Justicia tard¨ªa e inane

Pocos casos ponen mejor de manifiesto los efectos nocivos de una justicia tard¨ªa que el denominado caso Funeraria, relativo a la privatizaci¨®n del 49% de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, en la ¨¦poca del alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano. Quince a?os despu¨¦s de estallar el esc¨¢ndalo, la Audiencia madrile?a ha saldado las responsabilidades penales con una ¨²nica condena de dos a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n al principal mu?idor de la privatizaci¨®n y entonces primer teniente de alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa Huete, hoy de 79 a?os de edad, y con la absoluci¨®n del resto de implicados, por prescripci¨®n de los delitos.

Al perjuicio causado a las arcas municipales se a?ade, por causa del retraso y las "dilaciones indebidas" del proceso, la inanidad de la respuesta judicial, que deja pr¨¢cticamente impunes los hechos. Pues s¨®lo cabe considerar simb¨®lica una condena de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico a una persona que dif¨ªcilmente lo ejercer¨ªa ya, por su edad. E impunidad se llama no condenar, por haber prescrito los delitos y no porque no los cometieran, a quienes planificaron, participaron y se beneficiaron de una operaci¨®n gravemente da?ina para los intereses p¨²blicos.

La sentencia es concluyente: el entonces teniente de alcalde Huete "No dud¨® en suscribir un contrato en el que figuraba un precio que sab¨ªa incierto e inexacto". Y m¨¢s: propuso al pleno municipal la condonaci¨®n de la deuda de m¨¢s de 2.200 millones de pesetas contra¨ªda por la empresa privatizada con el Ayuntamiento.

Uno de los efectos rocambolescos, por no decir bochornosos, de esta justicia tard¨ªa es que tres de los absueltos por prescripci¨®n, pero que, seg¨²n la sentencia, ha quedado probado que cometieron delitos de tr¨¢fico de influencias, falsedad documental y fraude a la Hacienda P¨²blica, son altos directivos de la empresa que sigue gestionando hoy mismo los servicios funerarios municipales.

Al esc¨¢ndalo de privatizar por 100 pesetas una empresa p¨²blica que pudo ser vendida por m¨¢s de 1.200 millones de pesetas, lo que seg¨²n la sentencia supuso "un da?o a los intereses p¨²blicos", se a?ade otro: que s¨®lo haya habido una ¨²nica y poco menos que testimonial condena. Y todav¨ªa podr¨ªa llegar un tercer esc¨¢ndalo si el actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, tolera que al frente de la empresa que gestiona los servicios funerarios sigan tres personas que se han librado de una condena s¨®lo porque el tiempo ha borrado sus delitos.

La decisi¨®n judicial ha podido, al menos, poner en claro que la privatizaci¨®n de la funeraria municipal de Madrid en 1992 fue irregular. No hubo una buena gesti¨®n, como reivindic¨® el entonces gobierno municipal del PP dirigido por ?lvarez del Manzano, y caen por su base las proclamas de rectitud mantenidas en el juicio por los implicados. Queda avalada, en cambio, la postura mantenida por la oposici¨®n municipal (PSOE e IU) en defensa de los intereses p¨²blicos.