Los camioneros afrontan divididos el conflicto

Si algo caracteriza los conflictos del transporte es la ensalada de siglas de las distintas organizaciones que dicen representar a un sector muy atomizado, con m¨¢s de 130.000 empresas, de las que m¨¢s del 90% tiene menos de cinco veh¨ªculos.

La primera divisi¨®n es entre convocantes y no convocantes, pero dentro de estos ¨²ltimos tambi¨¦n hay disensiones. La CETM, que representa al 60% de los transportistas y a las grandes empresas, no apoya los paros. Frente a esta patronal est¨¢n Fenadismer, Confedetrans, Antid y Upta, los convocantes oficiales del paro indefinido que comenz¨® esta madrugada.

Los afectados denuncian un sobrecoste de 16.000 euros al a?o

Otras asociaciones, como la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercanc¨ªas por Carretera, van al conflicto por su cuenta. Reunieron a varios cientos de transportistas el s¨¢bado en Morata de Taju?a, y no han sido llamados a negociar por el Gobierno. Pese a su reciente creaci¨®n, dicen que han agrupado a m¨¢s del 80% del sector, est¨¢n a favor del paro indefinido -est¨¢n en huelga desde el d¨ªa 6- y niegan representatividad al resto de convocantes. Su portavoz, Antonio Llanos, se?al¨® ayer que "habr¨¢ desabastecimiento general" si el Gobierno no se aviene a negociar.

Y hay m¨¢s. Como Asnepa, que dice representar, entre otros, a todo el transporte portuario. Enfrentada tambi¨¦n a Fenadismer, propone una gran manifestaci¨®n el pr¨®ximo 18 de junio en el paseo de la Castellana de Madrid, que demuestre la unidad del sector. Hasta el momento se han sumado ya a esta convocatoria 3.000 camiones, seg¨²n dijo ayer Pedro Mezquida, presidente de la asociaci¨®n. Tras la manifestaci¨®n, si el Ejecutivo no atiende a razones, Asnepa propone la convocatoria de una huelga general.

Pero no son las ¨²nicas partes en conflicto. Por medio, est¨¢n tambi¨¦n los armadores, los pescadores y los agricultores, divididos a su vez entre s¨ª. Y quedan por definirse las asociaciones de transporte de viajeros, cuya actividad est¨¢ sometida a tarifas reguladas.

En lo ¨²nico que todas las asociaciones parecen coincidir es en la causa del conflicto: el encarecimiento del gas¨®leo. Desde mayo del a?o pasado, el precio del litro de este carburante ha subido un 36,8%. Teniendo en cuenta que el consumo de un cami¨®n tipo es de 46.200 litros, la factura anual para el transportista se ha incrementado en 16.170 euros en un a?o, seg¨²n la denuncia de Fenadismer.

Las reivindicaciones de los convocantes son de todo tipo pero las fundamentales se refieren al precio del gas¨®leo. En primer lugar, piden una ley que garantice una tarifa m¨ªnima obligatoria para cada tipo de transporte, para evitar que haya empresas que realicen los portes por debajo de costes. En segundo t¨¦rmino, exigen una nueva normativa que permita la revisi¨®n autom¨¢tica de las tarifas del transporte cuando var¨ªe el precio de los carburantes.

Asimismo, piden la desaparici¨®n del llamado c¨¦ntimo sanitario para el transporte profesional. Este impuesto es aplicado por seis comunidades aut¨®nomas (Galicia, Madrid, Valencia, Asturias, Catalu?a y Castilla-La Mancha) con una recaudaci¨®n anual de m¨¢s de 400 millones de euros, que se usan para financiar la sanidad.

Por el momento, el Gobierno no es partidario de aplicar ninguna de las dos primeras medidas mediante una ley, y tan s¨®lo ofrece una especie de mediaci¨®n o arbitraje entre los transportistas y sus clientes para que los contratos puedan ser revisados de acuerdo con el precio del gas¨®leo

Con los Gobiernos auton¨®micos, los camioneros lo tienen a¨²n peor. Ninguna de las seis autonom¨ªas ha hecho ni adem¨¢n de anular el impuesto. Es m¨¢s, tanto Catalu?a como Madrid han dicho expresamente que no lo retirar¨¢n.

En este sentido, un portavoz de la Comunidad de Madrid indic¨® ayer que no eliminar¨¢n el impuesto, "pero al menos lo mantendremos congelado", como han hecho en los ¨²ltimos cinco a?os.

La Generalitat Valenciana dijo ayer que no hay una decisi¨®n tomada todav¨ªa sobre la posible supresi¨®n del c¨¦ntimo sanitario, pero lo mantendr¨¢n al menos este a?o. La raz¨®n es que el recargo est¨¢ incluido en el Plan de Estabilidad Presupuestaria que el Consell asumi¨® para el periodo 2004-2008 por exigencias del Ministerio de Econom¨ªa, se?al¨® un portavoz de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, informa Cristina S¨¢nchez.

La Comisi¨®n Europea dictamin¨® en mayo pasado que esta figura tributaria, que permite gravar con hasta 2,4 c¨¦ntimos el litro de gas¨®leo, vulnera la legislaci¨®n comunitaria y exigi¨® a Espa?a que la modificara. Si no lo hace en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podr¨ªa llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.