Fin a una descarada negaci¨®n
Tres d¨¦cadas y media de desvergonzada negaci¨®n e impenetrable impunidad de la Armada de Chile llegan a su fin. Por primera vez, la justicia de aquel pa¨ªs ha procesado a cinco altos jefes de su Marina de Guerra, declar¨¢ndolos imputados por su responsabilidad en la tortura y muerte del sacerdote anglochileno Miguel Woodward, de 42 a?os, en las fechas posteriores al golpe militar de 1973.
?C¨®mo ha sido posible este extraordinario procesamiento? Cuesti¨®n de mujeres. De dos mujeres muy concretas. La primera, Patricia Woodward, hermana de la v¨ªctima, que present¨® la denuncia correspondiente y que persigue infatigablemente el pleno esclarecimiento de aquel crimen y el juicio y castigo a sus culpables. Sus largos esfuerzos se ven ahora recompensados por esta esperanzadora decisi¨®n judicial.
Una juez chilena procesa a altos jefes de la Marina por el asesinato de un cura tras el golpe de 1973
La otra mujer decisiva es la admirable jueza Eliana Quezada. Una de esas personas capaces de chocar contra instituciones intocables, venciendo barreras y amenazas de muerte, en busca de una justicia dif¨ªcil de alcanzar en todas partes, pero pr¨¢cticamente imposible frente a cierto tipo de personas y estamentos, que en ciertas sociedades gozan de un estatus inexpugnable.
Finalmente, Quezada ha emitido su hist¨®rico auto de procesamiento, que ha conmocionado a la opini¨®n p¨²blica chilena, pues declara "reos" (imputados) a los siguientes personajes: almirante Sergio Barra von Kretschmann, almirante Guillermo Aldoney Hansen, vicealmirante Adolfo Walbaum Weber, vicealmirante Juan Mackay y capit¨¢n de nav¨ªo Ricardo Riesco Cornejo, todos ellos retirados. A ¨¦stos se a?ade un personaje secundario: el teniente m¨¦dico de la Marina Carlos Costa Canessa, igualmente retirado. Los seis son acusados de graves responsabilidades criminales en la sangrienta represi¨®n ejercida al principio de la dictadura por las fuerzas de la Marina en el ¨¢rea costera de Valpara¨ªso, a 120 kil¨®metros de Santiago.
Las detenciones de los imputados se efectuaron de forma inmediata, tras la orden expedida por la juez. Aldoney, Mackay y Riesco han sido recluidos en el acuartelamiento de Infanter¨ªa de Marina en Vi?a del Mar. A su vez, Barra y Walbaum permanecen bajo arresto domiciliario por raz¨®n de su edad, superior a 80 a?os. El doctor Costa se encuentra hospitalizado bajo vigilancia policial.
Las responsabilidades de estos marinos en el tr¨¢gico caso que nos ocupa resultan abrumadoras. Para empezar, Walbaum y Aldoney eran en aquellas fechas, respectivamente, jefe de la I Zona Naval y jefe del Estado Mayor de la misma Zona Naval. Por su parte, consta que Mackay asist¨ªa a las sesiones de tortura practicadas en las diversas instalaciones navales de Valpara¨ªso. Barra von Kretchmann era jefe de Inteligencia Naval en 1973 y ascendi¨® m¨¢s tarde a segundo jefe de la DINA (Direcci¨®n de Inteligencia Nacional), entidad cuyos atropellos a los derechos humanos fueron permanentes. Riesco actuaba a sus ¨®rdenes en aquella criminal organizaci¨®n.
A todo ello se a?ade el gran peso social de estas personalidades, por la gran notoriedad p¨²blica de los cargos que ejercen o ejercieron al margen de su actividad militar. El vicealmirante Walbaum, adem¨¢s de su cargo naval, fue intendente de Valpara¨ªso (alcalde de la ciudad). El almirante Aldoney Jansen, despu¨¦s de su retiro, emprendi¨® una ambiciosa carrera empresarial, alcanzando la presidencia del gran consorcio sider¨²rgico CAP (Compa?¨ªa de Aceros del Pac¨ªfico), y actualmente es miembro del directorio de la poderosa Mutual de Seguros de Chile. Aldoney, conocido por su gran predicamento en los ¨¢mbitos eclesi¨¢sticos, fue designado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. A su vez, el vicealmirante Mackay es vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro.
La v¨ªctima, el padre Woodward, era miembro del movimiento Cristianos por el Socialismo y ejerc¨ªa su trabajo social en los barrios m¨¢s deprimidos, dentro de un programa solidario de la Universidad Cat¨®lica de Valpara¨ªso. Fue detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre de 1973, cinco d¨ªas despu¨¦s del golpe. Conducido a la Academia de Guerra Naval, fue all¨ª sometido a atroces torturas. Posteriormente, fue trasladado al buque escuela Esmeralda, vergonzosamente utilizado en aquellos d¨ªas para torturar a gran n¨²mero de supuestos subversivos izquierdistas. All¨ª, Woodward fue nuevamente torturado. Ya moribundo, fue trasladado al Hospital Naval, donde falleci¨®. Su cad¨¢ver no ha sido hallado a¨²n.
Durante d¨¦cadas, la Armada neg¨® tenazmente estos hechos y obstaculiz¨® toda investigaci¨®n. Comportamientos bien conocidos en estos casos: corporativismo, negacionismo, obstrucci¨®n a la ley. Hasta que, en 2006, la infatigable juez logr¨® forzar la entrega por la Armada de la bit¨¢cora del Esmeralda, documento en el que aparec¨ªa registrada la entrada en el buque del padre Woodward. Esto, adem¨¢s de desmentir la contumaz negaci¨®n institucional, permiti¨® a la magistrada (amenazada de muerte desde el pasado noviembre) profundizar en su investigaci¨®n, hasta desembocar en esta notable resoluci¨®n, sin precedentes en ese herm¨¦tico ¨¢mbito estamental.
Tal como afirma Patricia Woodward: "Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel, pero tambi¨¦n para las dem¨¢s v¨ªctimas de la Armada". Que as¨ª sea.
Prudencio Garc¨ªa es investigador y consultor internacional del INACS.
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