Renovaci¨®n en bloque

El Partido Popular no est¨¢ en la mejor posici¨®n para exigir que se cubra de inmediato la plaza del Tribunal Constitucional que ha quedado vacante por el reciente fallecimiento del magistrado Roberto Garc¨ªa-Calvo. Y, sin embargo, le asiste la raz¨®n al plantearlo: esa plaza debe cubrirse con la celeridad que se?alan los plazos de la ley. Es decir, con la misma urgencia que esperan ser sustituidos los otros cuatro magistrados del Constitucional que concluyeron su mandato en diciembre y los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial que est¨¢n en funciones desde noviembre de 2006.

Es incoherente que al PP le entren prisas por sustituir a Garc¨ªa-Calvo porque interesa a sus pretensiones sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catal¨¢n y, al mismo tiempo, ponga obst¨¢culos a la designaci¨®n por el Senado de los nuevos cuatro magistrados, precisamente por sus intereses en el mismo asunto. Adem¨¢s, riza el rizo al mantener un recurso contra el reglamento de la C¨¢mara alta, que acepta la participaci¨®n de las autonom¨ªas en la presentaci¨®n de candidatos a dichas plazas. No hay argumento alguno para pedir urgencia en un caso y negarla en los otros, con el pretexto de ser una cuesti¨®n que deber¨ªa tratarse en un gaseoso y no definido pacto global sobre la justicia.

La renovaci¨®n predeterminada por ley de las instituciones no est¨¢ a merced de pactos o acuerdos pol¨ªticos. Es un deber del Parlamento cuyo reiterado incumplimiento por los partidos constituye uno de los factores que m¨¢s contribuyen al deterioro de la democracia. Tampoco es acertado el mensaje lanzado con vistas a la sustituci¨®n del fallecido Garc¨ªa-Calvo. Tras reconocerle p¨²blicamente como de los suyos, el PP exige con la mayor crudeza que su sustituto debe "obviamente" serlo tambi¨¦n. No s¨®lo el PP; el PSOE comparte un mensaje que debe ser desterrado, tanto por est¨¦tica pol¨ªtica como por vulnerar la letra y el esp¨ªritu de la Constituci¨®n. Si el texto constitucional establece para estos nombramientos una amplia mayor¨ªa parlamentaria de tres quintos es para borrar en lo posible la marca de los partidos y realzar la dimensi¨®n institucional.

El nuevo clima que se detecta en las relaciones entre el Gobierno y el Partido Popular de Rajoy deber¨ªa hacerse notar de inmediato en el cap¨ªtulo de estos nombramientos en el ¨¢mbito de la justicia. Cumpliendo los plazos legales, para que no se repitan esc¨¢ndalos como el del ag¨®nico Consejo General del Poder Judicial actual, y proponiendo candidatos en funci¨®n de su val¨ªa profesional y personal, no por afinidad ideol¨®gica. Y, sobre todo, esforz¨¢ndose por diluir mediante acuerdos previos la marca partidaria de los candidatos de modo que puedan sentirse elegidos por el Parlamento y no por los partidos. Ello reforzar¨ªa su independencia y evitar¨ªa decisiones extravagantes y enfrentamientos m¨¢s ideol¨®gicos que jur¨ªdicos en los asuntos sometidos a su consideraci¨®n.