Una Justicia depauperada

De los tres poderes del Estado que Montesquieu predic¨®, la Justicia siempre parece haber sido el patito feo de la tr¨ªada que compone con el Legislativo y Ejecutivo, al menos en lo que concierne a la disposici¨®n de recursos materiales. Ahora mismo aqu¨ª, en la Comunidad, resulta llamativo e incluso aflictivo para el gremio juzgador el contraste entre la opulencia de las Cortes, con sus confortables instalaciones, sus indemnizaciones jubilares y los sustanciosos ahorros presupuestarios, y no digamos de la prodigalidad del Consell, gast¨¢ndose los dineros a espuertas en eventos suntuarios. En contraste, el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, declaraba estos d¨ªas que "la Justicia est¨¢ arruinada", un lamento que, en definitiva, no hace m¨¢s que prolongar moderadamente un quejido antiguo y coral de sus colegas y del universo forense sin excepciones.

Cierto es que la falta de medios no constituye el ¨²nico problema del sistema judicial vigente. Como se pone en evidencia en toda reflexi¨®n o debate sobre el asunto -el diario Levante EMV ha celebrado uno esta misma semana- subsisten anacronismos legales, organizativos y de procedimiento incompatibles con la era de la ofim¨¢tica. La televisi¨®n auton¨®mica valenciana, por cierto, tiene ah¨ª un fil¨®n -y un deber p¨²blico, si sabe de qu¨¦ va eso- informativo para ilustrar a su audiencia acerca de las condiciones a menudo tercermundistas en que se desarrolla el trabajo en los juzgados esparcidos por esos pueblos y barrios del Se?or, tan alejados y ajenos al boato y dise?o de una Ciudad de la Justicia, aunque tampoco tan monumental sede est¨¢ a cubierto de las servidumbres generales decantadas por las estrecheces econ¨®micas.

No todo el problema se ci?e al dinero, dec¨ªamos, pero sin duda se atenuar¨ªa mucho, si se nos permite esta obviedad, e incluso se revelar¨ªa una voluntad pol¨ªtica de aligerar los agobios, abordar la soluci¨®n y restaurar as¨ª el cr¨¦dito menguante de una Justicia en la que el esfuerzo de sus profesionales -con las excepciones de rigor- no enmienda las ineficiencias, la morosidad escandalosa, el alarmante ¨ªndice de impunidad por las sentencias que no se ejecutan y la desconfianza que decantan los tribunales. Para ello, claro est¨¢, habr¨ªan de concertarse la Generalitat y la Administraci¨®n central poni¨¦ndose al tajo en las parcelas que se han repartido y les incumben, aquella proporcionando sedes judiciales debidamente equipadas y asumiendo las n¨®minas de los funcionarios, en tanto que el Gobierno decide el n¨²mero de juzgados a establecer, nombrando jueces y secretarios de los mismos.

El caso es que en esta te¨®rica colaboraci¨®n parece que se han juntado el hambre con las ganas de comer para sacudirse las responsabilidades endos¨¢ndoselas al otro y dejando la casa a medio barrer. El uno no habilita suficientes jueces y secretarios en tanto que el otro se abstiene de crear nuevos juzgados, pero tambi¨¦n de utillar mejor a los existentes, dot¨¢ndoles de recursos y personal adecuado en cantidad y cualificaci¨®n. En suma, una depredaci¨®n de la Justicia tanto m¨¢s escandalosa por cuanto se produce, o se ha producido hasta hace cuatro d¨ªas, en un marco -sea el estatal o el auton¨®mico- que ha gozado de una prosperidad persistente y dilatada en el tiempo y de la que el poder pol¨ªtico se ha envanecido sin recato. Si no se le ha metido mano al problema de la Justicia es porque el referido poder no ha querido, con las consecuencias que se vienen padeciendo y denunciando.

Resulta, pues, evidente d¨®nde reside la mayor culpa de que en el sistema "todo funcione mal, incluso los jueces", como en cierta ocasi¨®n manifest¨® el decano de los de Valencia, Tom¨¢s y Tio. La mayor culpa, pero no toda, porque a los jueces habr¨¢ que adjudicarles la parte que les corresponde en la medida que se autogobiernan. ?O acaso es de obligado cumplimiento que por el llamado caso Fabra hayan transitado ocho juezas y cuatro fiscales a lo largo de cinco a?os desde que se imput¨® al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y otros altos cargos del Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar? Eso no es un juzgado de instrucci¨®n, sino una pasarela por la que desfilan fr¨ªvolamente sus se?or¨ªas en tr¨¢nsito de un destino a otro, mientras los empapelados aguantan en esa suerte de limbo procesal. Por decencia profesional ya deber¨ªa de haberse resuelto este asunto en el que los juzgadores, y s¨®lo ellos, se est¨¢n desacreditando.