La 'parapol¨ªtica' ensucia Colombia
El maridaje entre paramilitares y pol¨ªticos ha llevado a 33 legisladores a la c¨¢rcel - Gobernadores, alcaldes y el entorno del presidente ?lvaro Uribe se contagian
"Nos falta valor para aceptar que hubo congresistas elegidos con la sangre de las v¨ªctimas del paramilitarismo". Lo dijo el jueves con voz en¨¦rgica el senador Fernando Cristo, del opositor Partido Liberal Colombiano, en una de las comisiones de la C¨¢mara alta. La denuncia, te?ida de indignaci¨®n y desaliento, no era casual. Se insertaba de lleno en un debate nacional que refleja que el desaf¨ªo al Estado lanzado por la guerrilla comunista de las FARC y la crisis en las relaciones con la vecina Venezuela no son los ¨²nicos problemas graves que corroen a un pa¨ªs castigado por d¨¦cadas de inestabilidad pol¨ªtica y con uno de los ¨ªndices de muertes por violencia m¨¢s altos del planeta.
Se investigan desde delitos electorales a casos de coautor¨ªa de asesinatos
Est¨¢ cuestionado el 25% de los pol¨ªticos, dice la investigadora Claudia L¨®pez
La mejor reforma la hacen los jueces, asegura el senador Fernando Cristo
Esta herida abierta ha provocado en Colombia un gran debate, precisamente cuando hay planteada una reforma que pretende castigar el maridaje entre la clase pol¨ªtica y los grupos paramilitares. Un esc¨¢ndalo bautizado como la parapol¨ªtica y que viene arrojando basura sin cesar, aunque a cuentagotas, desde que se empez¨® a destapar a finales de 2006.
Cristo hablaba en el Senado. Justo enfrente, tambi¨¦n en la inmensa plaza de Bol¨ªvar de Bogot¨¢, en el sal¨®n de audiencias p¨²blicas de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, el senador Juan Manuel L¨®pez Cabrales trataba de contrarrestar las acusaciones en su contra. Haciendo gala de sus dotes de orador, se proclamaba una v¨ªctima inocente de las maquinaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, recientemente extraditado a Estados Unidos. El senador lleg¨® impecablemente vestido, con traje oscuro y corbata roja. Desde el estrado, ocho magistrados -ese d¨ªa falt¨® uno- lo escucharon atentos. Conocido en el pa¨ªs por sus veleidades clientelistas, L¨®pez Cabrales es uno de los 33 legisladores que comparten un pabell¨®n especial en la c¨¢rcel La Picota de la capital colombiana. Y hay otros tantos implicados en investigaciones preliminares. Demasiados para un Congreso de tan s¨®lo 260 miembros.
No s¨®lo ellos est¨¢n en tela de juicio; tambi¨¦n gobernadores, alcaldes, concejales, ex congresistas y ex altos funcionarios, como el que fue director del mayor ¨®rgano de inteligencia durante el primer mandato del actual presidente, ?lvaro Uribe. El mismo jueves, por la noche, fue detenido un pr¨®fugo de la justicia muy destacado: el ex gobernador y ex diplom¨¢tico Salvador Arana. "El 25% de la clase pol¨ªtica del pa¨ªs est¨¢ cuestionada", asegura la investigadora Claudia L¨®pez, una de las personas que m¨¢s est¨¢ contribuyendo a que se destape esta olla podrida y maloliente.
Los delitos que se investigan son de diferente calibre. Desde participar en componendas que supusieron ventajas electorales -est¨¢n en entredicho los comicios parlamentarios de 2002-, hasta delitos de sangre -son los menos- como la participaci¨®n en matanzas y la coautor¨ªa en asesinatos o secuestros para eliminar a rivales pol¨ªticos. Pasando por el apoyo a grupos paramilitares.
El esc¨¢ndalo ha llegado muy cerca del presidente Uribe: la mayor¨ªa de los implicados pertenecen a su coalici¨®n de gobierno. Incluso un primo del jefe del Estado, el senador Mario Uribe, se encuentra en la c¨¢rcel. S¨®lo dos partidos permanecen, de momento, a salvo de esta verg¨¹enza. Uno de ellos, el Polo Democr¨¢tico, empieza a verse salpicado por la FARCpol¨ªtica, fen¨®meno similar a la parapol¨ªtica aunque de menores dimensiones.
Ya se conocen las primeras condenas: la m¨¢s dura se ha dictado contra el senador Mauricio Pimiento, reconocido pol¨ªtico de la costa del Caribe, por dos delitos: promover grupos armados ilegales, como "determinador de constre?imiento al sufragante", algo as¨ª como presionar a los votantes. Ante la colosal tarea a la que se enfrenta, la Corte opt¨®, desde el principio, por pronunciar sus decisiones siempre por unanimidad.
Pimiento, como cab¨ªa esperar, puso el grito en el cielo: "Los fallos de la Corte son pol¨ªticos y van contra el presidente Uribe", declar¨® en una entrevista concedida al diario El Tiempo. El alto tribunal ha sido tambi¨¦n duramente enjuiciado desde el Gobierno. El ministro de Interior y de Justicia, Carlos Holgu¨ªn, ha hablado de "sevicia" en algunas decisiones. El mismo jefe del Estado pidi¨® a los magistrados que actuasen con mayor objetividad en sus fallos y les hizo una invitaci¨®n: "No abran sus puertas a las tentaciones de la inestabilidad institucional". Miguel de la Espriella -a quien sus propios compa?eros se?alan como la cara pol¨ªtica de los paramilitares- se acogi¨® a sentencia anticipada y ya recibi¨® de un juez una condena a cuatro a?os de prisi¨®n. ?l fue uno de los que -como lo hizo el primo del presidente- renunci¨® al Congreso y se puso en manos de la Fiscal¨ªa. All¨ª, esperan condenas m¨¢s blandas y tienen el derecho a la doble instancia.
Mientras la Corte y la Fiscal¨ªa avanzan en los procesos para establecer las responsabilidades individuales, en el Congreso se busca establecer las pol¨ªticas. Hoy por hoy, nadie da un peso a favor de que vaya a prosperar una reforma que pretende sancionar a los partidos que incluyeron en sus listas a personas enredadas con los grupos ilegales. "Autosancionarse por lo sucedido es la forma de pedir perd¨®n a los colombianos y a las v¨ªctimas", declar¨® a EL PA?S el senador Cristo.
Dos puntos mantienen la reforma al borde el abismo: la cuesti¨®n de la silla vac¨ªa, es decir, que el esca?o se pierde, y no se puede reemplazar desde el momento en que se dicte la orden de busca y captura contra el titular; y la liquidaci¨®n de los partidos con m¨¢s del 50% de sus congresistas implicados en el esc¨¢ndalo. Ya hay m¨¢s de uno en esta situaci¨®n. "Probablemente sean medidas ex¨®ticas, pero se trata de hacer frente a una situaci¨®n excepcional", reconoce el pol¨ªtico liberal.
La oposici¨®n culpa al Gobierno de torpedear el proyecto. "No quiere debilitar su mayor¨ªa", afirma Cristo, "ya que sin ella no podr¨ªa prosperar en el Congreso el refer¨¦ndum que busca sacar adelante una nueva reelecci¨®n de Uribe". El ministro Holgu¨ªn acept¨® ya que la silla vac¨ªa afecte a las mayor¨ªas. El tema tiene dividida a la bancada oficialista. Por su parte, Uribe ha anunciado que presentar¨¢ en julio al Congreso una reforma pol¨ªtica integral.
Carlos Garc¨ªa, presidente del Partido de la U -el m¨¢s poderoso de la coalici¨®n- se autoexcluy¨® el jueves del debate. "La interpretaci¨®n de los impedimentos [exclusiones] es del fuero interno de cada congresista", alegaba en los pasillos, mientras en la comisi¨®n se insist¨ªa en que s¨®lo se aplica para dos esca?os, cuyos titulares est¨¢n en la c¨¢rcel. Garc¨ªa tiene ya abierta una investigaci¨®n preliminar porque tres mandos paramilitares, hoy en prisi¨®n, aseguran que viaj¨® en helic¨®ptero para reunirse con uno de sus jefes, ya fallecido.
"Es muy grave que en un Congreso, por efectos externos a ¨¦l, la expresi¨®n del debate democr¨¢tico quede suspendida", declar¨® Garc¨ªa en una jerga un tanto alambicada. "La democracia consiste en que Uribe gan¨® la mayor¨ªa y la oposici¨®n la quiere ganar utilizando la justicia para inhabilitar a las mayor¨ªas".
Un colega suyo, Rodrigo Lara -hijo del ministro de Justicia de igual nombre asesinado en 1982 por atreverse a denunciar la penetraci¨®n del dinero del narcotr¨¢fico en la pol¨ªtica- salt¨® desde lejos, con voz potente, para que pudiera o¨ªrsele bien: "Un grupo de bandidos quiere implicar a gente como a ¨¦l, honesta". Esta teor¨ªa tiene buena acogida en distintos sectores. Se habla de una conjura, orquestada por los jefes paramiliares, para dar la sensaci¨®n de que ellos no son los ¨²nicos bandidos, para enlodar por igual a inocentes y culpables -parece que ya estaba en la lista, al menos un ministro- y poner en jaque el entramado institucional del pa¨ªs. Explican y justifican as¨ª la reciente entrega a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares, llevada a cabo de una sola vez. Un golpe dur¨ªsimo contra esta mafia, pero que deja grandes interrogantes en el aire.
La Corte Suprema de Justicia ha repetido que llevar¨¢ este proceso hasta las ¨²ltimas consecuencias y que sus pruebas e investigaciones son s¨®lidas. "No dudo de la independencia, la seriedad y la autonom¨ªa de la Corte", asegura por su parte el senador Cristo. Para ¨¦l la mejor reforma pol¨ªtica en Colombia, "lamentablemente", la est¨¢n haciendo los magistrados: "Sus sanciones a la parapol¨ªtica tienen un efecto ejemplarizante". Y esto, en un pa¨ªs donde no es la primera vez que se destapa que ilegalidad y pol¨ªtica van de la mano, no es poca cosa.
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