Genocidio de Ruanda: papeles invertidos

El 6 de febrero de 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, actuando sobre la base de una denuncia presentada por la organizaci¨®n Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en la regi¨®n de los Grandes Lagos, dictaba ¨®rdenes internacionales de detenci¨®n contra 40 jefes de las Fuerzas Ruandesas de Defensa. El magistrado estaba al frente de la instrucci¨®n tendente a establecer las responsabilidades en la muerte de nueve ciudadanos espa?oles asesinados en Ruanda y en la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo (RDC) entre 1994 y 2000.

En el auto de acusaci¨®n se recurre a los t¨®picos de car¨¢cter ¨¦tnico y negacionistas sobre los hechos cometidos en Ruanda y en la RDC. As¨ª, no dice ni una palabra sobre el genocidio de los tutsis perpetrado por hutus radicales en 1994, cuando es el ¨²nico confirmado por Naciones Unidas y por la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Tambi¨¦n se presenta de forma incorrecta, a nuestro entender, al Front Patriotique Rwandais (FPR) (Frente Patri¨®tico Ruand¨¦s) como una organizaci¨®n terrorista, constituida con el ¨²nico objetivo de exterminar a los hutus.

La justicia se usa de forma maquiav¨¦lica para convertir a las v¨ªctimas en asesinos

Asimismo, nos parece que el auto no resalta el hecho de que Ruanda estaba gobernada en 1994 por un r¨¦gimen mono¨¦tnico hutu que practicaba una pol¨ªtica de terror, segregaci¨®n y exclusi¨®n sistem¨¢tica de los tutsis, tanto del interior como de fuera del pa¨ªs. Esos refugiados no hab¨ªan dejado de reclamar su derecho a la nacionalidad ruandesa y a volver a su pa¨ªs, pero el r¨¦gimen del general Habyarimana siempre hab¨ªa contestado con una negativa, conmin¨¢ndoles a que se instalasen en su pa¨ªs de acogida. Dicho r¨¦gimen hab¨ªa excluido as¨ª mismo a hutus que no ten¨ªan su misma visi¨®n ideol¨®gica.

El FPR tom¨® las armas como reacci¨®n a las violaciones de esos derechos fundamentales, con el fin de luchar contra ese r¨¦gimen e instaurar un Estado de derecho en Ruanda. Creemos, pues, que se interpreta equivocadamente ese periodo de la historia de Ruanda al invertir los papeles y las responsabilidades. As¨ª, los dos reg¨ªmenes discriminatorios que gobernaban Ruanda de 1959 a 1994, el segundo de los cuales prepar¨® el genocidio de los tutsis, parecer¨ªa que resultan santificados, mientras que el FPR es objeto de acusaciones graves, calific¨¢ndole como el verdugo n¨²mero uno del pueblo ruand¨¦s.

Una de las estrategias puestas en marcha por los dignatarios y ac¨®litos del antiguo r¨¦gimen, organizadores del genocidio de los tutsis, consiste en realizar montajes de falsos testimonios que incriminan a dirigentes pol¨ªticos y militares del FPR, con la esperanza de que el hecho de acusarles ante los tribunales desv¨ªe la atenci¨®n de los jueces que puedan tener la tentaci¨®n de investigar y perseguir a los autores del genocidio exilados en Europa y en Am¨¦rica. ?sa es la trampa que se les ha tendido a las familias de las v¨ªctimas espa?olas asociadas a la denuncia.

Creemos que la acusaci¨®n se ha dejado enga?ar por la maniobra de los revisionistas, hasta el punto de cometer errores graves, a nuestro entender, inusuales trat¨¢ndose de un juez de instrucci¨®n experimentado. Resulta sorprendente ver que en la investigaci¨®n s¨®lo se ha otorgado el monopolio de la palabra a las personas que tienen cuentas pendientes con el FPR. De hecho, los principales testigos de la acusaci¨®n son ex miembros del FPR que desertaron.

Por otra parte, el juez nunca se ha desplazado a los lugares donde se produjeron los supuestos cr¨ªmenes para comprobar su veracidad. Pensamos que ese viaje era m¨¢s que imperativo dada la gravedad de los cr¨ªmenes investigados.

El procedimiento se ha llevado a cabo de una manera que lleva a pensar que las conclusiones estaban establecidas de antemano. Se ponen de manifiesto numeros¨ªsimos errores de hecho, con la evocaci¨®n de ciertos lugares inexistentes en Ruanda, por ejemplo Cymba, Kivube y otros. Adem¨¢s, el n¨²mero indicado de personas supuestamente asesinadas es, a nuestro juicio, inventado. El auto afirma que de julio de 1994 a julio de 1995 ?el FPR asesin¨® a un total de 321.726 personas! En realidad, estaba en la imposibilidad material de cometer matanzas de tal magnitud sin que pudiesen ser puestas en conocimiento de los 147 observadores de los derechos humanos de la ONU desplegados en esa ¨¦poca en todos los municipios de Ruanda. Estos observadores no hacen referencia a la comisi¨®n de matanzas supuestamente ordenadas por la jerarqu¨ªa militar del FPR.

Se podr¨ªa decir que, tanto en Espa?a como en Francia, personas mal intencionadas se aprovechan de las normas de derecho existentes y del sufrimiento leg¨ªtimo de las familias de las v¨ªctimas para lograr su adhesi¨®n a la lucha judicial injustificada que fomentan contra l¨ªderes del FPR. Calificar al FPR de organizaci¨®n terrorista, como lo hace la acusaci¨®n, sabiendo a la vez que es la ¨²nica que detuvo el genocidio de un mill¨®n de tutsis en 1994 tras la dimisi¨®n de la ONU, equivale a criminalizar a las v¨ªctimas y a dar derecho de ciudadan¨ªa a una propaganda de desinformaci¨®n llevada a cabo por partidarios del genocidio y sus simpatizantes.

La vigilancia y la clarividencia se imponen en los Estados occidentales para que la justicia deje de ser utilizada por los autores y partidarios del genocidio de 1994 con fines maquiav¨¦licos que convierten a las v¨ªctimas en asesinos.

Jean Damasc¨¨ne Bizimana es jurista y profesor ruand¨¦s.