Ning¨²n juez responder¨¢ por el caso del doble crimen de Alovera

La argentina Sylvina Bassani era muy consciente de que su vida corr¨ªa peligro. Su ex marido, sargento del Ej¨¦rcito, la acos¨® y persigui¨® durante dos a?os. Ella lleg¨® incluso a trasladarse de provincia (de Madrid a Guadalajara) para huir de ¨¦l. Finalmente, la encontr¨®, le peg¨® un tiro a ella, otro al hombre con el que viv¨ªa y se suicid¨®. Todo ocurri¨® delante del hijo del asesino y la v¨ªctima, de cuatro a?os, el 10 de abril de este a?o. Bassani hab¨ªa pedido ayuda muchas veces. Hab¨ªa comunicado en una veintena de escritos que el militar estaba quebrantando la orden de alejamiento impuesta en septiembre de 2006.

Jueces, fiscal, funcionarios y psic¨®loga fallaron en este caso

La magistrada cometi¨® al menos dos errores en la tramitaci¨®n

Una juez deneg¨® todas sus peticiones en abril del a?o siguiente, incluyendo la prisi¨®n provisional del hombre y que se le realizara una prueba psiqui¨¢trica. Y un escrito en el que se ped¨ªa que se preguntara al Ministerio de Defensa si el agresor ten¨ªa armas -ten¨ªa una que utiliz¨® el d¨ªa del crimen- ni siquiera fue contestado. Pero, a pesar de esto ¨²ltimo, la Comisi¨®n Permanente del Poder Judicial decidi¨® ayer por unanimidad archivar el caso y eximir de responsabilidad disciplinaria a los jueces. Y culpan de los retrasos en la tramitaci¨®n, sobre todo, a una funcionaria. ?Ninguno de los cuatro jueces que se encargaron del caso tuvo nada que ver en el desaguisado ni debe responder por ello? Seg¨²n lo que se desprende de la informaci¨®n del propio informe de CGPJ, s¨ª existen algunas actuaciones cuestionables.

El encargado de llevar el caso de Sylvina fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero cinco de Torrej¨®n de Ardoz (encargado de la violencia de g¨¦nero y del caso de Sylvina), un ¨®rgano sobrecargado y cuya situaci¨®n era desastrosa, como hab¨ªa determinado el Consejo General del Poder Judicial por una inspecci¨®n llevada a cabo en julio de 2007. Durante los meses que dur¨® la tramitaci¨®n del procedimiento penal de Sylvina contra su ex marido (desde septiembre de 2006 hasta su asesinato en abril de 2008) pasaron por ¨¦l cuatro jueces, dos titulares y dos sustitutos. Pero, seg¨²n el CGPJ, los responsables del desastre generalizado no fueron ellos sino una funcionaria que no hab¨ªa tramitado varios escritos de la v¨ªctima.

Pero, aunque esta funcionaria -de la que se dice falsamente que carece de la "m¨¢s m¨ªnima formaci¨®n jur¨ªdica", ya que es licenciada en Derecho- haya cometido varias negligencias, el trabajo de los magistrados no fue impecable. Gemma Susana Fern¨¢ndez -que intervino en el caso desde el 26 de marzo hasta el 10 de diciembre de 2007-, tom¨® decisiones m¨¢s que discutibles. La primera tiene que ver con la organizaci¨®n del juzgado. Si era evidente que esta funcionaria era incompetente, ?por qu¨¦ se le encomendaron los sensibles expedientes de violencia de g¨¦nero? ?No tiene la juez ninguna responsabilidad por haberlo permitido? Ese juzgado tramita tambi¨¦n otros temas civiles y penales, por lo que se le podr¨ªan haber atribuido asuntos menos delicados.

En segundo lugar, la juez Fern¨¢ndez jam¨¢s contest¨® a la petici¨®n del abogado de la v¨ªctima de que se oficiase al Ministerio de Defensa para saber las armas de que dispon¨ªa el acusado. El sargento ten¨ªa una Smith&Wesson del calibre nueve mil¨ªmetros que no aparec¨ªa en la base de datos de la Guardia Civil. No era un arma reglamentaria sino que la hab¨ªa adquirido de forma privada con su tarjeta de suboficial del Ej¨¦rcito. En una resoluci¨®n de abril de 2007 en la que la juez denegaba todo lo que ped¨ªa la v¨ªctima -poder prestar declaraci¨®n de nuevo, que se emitiera un informe psiqui¨¢trico del agresor y que se celebrara una comparecencia para su ingreso en prisi¨®n provisional por quebrantar la medida de alejamiento-, no se contestaba al tema de las armas. El Ej¨¦rcito jam¨¢s recibi¨® escrito judicial alguno sobre este punto. Y, finalmente, la v¨ªctima volvi¨® a poner en conocimiento de la juez, en el mes de mayo, que el hombre le hab¨ªa pinchado las ruedas del coche y que algunos vecinos le hab¨ªan visto merodear por su domicilio y robar correspondencia del buz¨®n. Volvi¨® a pedir una comparecencia para su ingreso en prisi¨®n. La juez jam¨¢s contest¨®. Estos comportamientos de la magistrada no se pueden imputar a la funcionaria.

Pero ninguna de estas actuaciones de la juez ha merecido el reproche disciplinario del Poder Judicial. Montserrat Comas, vocal de la Comisi¨®n Disciplinaria, explica la decisi¨®n y reconoce que ha habido un mal funcionamiento de la Administraci¨®n de Justicia en este caso: "Hemos entendido que no contestar a la petici¨®n sobre las armas puede haber sido un olvido, y no lo recurrieron ni el abogado ni el fiscal. No me cabe duda de que en este caso han fallado muchas cosas, y que ha habido desaciertos jur¨ªdicos en cuanto a la denegaci¨®n de pruebas, pero eso nosotros no podemos valorarlo. Y en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, consideramos que la juez no ha tenido una actitud pasiva ante los problemas del juzgado. Hab¨ªa comunicado que estaba sobrecargada, que ten¨ªa m¨¢s funcionarios interinos que titulares, que la situaci¨®n estaba descontrolada y hab¨ªa pedido que se modificara el reparto para liberarla de su evidente carga de trabajo excesiva".

En cualquier caso, con tres muertos sobre la mesa y una petici¨®n de auxilio al Estado de dos a?os, muchas son las instituciones y personas que deber¨ªan asumir responsabilidades por lo sucedido. La fiscal¨ªa, que pidi¨® que se archivara la causa. La Consejer¨ªa de Justicia de la Comunidad de Madrid, que ten¨ªa una psic¨®loga adscrita al juzgado con r¨¦cord de quejas que emiti¨® un informe en el que negaba de forma absoluta que el hombre fuera un maltratador y recomendaba a la mujer "superar sus conflictos de pareja". Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que debieron haber controlado las armas de que dispon¨ªa el agresor aunque no lo pidiera el juez. Y tambi¨¦n, por supuesto, la juez que le neg¨® sistem¨¢ticamente la ayuda que ped¨ªa, y la funcionaria, si no tramit¨® diligentemente los escritos.