23 millones en el caso del Prestige), salvo que los da?os hayan sido consecuencia de una actuaci¨®n temeraria o gravemente negligente. En ese caso el armador deber¨ªa sumir el coste total de los perjuicios causados. Asociado al CLC 1992 opera, asimismo, el Fondo de Indemnizaci¨®n de Da?os Ocasionados por Hidrocarburos (Fidac), constituido con aportaciones de los importadores de productos petrol¨ªferos, para indemnizar a personas y entidades que no han podido obtener compensaci¨®n por el l¨ªmite de responsabilidad del propietario. Hasta mayo de 2003, la disponibilidad del fondo era de 171 millones de euros, que se ha ampliado tras la reforma aprobada en esa fecha a cerca de mil millones.

El intento de lograr una compensaci¨®n millonaria en EE UU ha sido calificada de "aventurada" por expertos en derecho mar¨ªtimo consultados, que estimaron previsible la resoluci¨®n dictada el pasado 2 de enero por la juez federal Laura Swain. ?sta declar¨® la incompetencia de los tribunales estadounidenses y resolvi¨® que "Espa?a debe limitarse a obtener respuesta dentro de los l¨ªmites dictados por la convenci¨®n [CLC 1992] y en sus propios tribunales". No obstante, la Abogac¨ªa del Estado ha recurrido la desestimaci¨®n de la demanda, por lo que los gastos del proceso, que ha consumido a su vez gran parte de la p¨®liza de responsabilidad de 50 millones de d¨®lares que tiene suscrita ABS, siguen creciendo.