La acci¨®n de los transportistas puede ser sancionable

No es huelga. La decisi¨®n de los transportistas de interrumpir su actividad en protesta por el encarecimiento del gas¨®leo no puede considerarse una huelga. Esa figura concurre cuando los trabajadores -no los due?os de la empresa- deciden ausentarse del trabajo para reivindicar algo relativo a su actividad. En este caso son aut¨®nomos, incluso algunos empresarios, quienes paran el cami¨®n.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que no hay marco jur¨ªdico que ampare lo que hacen los transportistas. "El cierre patronal es sancionable; el Estado dispone de t¨¦cnicas de intervenci¨®n que podr¨ªa poner en marcha", asegura el abogado Enrique Lillo, de Comisiones Obreras. Federico Dur¨¢n, responsable de laboral del despacho de abogados Garrigues, lo corrobora: "Esa actitud es sancionable; el transporte se presta en funci¨®n de una autorizaci¨®n administrativa".

Si no es huelga, ?de qu¨¦ se trata? Aqu¨ª los expertos discrepan. Para Enrique Lillo y Toni Ferrer, responsable de acci¨®n sindical de UGT, estamos ante un cierre patronal, una figura regulada en el decreto ley que regula el derecho de huelga. S¨®lo es legal cuando los trabajadores de la empresa van a la huelga y ¨¦sta cierra porque no puede garantizar la seguridad ni la prestaci¨®n de servicios.

Aut¨®nomos en el limbo

Esa vinculaci¨®n del cierre patronal a la huelga hace dudar del t¨¦rmino a Dur¨¢n. "Es una negativa a prestar servicios por parte de aut¨®nomos y empresarios", precisa. Tampoco la Direcci¨®n General de Trabajo lo considera cierre patronal, pues a los aut¨®nomos, argumenta, no se les puede aplicar ese concepto.

Lo que s¨ª es evidente es que el Gobierno est¨¢ legitimado para adoptar medidas que garanticen, por ejemplo, que los transportistas que quieran prestar servicio puedan hacerlo. La Ley de Ordenaci¨®n del Servicio Terrestre vigente desde 1987 habilita a la autoridad a fijar unos servicios m¨ªnimos cuando se produce "absentismo empresarial". Pero el Ejecutivo se escuda en que una ley posterior traslada a las comunidades aut¨®nomas la competencia de adoptar esos servicios m¨ªnimos. Ninguna administraci¨®n parece dispuesta a intervenir por esa v¨ªa.

Pese a todo, la CEOE pidi¨® ayer al Ejecutivo que act¨²e "con la m¨¢xima celeridad" en el conflicto y que tome medidas contra los piquetes.