?Antes se helar¨¢ el infierno!

?Saben en qu¨¦ se parecen la princesa caprichosa del cuento y el mat¨®n de la clase? En que los dos creen tener derechos sobre los dem¨¢s; quieren ser el centro de atenci¨®n y hacen lo que les viene en gana. Estados Unidos lleva una larga temporada comport¨¢ndose como una princesa ofendida. Invade pa¨ªses: Panam¨¢, Granada, Afganist¨¢n o Irak y hace todo lo posible para evitar el escrutinio de su actuaci¨®n por las Naciones Unidas o el control y castigo de los abusos que sus soldados y los agentes de la CIA y otros servicios cometen. No s¨®lo se ha negado a firmar el Estatuto de Roma, por el que en 1998 se cre¨® la Corte Penal Internacional (CPI) -igual que Rusia, China, Israel, India, Irak, Chile y Cuba- que persigue los cr¨ªmenes de guerra, los de lesa humanidad y los genocidios, sino que, adem¨¢s, en 2002, el Congreso estadounidense aprob¨® la American Servicemembers Protection Act (Ley para la Protecci¨®n del Personal de los Servicios Exteriores Norteamericanos, conocida como ASPA, por sus siglas en ingl¨¦s) con el evidente prop¨®sito de buscar la impunidad para su personal. Esa ley proh¨ªbe al Gobierno y a todos los organismos federales, estatales y locales estadounidenses, incluidos los jueces y tribunales encargados de hacer cumplir las leyes, la asistencia a la Corte y que ¨¦sta pueda realizar investigaciones en Estados Unidos.

EE UU ha aprobado una ley para lograr la impunidad de sus militares El instructor intenta reactivar el caso con nuevas investigaciones

El tribunal cree que "no hay raz¨®n para dudar" de la buena fe estadounidense Pedraz afirma que el ataque norteamericano fue desproporcionado

El ¨¢mbito de protecci¨®n para sus propios ciudadanos es tan amplio que la ASPA no permite la extradici¨®n de estadounidenses a la CPI y llega a autorizar al presidente de Estados Unidos para que utilice "todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberaci¨®n de cualquier

detenido o encarcelado, en nombre de, o a solicitud de la Corte Penal Internacional".

Ese es el marco en el que se mueve el caso Couso, que investiga en Espa?a la muerte del c¨¢mara de Tele 5 Jos¨¦ Couso por el disparo de un tanque norteamericano cuando cubr¨ªa la toma de Bagdad. Los hechos parecen claros: el 8 de abril de 2003, un tanque Abrams M1 del 64? Regimiento Blindado del Ej¨¦rcito estadounidense dispar¨® un proyectil contra el Hotel Palestina, en el que se alojaba la prensa internacional, y mat¨® a Jos¨¦ Couso y al reportero de Reuters Taras Protsyuk. El sargento Thomas Gibson fue quien realiz¨® el disparo desde el tanque; el capit¨¢n Philip Wolford mandaba la unidad de blindados, y el teniente coronel Philip de Camp, el Regimiento. Wolford autoriz¨® el disparo tras consultar con De Camp. Y la justicia espa?ola quer¨ªa que explicasen su versi¨®n de lo ocurrido, porque al parecer actuaron en la creencia de que hab¨ªa un francotirador.

Hasta cuatro jueces espa?oles lo intentaron. Recabaron la ayuda de la Administraci¨®n norteamericana, obligada por el Tratado de Asistencia Jur¨ªdica Mutua en Materia Penal, firmado en 1990, pero los Departamentos de Estado, Defensa y Justicia de Estados Unidos se han negado reiteradamente a proporcionar el auxilio judicial requerido por Espa?a. El caso es que el 6 de noviembre de 2004, el Pent¨¢gono dictamin¨® que no hubo "falta ni negligencia" de los soldados americanos, que dieron una respuesta justificada y proporcionada, acorde con las reglas de la guerra. Conclusi¨®n: que su actuaci¨®n fue adecuada, por lo que de declarar ante el juez espa?ol, nada de nada.

Un a?o despu¨¦s, el juez Santiago Pedraz acord¨® la busca y captura internacional a efectos de extradici¨®n de los tres militares de Estados Unidos "a la vista de la nula cooperaci¨®n judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos, a pesar del v¨ªnculo de cooperaci¨®n mutua entre Espa?a y aquel pa¨ªs".

El caso ha pasado por numerosas peripecias jur¨ªdicas, incluida la err¨¢tica postura de la fiscal¨ªa espa?ola en el caso, que dar¨ªan para escribir varios libros, pero la semana pasada la Audiencia Nacional, por dos votos contra uno, revoc¨® el procesamiento de los tres militares norteamericanos, sin que ¨¦stos ni siquiera hayan declarado en el proceso. Los magistrados ?ngel Hurtado y Ferm¨ªn Echarri, con candor angelical, afirmaban que el juez instructor s¨®lo tiene en cuenta los datos que perjudican a los acusados y que creer que el ataque contra el Hotel Palestina ten¨ªa como objetivo amedrentar a la prensa, aunque ese d¨ªa tambi¨¦n hubieran disparado contra las sedes de las televisiones Al Yazira y Abu Dhabi, "es de una vileza y bajeza moral, que resulta dif¨ªcil de asumir". Para ellos, esos ataques quiz¨¢ fueran "producto de la coincidencia".

Quiz¨¢ estos magistrados, desbordantes de confianza en el amigo americano, s¨®lo conectan la televisi¨®n para ver reportajes de naturaleza de la BBC, como aleg¨® un c¨¦lebre fiscal en una comparecencia parlamentaria, y no han o¨ªdo hablar de los excesos de la c¨¢rcel de Abu Ghraib o del limbo jur¨ªdico de Guant¨¢namo.

El caso es que el juez instructor se?alaba en el auto de procesamiento que el informe elaborado por el Mando Central norteamericano -la ¨²nica colaboraci¨®n recibida- no pod¨ªa servir para exculpar a los autores de los disparos porque es una sucesi¨®n de datos y conclusiones, sin que se diga c¨®mo se obtienen y que aunque se han pedido aclaraciones, los estadounidenses no han contestado.

Por el contrario, los dos magistrados que formaban la mayor¨ªa del tribunal, dan gran valor al citado documento, puesto que llegan a afirmar que porque el informe norteamericano sea incompleto "no permite que se llegue a equiparar a parcial, y mucho menos, a falso". No es extra?o, si tenemos en cuenta que seg¨²n explican en su resoluci¨®n: "al gen¨¦rico principio de mutua cooperaci¨®n basada en la confianza y buena fe que deben regir las relaciones entre Estados, se a?ade por parte del Departamento de Justicia un espec¨ªfico compromiso de llevar a juicio cualquier abuso cometido por las Fuerzas Armadas, del que no hay raz¨®n para dudar".

Y sin embargo, todos los testigos, cuatro de ellos periodistas espa?oles, aseguran que nunca hubo un francotirador en el Hotel Palestina. Por tanto, como sostiene el juez Santiago Pedraz, el ataque americano contra poblaci¨®n civil no puede considerarse ni autodefensa ni una respuesta proporcionada, al no existir ataque previo ni riesgo conocido para las tropas americanas. De modo que, aunque con palos en las ruedas del proceso, el juez continuar¨¢ su investigaci¨®n en busca de la verdad y de la justicia para Couso.

Cabr¨ªa preguntarse si no son los jueces Hurtado y Echarri los que tienen raz¨®n al no dudar de la buena fe de la Administraci¨®n estadounidense, pero entonces, deber¨ªan explicar por qu¨¦ un funcionario del Departamento de Estado norteamericano cuando le preguntaron por la posibilidad de que los militares que dispararon contra Couso declararan en Espa?a, respondi¨®: "?Antes se helar¨¢ el infierno!".