La indiscreta basura judicial

Peleas conyugales por la custodia, tel¨¦fonos, domicilios, un desahucio por no pagar el alquiler del piso, declaraciones de la renta, un informe m¨¦dico sobre depresi¨®n o esquizofrenia, un psic¨®logo acreditando malos tratos o abusos sexuales, la historia detallada de una relaci¨®n de pareja... la vida entera pasa por delante de los jueces, y queda grabada en los legajos que se almacenan en sus oficinas. Periodistas de Tele 5 han encontrado parte de estas vidas en la calle, en la basura de varias provincias espa?olas -Madrid, Sevilla, A Coru?a, Valencia y Barcelona-, seg¨²n un reportaje emitido esta semana en la cadena.

Primero se hallaron papeles en un contenedor de Valencia. Despu¨¦s, en un vistazo r¨¢pido por los alrededores de varias ciudades, se comprob¨® que no era, en absoluto, un caso ¨²nico. ?Un error de algunos empleados? No lo parece, a juzgar por la cantidad ingente de papeles con datos de car¨¢cter personal encontrados en las basuras de los aleda?os de muy distintos juzgados. M¨¢s bien parece ser otro problema m¨¢s de los infinitos de la justicia en Espa?a. El director de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos, Artemi Rallo, que est¨¢ analizando la documentaci¨®n hallada, pide que se cree una comisi¨®n multilateral a la que acudan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las administraciones auton¨®micas con competencias en la materia para tomar, cuanto antes, medidas que garanticen el derecho a la intimidad.

La Agencia pide que se cree cuanto antes una comisi¨®n para tomar medidas

"Cualquier juzgado deber¨ªa tener reglas estrictas y claras para proteger los datos de los ciudadanos", explica Rallo, que se encuentra en Cartagena de Indias (Colombia) en el VI Encuentro Iberoamericano de Protecci¨®n de Datos. "No hay excusas. El hecho de que un ¨®rgano judicial no tenga mecanismos adecuados de custodia de los documentos pone en riesgo el propio ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional. Es un mal funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia", a?ade. El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que va a abrir una inspecci¨®n "a fondo" para aclarar lo ocurrido. Pero lo cierto es que el Consejo carece de un protocolo de medidas de seguridad aplicables en todos los juzgados y tribunales y cada uno se organiza como quiere y puede.

En el caso de los papeles hallados en las calles de Madrid, algunos eran de un juzgado de violencia de g¨¦nero e inclu¨ªan datos de v¨ªctimas y agresores, solicitudes de ¨®rdenes de alejamiento e informes m¨¦dicos y psicol¨®gicos. La Consejer¨ªa de Justicia de esta comunidad, que asegura que hay m¨¢quinas de destrucci¨®n de papeles -no en cada juzgado, pero s¨ª en cada sala-, ha se?alado que quiz¨¢ acuda a la fiscal¨ªa para depurar responsabilidades.

En cualquier caso, no hay m¨¢s que darse una vuelta por cualquier juzgado de Espa?a para ver que la Ley de Protecci¨®n de Datos no se cumple. Muchos expedientes judiciales incluyen datos sensibles, que gozan, seg¨²n la ley, del m¨¢ximo nivel de protecci¨®n. Deber¨ªan estar en armarios o archivadores cerrados con acceso limitado y siempre cerrados con llave. Y deber¨ªa estar estipulado en un documento de seguridad -que es obligatorio- c¨®mo hacer reproducciones o destruir los documentos. Pero nada de esto sucede. Los expedientes est¨¢n a la vista de cualquiera que acude a una oficina judicial. En ocasiones se acumulan por los pasillos o en el suelo.

No es la primera vez que aparecen datos judiciales en la basura, pero uno de los problemas que se plantean en estos casos es que la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos no puede sancionar a la Administraci¨®n -ni a sus funcionarios-. S¨®lo puede acreditar que ha habido una infracci¨®n legal. "Aunque la responsabilidad de custodiar los documentos y garantizar la intimidad de los usuarios recaiga en los juzgados, el Consejo tiene la obligaci¨®n de arbitrar todas las medidas necesarias para que estas cosas no ocurran", se?ala Artemi Rallo.