El Tribunal de Cuentas encuentra irregularidades en los chirimbolos

Suele tardar a?os. Pero esta vez trabaja a la velocidad de la luz. En apenas un mes, el Tribunal de Cuentas, la m¨¢xima instituci¨®n de vigilancia de la contrataci¨®n p¨²blica, ha encontrado indicios de irregularidades en el contrato de concesi¨®n de los chirimbolos, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, que dirige Alberto Ruiz-Gallard¨®n (PP). Por eso, el tribunal ha iniciado el proceso y solicitado a su ¨®rgano de gobierno que nombre un instructor para que investigue los hechos. Esta decisi¨®n responde a la denuncia que present¨® el pasado 15 de febrero el grupo municipal socialista.

"Es muy grave que falte tanto dinero", afirma David Lucas, portavoz socialista

En un auto fechado el pasado 24 de abril, el Tribunal de Cuentas y el ministerio fiscal afirman que "de los antecedentes incorporados a las presentes actuaciones se desprende que los hechos que han dado lugar a las mismas pudieran ser constitutivos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance".

Este t¨¦rmino jur¨ªdico, "responsabilidad contable por alcance", indica que podr¨ªa faltar dinero. En concreto, los 73 millones de euros que habr¨ªa perdido el Ayuntamiento al elegir la empresa adjudicataria. El contrato para explotar la publicidad se concedi¨® el 20 de diciembre de 2006 a Clear Channel-Cemusa, por 160 millones de euros, frente a los 233 millones de su principal competidora, la firma Viacom Outdoor. La diferencia entre ambas ofertas es la cifra que faltar¨ªa, los 73 millones.

La responsabilidad contable por alcance est¨¢ prevista en el art¨ªculo 38 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal de Cuentas: "El que por acci¨®n u omisi¨®n contraria a la ley originare el menoscabo de los caudales o efectos p¨²blicos quedar¨¢ obligado a la indemnizaci¨®n de los da?os y perjuicios causados".

Si se demuestra que hubo un alcance contable, los firmantes del documento de adjudicaci¨®n del contrato ser¨ªan los responsables de devolver el dinero. Es decir, los t¨¦cnicos de la entonces Consejer¨ªa de Medio Ambiente y Obras P¨²blicas, que dirig¨ªa Paz Gonz¨¢lez y que tras las elecciones se ha dividido en dos. Entre ellos, el ex jefe de Mobiliario Urbano Juan Jos¨¦ Fern¨¢ndez-Villa Medina, cuyo hijo trabaj¨® en la empresa adjudicataria. Adem¨¢s, el Tribunal puede condenar o absolver al Ayuntamiento y declarar nulo el contrato si considera que se ha vulnerado la ley.

"Queremos que se conozca la verdad y que se llegue al final. Este proceso que iniciamos y que ahora apoya el ministerio fiscal tendr¨¢ que demostrar las responsabilidades contables de los que permitieron esa adjudicaci¨®n. Consideramos que se incumplieron principios b¨¢sicos que garantizan la transparencia de la contrataci¨®n", afirm¨® el portavoz socialista, David Lucas. "Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a rascar un poco en este Ayuntamiento y a encontrar irregularidades por doquier. ?Es ¨¦sta la Administraci¨®n excelente y eficaz de Gallard¨®n? Es muy grave que haya existido falta de ingresos de 73 millones", agreg¨®.

Pero el problema de dicho contrato no era s¨®lo econ¨®mico. El pliego de condiciones, dise?ado especialmente para la ocasi¨®n y mal estructurado, seg¨²n los expertos consultados, impidi¨® que se evaluara el impacto medioambiental de las propuestas. El concurso, en el que participaron cinco candidatos, ten¨ªa tres fases: la que juzgaba la oferta econ¨®mica, la comercial y el impacto medioambiental.

Pero el criterio de puntuaci¨®n otorgaba en cada fase la m¨¢xima puntuaci¨®n a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Para superar cada evaluaci¨®n se requer¨ªa una puntuaci¨®n m¨ªnima en cada fase. En el primer corte, tres empresas quedaron descartadas de un plumazo. El segundo fue cosa de dos y a la tercera fase s¨®lo lleg¨® la ganadora, que ni se someti¨® al examen ambiental.

Adem¨¢s, el pliego de condiciones no tuvo en cuenta los beneficios contables de los concursantes, sino el volumen de facturaci¨®n. Clear Channel est¨¢ en n¨²meros rojos y eso no influy¨®. Tras conocerse esta informaci¨®n, el pleno aprob¨® que los chirimbolos pasaran por la comisi¨®n de vigilancia de la contrataci¨®n. Pero el PSOE pidi¨® la intervenci¨®n del Tribunal de Cuentas.