Cotino cree que el nuevo Gobierno modificar¨¢ la ley de Dependencia

Juan Cotino, vicepresidente y responsable del ¨¢rea social del Consell, sugiri¨® ayer que la nueva ministra de Educaci¨®n y Pol¨ªtica Social, Mercedes Cabrera, tiene previsto modificar la ley de dependencia impulsada por su predecesor, Jes¨²s Caldera, para aquilatar sus costes futuros. Cotino, en los pasillos de las Cortes, estim¨® que hacia 2015, la Generalitat consumir¨¢ unos 1.500 millones de euros anuales para atender a los ciudadanos dependientes y que esa factura est¨¢ condenada a crecer sin freno. El vicepresidente, que se entrevist¨® con Mercedes Cabrera el mi¨¦rcoles, apunt¨® que el Gobierno deber¨ªa crear un fondo estatal de car¨¢cter finalista a trav¨¦s de un acuerdo similar al Pacto de Toledo, donde se instituy¨® el fondo que sustenta el sistema p¨²blico de pensiones, para garantizar la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos a los ciudadanos dependientes. Tambi¨¦n desliz¨® que la ley depende del modelo de financiaci¨®n auton¨®mica que ahora empieza a revisarse.

Luna: "Tienen una voluntad expresa de eludir la aplicaci¨®n de la ley"

La clave econ¨®mica de la ley de dependencia fue tambi¨¦n el argumento que esgrimi¨® Francisco Camps, presidente del Consell para esquivar la "tozuda realidad" que le present¨® el socialista ?ngel Luna ante el pleno de las Cortes. Un grupo de dependientes segu¨ªa la sesi¨®n desde la tribuna y el debate adquiri¨® un tono dram¨¢tico. Luna denunci¨® una "voluntad expresa de eludir la aplicaci¨®n de la ley de dependencia" retrasando la acreditaci¨®n de las personas susceptibles de recibir las ayudas del Gobierno. Camps replic¨® que "todas las comunidades reclaman al Gobierno fondos para aplicar la ley" y asegur¨® que ninguna otra comunidad aut¨®noma ha podido ofrecer "cuatro mil plazas" en residencias o centros de d¨ªa para dependientes desde que est¨¢ en vigor la nueva ley.

Luna no se arredr¨® y denunci¨® que se acredite como dependientes en primer lugar a los ciudadanos que ya son atendidos en centros de la Generalitat, una pr¨¢ctica asumida por el propio Cotino como "l¨®gica". "Defraudan la ley", denunci¨® Luna, "el Estado financia servicios que ya ofrec¨ªan ustedes". El portavoz socialista apel¨® a la "conciencia" del presidente y defendi¨® que "la grandeza de un pa¨ªs se mide por c¨®mo atiende a sus ciudadanos m¨¢s d¨¦biles". Camps se visti¨® de Estado frente a "la reflexi¨®n hueca" del portavoz de la oposici¨®n pero no neg¨® que los primeros acreditados hayan sido los ingresados en centros de la Generalitat. Tambi¨¦n obvi¨® que la ley naci¨® para garantizar la asistencia dom¨¦stica a los dependientes que no pueden acceder a una residencia.

Los socialistas Carmen Ninet y Antonio Torres elevaron la tensi¨®n al reclamar a Cotino responsabilidades sobre la empresa creada para acreditar las valoraciones y sobre las personas que han fallecido sin llegar a beneficiarse de la ley. "?Va a pedir perd¨®n a las familias de los caso 2.000 dependientes que han fallecido este a?o sin poder acceder a sus derechos?".

"Las ca?as que utilizan se les volver¨¢n lanzas en contra", replic¨® Cotino con indignaci¨®n b¨ªblica. Pero la referencia a un juego de origen musulm¨¢n solo fue una cortina para evitar cualquier precisi¨®n en los datos.

Hasta el 5 de mayo, en la Comunidad Valenciana se han tramitado 10.163 solicitudes de acceso a las prestaciones de la ley, seg¨²n datos del Ministerio de Educaci¨®n y Pol¨ªtica Social. Suponen el 2,72% de las 374.000 tramitadas en toda Espa?a y solo Pa¨ªs Vasco, Cantabria, Murcia y La Rioja han tramitado menos peticiones que la Generalitat.

El responsable de Bienestar Social volvi¨® a la dimensi¨®n econ¨®mica, se refugi¨® en un c¨¢lculo interesado y asegur¨® que la Generalitat cubre el 95% de los costes de atenci¨®n a los dependientes mientras que el Gobierno apenas aporta un 5%.