El juez imputa al ex jefe de la c¨²pula militar y cinco mandos por el 'caso Yak'

Por vez primera en Espa?a, un ex jefe de la c¨²pula militar comparecer¨¢ como imputado ante el juez. Ser¨¢ el pr¨®ximo 23 de junio, cuando acuda a declarar a la Audiencia Nacional el almirante general Antonio Moreno Barber¨¢, jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando se produjo el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003. En la misma fecha est¨¢ citado el teniente general Juan Luis Ibarreta, jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon) en aquella ¨¦poca.

Y al d¨ªa siguiente deben acudir el vicealmirante Jos¨¦ Antonio Mart¨ªnez S¨¢inz-Rozas, ex jefe de la Divisi¨®n de Operaciones del Emacon, el coronel Joaqu¨ªn Y¨¢?ez Gonz¨¢lez y el comandante Alfonso El¨ªas Lorenzo Tabeada. Los dos ¨²ltimos formaban parte del Grupo de Control del contrato firmado con la agencia NAMSA de la OTAN para el traslado de las tropas a Irak o Afganist¨¢n.

El juez imputa a todos ellos un delito de homicidio imprudente, que el C¨®digo Penal castiga con una pena de entre uno y cuatro a?os de prisi¨®n y hasta seis de inhabilitaci¨®n. En realidad, ser¨ªa un delito por cada uno de los 62 militares muertos.

El juez, que inicialmente archiv¨® la causa y tuvo que reabrirla en enero por mandato de la Sala de lo Penal, hace suya la petici¨®n del fiscal, que el pasado lunes pidi¨® la imputaci¨®n de los citados mandos militares. En cambio, rechaza las restantes imputaciones solicitadas por las familias de las v¨ªctimas, incluida la del ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa.

Grande-Marlaska alega que ni Trillo ni los otros militares ten¨ªan la posici¨®n de "garantes" del cumplimiento del contrato con NAMSA. Para fundamentar la imputaci¨®n, el juez recuerda que, seg¨²n la comisi¨®n internacional de investigaci¨®n, el accidente se debi¨® a "la falta de preparaci¨®n concreta" y de adiestramiento de la tripulaci¨®n, as¨ª como a "la razonable fatiga, consecuencia de las horas y circunstancias de los vuelos".

Argumenta tambi¨¦n que el homicidio imprudente requiere cuatro requisitos: la infracci¨®n del deber de cuidado, la existencia de resultado lesivo, la imputaci¨®n objetiva del resultado a la falta de diligencia y la previsibilidad del resultado.

Estos requisitos se cumplir¨ªan por el acuerdo entre el Estado Mayor de la Defensa y NAMSA, que atribu¨ªa al primero el control de la aplicaci¨®n del contrato e incluso el derecho a inspeccionar los aviones, lo que nunca hizo pese a las m¨²ltiples quejas de los militares.

Aunque la imputaci¨®n se limita a los mandos militares, el juez deja abierta la posibilidad de "investigar el abono del precio y su destino efectivo", ya que al menos el 33% de los 149.000 euros que Defensa pag¨® por el alquiler del Yak-42 acabaron en bolsillos de intermediarios.

El juez aclara que si ha resuelto tan r¨¢pido, a las 24 horas de recibir el escrito del fiscal, es para evitar el riesgo de prescripci¨®n, ya que el pr¨®ximo lunes se cumplen cinco a?os del siniestro. La asociaci¨®n que representa a la mayor¨ªa de las familias anunci¨® su voluntad de recurrir la no imputaci¨®n de Trillo.

Adem¨¢s de esta causa, Grande-Marlaska instruye otro procedimiento por la falsaria identificaci¨®n de 30 de los 62 cad¨¢veres de los militares fallecidos.