El fiscal reclama c¨¢rcel para los ediles que no destinen suelo a pisos baratos
La Fiscal¨ªa de Urbanismo alerta de que la corrupci¨®n es m¨¢s sofisticada y se desplaza al interior - Critica la falta de colaboraci¨®n en C¨¢diz, M¨¢laga o Valencia
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha pedido al Gobierno que reforme el C¨®digo Penal para poder perseguir a los alcaldes que no destinen suficiente suelo a Vivienda de Protecci¨®n Oficial (VPO). Vercher quiere perseguir a los alcaldes que no reserven al menos el 30% del suelo a este fin, como marca la Ley del Suelo de 2007. As¨ª lo revela la Memoria de la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007, a la que ha tenido acceso EL PA?S.
El fiscal recuerda el "reconocimiento del derecho constitucional a la vivienda", pero se?ala que "con frecuencia se dan irregularidades" con la vivienda protegida. Los alcaldes incumplen el porcentaje de suelo destinado a estas casas y es imposible perseguirlos.
El fiscal ha pedido al Ministerio de Justicia que a?ada un nuevo apartado en uno de los art¨ªculos del C¨®digo Penal contra la malversaci¨®n: "La Autoridad o funcionario que diere al suelo [...] destinados a satisfacer fines de primera necesidad o relacionados con la sostenibilidad, una aplicaci¨®n distinta a la que le corresponda, incurrir¨¢ en las penas de prisi¨®n de uno a tres a?os e inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de tres a seis a?os". La redacci¨®n permitir¨ªa ir tambi¨¦n contra las recalificaciones abusivas de suelo protegido.
El informe se?ala que la corrupci¨®n urban¨ªstica es cada vez m¨¢s sofisticada. En C¨¢diz "se ha observado un progresivo aumento del car¨¢cter organizado de las conductas delictivas vinculadas al urbanismo, probablemente al amparo de la generalizada sensaci¨®n de impunidad" y "han aflorado conductas delictivas que por su car¨¢cter complejo y organizado van m¨¢s all¨¢ de lo que hasta ahora eran los comportamientos delictivos detectados".
Ya no se trata de un particular que construye un chal¨¦ en suelo r¨²stico, sino que se trata de grandes construcciones (urbanizaciones enteras) con aval de arquitectos, t¨¦cnicos, ayuntamientos, entidades bancarias... A menudo, detalal el texto, las investigaciones empiezan en Medio Ambiente y acaban en Anticorrupci¨®n, como ocurre en Baleares.
Una de las quejas m¨¢s repetidas por los fiscales de Medio Ambiente es la falta de colaboraci¨®n de ayuntamientos y autonom¨ªas. Entre los que no colaboran -ser¨ªa m¨¢s breve dar los que s¨ª- cita a los ayuntamientos de la provincia de C¨¢diz, M¨¢laga, la Generalitat Valenciana, la Generalitat catalana (especialmente en Barcelona y Tarragona), los Mossos d'Esquadra, o las administraciones de Arag¨®n, entre otros. En la provincia de M¨¢laga, la fiscal¨ªa denuncia que los ayuntamientos tienen "una actitud m¨¢s bien complaciente y poco beligerante" con estas infracciones. Sobre Murcia, explica que los responsables auton¨®micos "aparentemente tambi¨¦n ven con buenos ojos" las investigaciones, pero s¨®lo "hasta que comprueban que son ellos los que pueden estar siendo investigados".
Y aunque la actitud de las autonom¨ªas ha mejorado, los municipios siguen siendo reacios a perseguir la corrupci¨®n, como se?ala en C¨¢diz: "La actuaci¨®n de las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urban¨ªstica, fundamentalmente los ayuntamientos, no tiene lugar en la forma que ser¨ªa de desear. Ya no s¨®lo por la inaplicaci¨®n generalizada de la demolici¨®n de las construcciones [...] sino como una palmaria dejaci¨®n de las facultades de inspecci¨®n previa, de sanci¨®n y de restablecimiento de la legalidad".
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